El proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid prevé darle el penúltimo hachazo a los hospitales públicos de Madrid, privatizando totalmente los seis hospitales semiprivados que se construyeron con el modelo PFI y cerrando el hospital de la Princesa para convertirlo en un macrogeriatrico.
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La sentencia de la Audiencia de Madrid confirma el sobreseimiento de la causa contra los médicos de Leganés, y además, el Tribunal de Primera Instancia obliga a que desaparezcan del auto de éste las consideraciones sobre mala practica, lo que supone la finalización del largo calvario que han sufrido un grupo de profesionales de la Sanidad Pública por empeñarse en cumplir con su obligación de asegurar la mayor calidad posible en la atención de los moribundos.
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