El comportamiento y las declaraciones de algunos jerarcas de la Iglesia católica, especialmente el cardenal Rouco Varela, denotan convicciones claramente anticonstitucionales. Es evidente que Rouco y compañía añoran los tiempos en los que el Estado español legislaba desde la referencia obligada de la confesionalidad católica, y sus actitudes muestran un nítido desprecio por el principio constitucional de las esferas separadas entre la religión y la política. Es más, incluso. Probablemente Rouco sería partidario de sustituir democracia por teocracia en España, asegurando que nunca jamás, opinaran lo que opinaran las mayorías o las minorías, se dictara una ley, un decreto o una instrucción pública contra el criterio de la doctrina católica interpretada por la jerarquía eclesial. Es decir, Rouco Ayatolá. Solo hay un problema. Algunos no somos partidarios. Y somos mayoría.

También es muy probable que las intenciones de Rouco en esta última aparición pública –en Madrid, otra vez en Madrid- pasaran tan solo por el objetivo más prosaico de intentar dañar al Gobierno socialista, y de paso echar una mano a sus colegas “neocons” y “teocons” en el Partido Popular. Y vuelve a equivocarse el aspirante a Ayatolá. Porque al incorporarse al debate político y electoral corre el riesgo de ser contestado, ser vencido y quedar en evidencia política y electoralmente. Y porque de esta manera hace un flaco favor a los derechos e intereses de la comunidad cristiana que dice defender.

No huyamos del debate. ¿Cómo se profundiza en la defensa de los derechos humanos en una sociedad desarrollada como la española del siglo XXI? ¿Favoreciendo la investigación científica con células madre para combatir la enfermedad o entorpeciéndola desde postulados irracionales? ¿Posibilitando la plena integración social de las personas homosexuales o estigmatizándolas? ¿Favoreciendo el divorcio ágil y acordado o castigando a las parejas a una convivencia conflictiva y estéril? ¿Facilitando la planificación familiar y el sexo seguro o confiando a la voluntad divina las consecuencias de nuestros actos? ¿Profundizando en la igualdad real entre mujeres y hombres o reproduciendo los tradicionales roles machistas que perviven en la estructura eclesial?

Y ¿cómo se avanza en la mejora de la calidad de la democracia? ¿Desde el ejercicio de los poderes democráticos al servicio de los valores y de la voluntad del conjunto de la sociedad? ¿O desde el dictado teocrático de unos cuantos jerarcas alejados desde hace demasiado tiempo del sentir y del pensar de sus fieles?

La gran mayoría de la sociedad española, católicos incluidos, tiene una respuesta clara a todas estas preguntas. Por eso gobierna el Partido Socialista, y por eso las políticas de desarrollo de derechos civiles y de avance social que ha protagonizado el equipo de Zapatero gozan de un apoyo muy amplio entre los españoles. También entre los católicos. Yo diría que especialmente entre los católicos.

Haría bien la jerarquía de la Iglesia católica en reflexionar sobre las razones de su escaso eco en los sentimientos y actitudes de la sociedad española. Haría bien en debatir a fondo en su seno el por qué cada día son más los que se distancian de sus postulados radicales y anacrónicos, e incluso abandonan la práctica religiosa.