Autor: Rafael Simancas

La izquierda ganó las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid, y volvió a sumar muchos más votos que la derecha en las elecciones generales de marzo de 2004. Solo es una constatación histórica, pero se trata de una constatación interesante y oportuna en estos días. Ganamos las elecciones regionales en Madrid y una operación antidemocrática, sobre la que cada día aparecen nuevas evidencias, frustró el gobierno progresista que los ciudadanos votaron. Tengámoslo en cuenta.

¿Para qué? Para dos cosas, al menos. Primero para demostrar que la madrileña es una sociedad con valores mayoritariamente progresistas. Madrid no es una región de derechas. La hegemonía del Partido Popular es circunstancial y perfectamente reversible. La izquierda puede ganar. Lo demostramos en mayo de 2003, con un programa claramente de izquierdas, y una candidatura que tuve el honor de encabezar con 37 años. Y podemos volver a ganar en 2008 y 2011

La inmigración ha desempeñado un papel crucial en el crecimiento económico y la consolidación de las políticas de bienestar que ha disfrutado España durante los últimos años. Pero a la hora de gestionar este fenómeno con éxito, además de las innegables oportunidades que conlleva, hemos de contemplar también ciertos riesgos que afectan incluso a la convivencia diaria en nuestros barrios y pueblos.

Aseguremos pues una respuesta inteligente a esos episodios aparentemente aislados y anecdóticos, que sin embargo pueden encender una mecha peligrosa para la estabilidad misma de nuestra sociedad. Me refiero a la actuación de la Justicia en el caso de la menor agredida en un tren de Cataluña, y a las últimas declaraciones del Fiscal Jefe de Madrid que relacionan inmigración y delincuencia.

La campaña correspondiente a las próximas elecciones generales será una campaña inevitablemente larga. Procuremos al menos que sea útil.

¿Cómo? Prescindiendo de los intercambios de simples descalificaciones, tan clásicos como estériles. Renunciando a la controversia sobre aquello en lo que hemos de estar de acuerdo todos los demócratas, desde las reglas del juego en las instituciones hasta la lucha antiterrorista. Evitando debates absurdos mediante la aplicación del “españolímetro” a cada candidato.

También sería muy de agradecer que el rutilante neón del marketing no oscureciera definitivamente el contenido de las políticas.

La controversia actual acerca de los símbolos de la nación, el Estado y su Jefatura no tiene origen en una ofensiva relevante de “fuerzas antiespañolas”, como pretende hacerse entender, sino que responde a una estrategia electoral, tan simple como irresponsable, del Partido Popular y sus aliados mediáticos.

La prueba está en que los reproches del PP y sus corifeos no se dirigen de forma prioritaria a las minorías que cuestionan la nación española y sus símbolos, sino que buscan el desgaste del Gobierno y su Presidente, con quienes paradójicamente se comparte consenso constitucional.

El Partido Popular ha recuperado plenamente la constante histórica de la derecha española al subordinar cualquier objetivo de interés general a la determinación de ocupar el poder. Desde que Aznar asumiera el liderazgo del PP en el año 1990, la derecha no ha dudado en poner en cuestión pilares básicos de la estructura institucional y de la convivencia en nuestro país a fin de asegurar su presencia en el Gobierno.

Desde la configuración territorial del Estado hasta la lucha antiterrorista; desde la cúpula del Poder Judicial hasta la mismísima Corona; desde los símbolos de la nación hasta las claves de la política exterior. La derecha española ha demostrado durante los últimos 17 años que no hay obstáculo a salvaguardar en su camino a la detentación “natural” del poder. ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar ante las elecciones del mes de marzo?

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado debería dar lugar cada año a un debate político intenso y de calado. Las cifras que se aprueban en la Ley de Presupuestos establecen con precisión las prioridades políticas y el alcance real de los diversos planes que gobiernos y parlamentos van anunciando a lo largo del ejercicio.

De hecho, el presupuesto público es la herramienta clave con la que un Gobierno actúa para transformar el modelo social vigente, en el sentido que dictan sus valores y sus intenciones. ¿Cuántos recursos necesitamos en la caja común? ¿Cómo obtenerlos? ¿Quiénes han de aportar estos recursos? ¿Al cumplimiento de qué objetivos destinaremos nuestra capacidad de gasto? Estas son las preguntas a las que atiende cada año la ley presupuestaria, y con sus respuestas influye decisivamente en las condiciones de vida de la ciudadanía, en sus derechos y en sus oportunidades.