El quinquenio ha quedado marcado por el sesgo conservador de las políticas, fruto de la hegemonía del Partido Popular Europeo en todas las instituciones clave de la Unión Europea, desde la cámara de Estrasburgo al Consejo Europeo, pasando por supuesto por la Comisión Europea presidida por el neoliberal portugués Durao Barroso. De ahí que en 2010 se diera un giro a las políticas de gasto de fuerte componente anti cíclico, acordadas por cierto en foros tan poco revolucionarios como el G-20 o el Fondo Monetario Internacional, lo que tuvo como consecuencia una destrucción inédita de millones de puestos de trabajo en toda Europa y en concreto en países como España o Grecia. La retirada de la política de estímulos fue prematura, brusca y precipitada, y lo único que ha logrado ha sido devolver a la recesión a los países que habían salido de ella a finales de 2009, como el nuestro, sin reducir el volumen de deuda pública, preocupación que al menos en teoría fundamentaba el giro hacia las políticas de ajuste, y que en el estado español roza ya el 100 por cien del producto interior bruto, mientras el paro se mantiene por encima del 25 por ciento de la población activa.

Por su parte Estados Unidos mantuvo su política fiscal y monetaria expansiva obteniendo de media un punto porcentual de crecimiento por encima de Europa, aun cuando el epicentro de la crisis financiera había sido precisamente Wall Street.

Y sin embargo, la derecha europea, con Juncker y Rajoy a la cabeza, sigue defendiendo la política de austeridad y las decisiones de 2010, para la que piden un aval este domingo. Por el contrario, el candidato del Partido de los Socialistas Europeos, Martin Schulz, pide el voto para que Europa desarrolle una política económica orientada al crecimiento y al empleo. Si atendemos a los resultados de la política de la derecha europea, es evidente que ha fracasado, al ahondar la crisis social sin resolver en la crisis financiera y económica. Con todo, hay quien puede pensar que en 2010, con Portugal, Irlanda, España e Italia acosados por los mercados financieros como consecuencia del pánico derivado de la crisis de confianza en la deuda pública griega, la política de ajuste fiscal a ultranza era inevitable.

Sobre este particular, lo cierto es que la crisis financiera coge a la Unión Europea y a la zona euro en particular desprevenida, es decir sin las herramientas necesarias para asegurar la estabilidad financiera y desarrollar una política anticíclica por lo menos por parte de los Estados miembros. La Unión Europea no disponía, ni dispone, de impuestos propios, de la capacidad de emitir deuda pública o de un Banco Central con un mandato claro y explícito sobre objetivos distintos del mantenimiento de la estabilidad de precios. Por tanto los Estados miembros, sobre todo los periféricos, se encontraron con que sus políticas de expansión fiscal estaban siendo eficaces contra la recesión, pero que los niveles de déficit y deuda pública resultantes generaron una crisis de confianza en sus títulos de deuda soberana. Una crisis seguramente alimentada por unos pocos inversores especulativos que de paso intentaron hundir al euro por razones geopolíticas, empeño en el que fracasaron rotundamente. Pero el rescate de la moneda única se hizo a costa de aplicar políticas de ajuste fiscal con las consecuencias ya conocidas, incluyendo la pérdida de credibilidad de la socialdemocracia, de la que partidos como el PSOE aún no se han recuperado.

Y sin embargo, todo esto se pudo haber evitado. Aunque como se decía más arriba el mandato del BCE no es lo suficientemente explícito más allá del control de la inflación, sus estatutos si dicen que su misión incluye contribuir al mantenimiento de la estabilidad financiera, y por tanto, del euro y de su credibilidad como segunda moneda internacional de reserva. La prueba es que en julio de 2012 el presidente del BCE declaró que la institución emisora haría todo lo necesario para sostener al euro, incluyendo, si fuera necesaria, la compra ilimitada e indefinida de bonos españoles e italianos. De hecho, bastó con este discurso para que a partir de ese verano se estabilizaran la cotización de la moneda y los mercados de deuda públia de los países periféricos. Si esa misma declaración se hubiera hecho en mayo de 2010, nos hubiéramos ahorrado la segunda recesión y la acumulación de un nivel de paro inaceptable. En términos políticos, cabe preguntarse si Merkel, Juncker, Sarkozy, Durao Barroso y Van Rompuy, todos ellos exponentes de la derecha europea que quiere revalidar ahora su mayoría política en el Parlamento Europeo, se dedicaron en aquellos días de primavera a pedir al BCE que actuara o a obligar a al presidente Rodríguez Zapatero a recortar el gasto en España por valor de 15.000 millones de euros.