El 17 de enero de 2012 tuve ocasión de acudir al 6º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, con la presencia e intervención del Presidente de Gobierno y de destacados empresarios. El presidente de Exceltur encuadró y prologó la intervención leída de nuestro presidente, con fuerte coincidencia en sus objetivos y propuestas. Ambos citaron la mejora mostrada por el turismo en el año 2010 (significó el 10,2% del PIB de España y del orden del 12% del empleo, mejorando en tres décimas su participación en el PIB respecto a 2009) debida al crecimiento de la demanda extranjera (la demanda interna continúa disminuyendo y la crisis en los territorios donde ésta predomina sigue siendo muy fuerte) que huye de países con conflictos geopolíticos (norte de África). Aspecto positivo pero que, a su vez, muestra una gran debilidad: el crecimiento no se produce por méritos propios sino por deméritos de los competidores.
España, tras la reducción de visitantes que supuso la crisis global iniciada en 2008, ha vuelto a la senda de incremento cuantitativo de los turistas extranjeros, superándose los 53 millones de visitantes en el año 2010, pero con las mismas debilidades que se han ido perfilando a lo largo de los últimos quince años. Se mantiene la necesidad de mejorar la productividad del sector y de introducir modificaciones que permitan asegurar su sostenibilidad económica y empresarial a largo plazo. Sin embargo, frente a encuentros anteriores, hay que destacar que ha desaparecido de los discursos la reflexión de que no tiene mucho futuro el objetivo de atraer más turistas a cualquier precio, cuando el saldo marginal de un nuevo turista, en determinadas áreas y tipologías, viene dando lugar, desde hace ya varias décadas, a un balance neto negativo para el país. Si el aumento del número de turistas se produce reduciendo precios y servicios, los resultados serán cada vez más insatisfactorios; y sólo si la política turística es capaz de responder a la generación de nuevos sectores de demanda, ambientalmente sostenibles e integrados en nuestra cultura y capacidad de innovación, el turismo podrá tener un futuro halagüeño. Para ello se necesita un sector capaz de impulsar la regeneración y recreación urbanística y paisajística de ámbitos maduros y obsoletos para las necesidades de una demanda que interese a los objetivos del país (que es muy distinta a la del turismo de masas iniciada por los “tour operators” en la década de los setenta) y recuperar el atractivo de los recursos ambientales y del paisaje, que fueron el núcleo central de la demanda turística de España.
En este marco, las previsiones tendenciales de los empresarios son que, si no se interviene potenciando su reconversión, el sector desaprovechará sus potencialidades de dinamizar la economía española, aunque mantenga el aumento de su participación en el PIB español (del orden del 0,2%) gracias a la atonía económica del resto de sectores en España y al crecimiento de los viajeros exteriores por el mantenimiento de la situación de crisis en los territorios competitivos más asociados a este tipo de demanda. Pero se incrementará la regresión del turismo nacional por la disminución en el nivel de renta de las clases medias y trabajadores, con graves repercusiones en los territorios ligados al mismo (litoral mediterráneo y turismo interior).
Mejorar esta evolución y aprovechar los potenciales de desarrollo turístico exige, en su opinión, establecer medidas que animen a los empresarios a nuevas inversiones, entre las que destacaban modificaciones legislativas para mejorar la flexibilidad y adaptabilidad de las leyes y del empleo a las necesidades empresariales de obtener beneficios de sus inversiones, y aprobar un Plan Integral Turístico que concrete acciones y presupuestos públicos y privados, facilitando la concertación y colaboración público-privada, con la potenciación de la Conferencia Interministerial Turística y su ampliación a una Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, que pueda seguir el ejemplo de México en la implicación de todas las Administraciones y agentes sociales en el desarrollo del sector y en el seguimiento mensual de su evolución.
