La descentralización del Estado formó parte del pacto constitucional que nos devolvió la convivencia en paz y en democracia. Hoy no se entendería el desarrollo y el progreso económico, social y cultural experimentado por nuestro país desde 1978 sin analizar la contribución de la España autonómica. Las ventajas evidentes de la estructura territorial vigente están acompañadas también por algunos riesgos, que deben ser identificados y resueltos. El objetivo no es limitar el desarrollo autonómico sino, antes al contrario, consolidarlo y fortalecerlo corrigiendo desviaciones contrarias al interés general.

Las comunidades autónomas gestionan en la actualidad servicios que atienden necesidades básicas de la ciudadanía, como la educación y la sanidad. La gestión autonómica de estos servicios asegura un diagnóstico de necesidades muy pegado al terreno y, por tanto, una gestión eficiente de los recursos. No obstante, la especificidad que algunos gobiernos regionales han aplicado sobre la gestión educativa y sanitaria amenaza la aplicación de los principios irrenunciables de la cohesión y la igualdad de oportunidades. La legislación estatal y los instrumentos de coordinación del Gobierno de España se están mostrando insuficientes en la práctica para garantizar la aplicación de estos principios. La Constitución garantiza la gestión descentralizada de algunos servicios básicos, pero no ofrece patente de corso para generar diecisiete sistemas educativos y sanitarios completamente independientes y desigualitarios en su definición y en su prestación.

La derecha enfatiza sus denuncias en algunas comunidades sobre la falta de garantías para la educación con el castellano como lengua vehicular. Tales garantías deben establecerse, sin duda. Ahora bien, a mi juicio las principales amenazas que hoy se ciernen sobre la igualdad de los españoles en el acceso a determinados servicios provienen precisamente de la gestión de algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular. Madrid y Valencia son referencia clara. El PP madrileño y valenciano está aplicando una estrategia de desmantelamiento de la enseñanza pública y de la sanidad pública. El estrangulamiento financiero de lo público, el trasvase de recursos públicos a la iniciativa privada y la formulación de ventajas normativas para determinadas empresas están generando de facto un sistema educativo y un sistema sanitario en Madrid y en Valencia esencialmente distinto al del conjunto de España.

Podemos concluir sin riesgo a exagerar o a equivocarnos que los ciudadanos de Madrid y de la Comunidad Valenciana están claramente discriminados respecto al resto de los ciudadanos de España por el deterioro premeditado de sus sistemas públicos de educación y de sanidad. Cuando una familia madrileña pretende escolarizar a sus hijos en un centro educativo de calidad a menudo se ve impelida a buscar un centro privado en su barrio, con el gasto extra que conlleva. Cuando una familia valenciana pretende afrontar un problema de salud salvando las interminables listas de espera, a menudo se ve obligada a acudir a una empresa privada, con el esfuerzo extraordinario que supone. Esto no ocurre en otras comunidades autónomas, en las que se preserva y se impulsa el servicio público con calidad y equidad.

¿Dispone hoy el Estado de una legislación y de unos instrumentos jurídicos y políticos eficaces para evitar este tipo de situaciones discriminatorias? Me temo que no.

Descentralización y autonomía, sí. Centrifugación y desigualdad de oportunidades, no. Consolidar y profundizar el sistema autonómico no consiste en reproducir constantemente el discurso de la reivindicación sin fin de más competencias y más recursos para las administraciones regionales. Hoy día, en España, consolidar y mejorar el sistema autonómico pasa más bien por echar una mirada hacia atrás y corregir algunos errores, situando nuevos instrumentos de cohesión en el Gobierno de todos.