Autor: Manuel Muela

EL DESAPEGO DE CATALUÑA

Durante los últimos tiempos la mayoría de las noticias que llegan de Cataluña vienen marcadas por el énfasis en la singularidad y el desapego respecto de los afanes e intereses comunes del conjunto de España. Son, en realidad, los ecos de la clase política catalana, que no los catalanes, siempre presta a enumerar su particular lista de agravios tradicional para apoyar el objetivo de dotarse de un estado propio, que actuaría como bálsamo de fierabrás contra los males que aquejan al país. Un remedo alicorto de los “cahiers de doleances” de la prerrevolución francesa de 1789, sin concesión alguna a la autocrítica de quienes vienen gobernando la amplísima autonomía de Cataluña desde hace casi treinta años.

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DEFENSA DE LAS CAJAS DE AHORROS

El final de la intervención de la Caja de Castilla La Mancha, mediante su adjudicación en subasta a otra caja de ahorros, ha puesto de manifiesto las dificultades con que se enfrenta la reestructuración del sector del ahorro, por causa de su singularidad jurídica, además de reverdecer la polémica acerca de su viabilidad en un futuro más o menos inmediato: se carga contra dichas entidades el peso de la crisis financiera, mezclando cajas y politización de su gobierno para concluir, la mayoría de las veces de forma corrosiva, en que es necesaria su desaparición, que no otra cosa sería la privatización sobre la que muchos abogan. Se pretende ignorar de un plumazo lo que las cajas representan para la estabilidad de nuestro sistema crediticio y para la economía y desenvolvimiento de millones de familias y empresas españolas, sin tomarse la molestia en contemplar alternativas distintas a su privatización.

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DESPUÉS DEL RESCATE, LA RECAPITALIZACIÓN

Los cuatro meses pasados hemos conocido las actuaciones apresuradas de los diferentes gobiernos para evitar el colapso de los mercados financieros, a base de realizar inyecciones ingentes de recursos públicos en las entidades crediticias. En términos relativos, conviene destacar que los compromisos asumidos por el gobierno español destacan por su importancia tanto en el seno de la UE como si los comparamos con los propios Estados Unidos de América, y ello a pesar de la proclamada fortaleza de nuestras entidades; algo que no deja de ser chocante para la opinión pública, castigada por la restricción financiera y la parálisis económica. Pero viene ahora una segunda parte, cuya dimensión no es fácil prever: la recapitalización de una gran parte de las instituciones de crédito como consecuencia de las pérdidas que, inevitablemente, tendrán que ir asumiendo.

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CRISIS FINANCIERA Y RENACIMIENTO DEL ESTADO

La crisis iniciada en agosto de 2007, que ha alterado los mercados financieros y, lo que es peor, está causando la parálisis de la economía real ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, el mal funcionamiento de los poderes públicos que, a causa de un entendimiento erróneo de la libertad de mercado, han hecho dejación de su obligación de velar por los equilibrios fundamentales tanto sociales como económicos. Esto ha sido aprovechado por la codicia de algunos agentes financieros. El discurso de la globalización, muy influenciado por el del capitalismo financiero, ha anegado, durante los últimos quince años, las posiciones públicas de los gobiernos europeos, sin distinción ideológica alguna, hasta el punto de hacernos pensar que el Estado era algo residual y poco adecuado para los nuevos tiempos: ensalzamiento de lo privado y descrédito de lo público. Pero la cadena de decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos, siguiendo la iniciativa de los Estados Unidos con el famoso Plan Paulson, nos hace pensar que, más allá del detalle de aquellas decisiones, los Estados asumen una posición central en la reordenación de la crisis.

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EL APAGÓN ECONÓMICO Y EL GOBIERNO

Desde agosto de 2007 hemos asistido en España a un debate pueril e insólito acerca de si había o no crisis económica, que nos recordaba la vieja discusión sobre si eran galgos o podencos. La desgraciada realidad de los hechos y la iniciativa de los grupos parlamentarios han obligado al jefe del gobierno a comparecer en el Congreso de los Diputados para expresar su posición y los proyectos de su gobierno para superar la situación.

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