Si bien nadie duda de la necesaria reconversión de los destinos maduros (áreas turísticas degradadas) en lo que tanto empresarios como Gobierno coincidieron, y también coincide el Foro Económico Mundial (TravelTourismCompetitiveness_Report_2011) al señalar que la pérdida relativa de competitividad del sector en España frente a Reino Unido y Suecia, en 2010, se debe en gran parte al empeoramiento de su sostenibilidad ambiental, y de la calidad aportada al sector por sus recursos humanos y naturales. El problema radica en establecer, en la adoptada situación de consolidación fiscal y ajustes asumida como única política de Gobierno por el Partido Popular, de qué sectores se detraen los recursos necesarios para potenciar el desarrollo del sector turístico.
Porque España sigue sufriendo las consecuencias de una crisis global financiero-especulativa en la que el endeudamiento de su sector privado, tanto del sector no financiero (cerca del 140% del PIB de deuda) y de las familias y del sector financiero español (más del 80% del PIB de deuda cada uno), ligados muy directamente a una construcción desproporcionada y a una burbuja inmobiliaria apoyada desde las Administraciones Públicas, fundamentalmente entre 1996 y 2003, tiene una importancia mucho más significativa, relativamente, que la del Estado (del orden del 70% del PIB de deuda). Pero, con la previsión de la continuación de las tensiones económicas sobre la Unión Europea, España presenta unas previsiones prácticamente unánimes de disminución de su PIB, con una entrada en recesión técnica, incremento del desempleo (ya por encima de los 5,2 millones a inicios del año 2012), disminución de la renta familiar disponible y debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar. De hecho, España presenta una tasa de crecimiento esperado de su PIB, menos tipo de pago de la deuda, estimado en el -5,2% para 2012. Crecimiento negativo que habla de la importancia de políticas que ayuden, simultáneamente, a incrementar el crecimiento y a reducir el nivel de endeudamiento y el coste de la deuda.
En este marco, el Presidente de Gobierno señaló que su política se centra en tres ámbitos fundamentales (estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones, equilibrio del sistema financiero y reforma laboral) cuyos objetivos más inmediatos son cumplir con el objetivo del 4,4% de déficit público para 2012, corregir los balances del sector financiero de la sobrevaloración de sus activos inmobiliarios, facilitando las fusiones bancarias, y flexibilizar el mercado laboral para reducir el coste del factor trabajo en la economía y la flexibilidad en su contratación. También señaló que la flexibilización debe afectar al sector energético y al resto de los sectores económicos; que deben evitarse duplicaciones administrativas y, como reforma legislativa concreta, que hay que cambiar la Ley de Costas, reforma específicamente demandada por los empresarios “para ayudar a salir de la crisis”. ¿Nos imaginamos cómo?.
Cambios como la elección de un nuevo Presidente de Gobierno en España o la imposición de Gobiernos de tecnócratas en Grecia e Italia poco han incidido en la mecánica de funcionamiento de los mercados financiero-especulativos globales, que siguen rigiéndose por la obtención de beneficios a muy corto plazo, con base en las expectativas de variaciones en los tipos de cambio y en las fluctuaciones de precios de activos y materias primas generados por sus propias actuaciones. La crisis del sistema financiero la estamos pagando entre todos los ciudadanos ante la lenta y clara insuficiencia del goteo de medidas de la Unión Europea y del área euro, y la consiguiente degradación de la situación económica europea (en contraste con el cambio de evolución de EEUU ante la adopción de medidas de reactivación de la economía) que poco a poco va expandiéndose a nivel mundial; o la continuación de medidas de trasvases de renta, vía el diferencial entre los tipos de préstamos del Banco Central Europeo a los Bancos y el tipo que estos cobran por la deuda pública de los países como España, que benefician fundamentalmente -a costa del conjunto de los ciudadanos- al sector financiero, que ha sido el origen de la crisis actual.
El camino que cabe esperar en la política gubernamental de los próximos meses se centra en la austeridad, en la reducción del gasto público para reducir el déficit y el endeudamiento público, y en pretender la reactivación de la actividad económica por la vía exclusiva de la intervención privada. Pero ésta no está dispuesta a invertir sus recursos propios -en una situación en la que el crédito bancario se va a seguir reduciendo- si no es con la colaboración económica de las Administraciones Públicas que, con la política anterior, va a ser prácticamente inexistente. El resultado va a ser la señalada fuerte recesión económica para 2012 y 2013 en España, en la que el necesario equilibrio en el balance productivista-ambientalista es de esperar que siga decantándose a favor del productivismo y de sus riesgos para España a largo plazo. El propio cambio de denominación del Ministerio encargado del medio ambiente, donde esta denominación pasa a un tercer lugar, el nombramiento como Ministro del que en su momento lo fue de Agricultura (como ya sucedió en la segunda legislatura del PSOE) y el propio origen y trayectoria política del mismo, junto a la ausencia de contenidos ambientalistas del propio Programa con el que el Partido Popular ganó las elecciones, avalan esta pesimista previsión.
Previsión pesimista que sobrevuela sobre las competencias propias del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como son las del agua (se anuncian nuevas inversiones en infraestructuras -¿de qué rentabilidad socioeconómica y a qué coste ambiental y territorial?- como marco de un Nuevo pacto del Agua), biodiversidad y paisaje, elementos fundamentales del patrimonio territorial español, sobre los que el riesgo de cambios en las políticas o en las propias normativas con retroceso para la sostenibilidad ambiental del desarrollo son muy elevados. Y que se concreta también en uno de los cambios legislativos confirmados por el Ministro y el Presidente de Gobierno, como es el de la Ley de Costas.
En la actualidad tenemos la suerte de disponer de un texto -la Ley de Costas de 1988, cuyas virtudes en cuanto a la utilidad para la consecución de una mejora en la sostenibilidad de nuestro litoral y en cuanto a su adelanto en la previsión de los problemas que se avecinan (elevación del nivel del mar, mayor frecuencia e intensidad de temporales marítimos, incremento de los riesgos sobre la interface marítimo-terrestre, etc.) han sido reiteradamente destacadas a nivel internacional. Pero se han generalizado, incomprensible e injustamente (como demuestran la inmensa mayoría de sentencias al respecto) los ataques a esta ley de costas en aras del beneficio de un número muy reducido de particulares y de algunas Administraciones territoriales que pretenden recuperar el tipo de actuación litoral que tanto ha incidido en la destrucción de nuestro patrimonio (destrucción de la gallina de los huevos de oro, como se señalaba en Exceltur) y que ha sido uno de las principales factores responsables de la crisis actual en España. Se olvidan los riesgos que habrá que afrontar de forma creciente (que exigen el freno radical de nueva urbanización en ámbitos saturados desde hace muchos años y una política de retirada de la urbanización del litoral en las cada vez más amplias áreas de riesgo por los temporales) y se vuelven a subordinar los objetivos generales a largo plazo a los intereses particulares a corto plazo de unos pocos. Aspectos en los que confluyen las previsiones de modificación de la Ley del suelo por parte del Ministerio de Fomento, y las tendencias que se están produciendo en urbanismo, ordenación del territorio y políticas de suelo y vivienda, donde no sólo aparece la amenaza de actuaciones que vuelvan a incentivar la creación de burbujas inmobiliarias en un futuro, sino que la aprobada recuperación de la desgravación fiscal en el IRPF para la adquisición de vivienda muestra un primer paso en esta línea pesimista.
Como principal conclusión, a fecha de 2 de febrero de 2012, habría que destacar que la continuación en la presión de los mercados financiero-especulativos, la incidencia del problema del paro en España, la inevitable recesión económica con las políticas de ajuste fiscal como único tipo de política estatal, y los graves problemas de las Administraciones territoriales para cubrir sus gastos sin los ingresos que la burbuja inmobiliaria les había venido proporcionando a lo largo del período 1997-2007, se están llevando en una dirección muy preocupante para la sociedad española. Como hemos reiterado en otras ocasiones, las Administraciones Públicas están olvidando que es en la aplicación de soluciones centradas en la sostenibilidad económica y ambiental a largo plazo, promoviendo cambios estructurales que incentiven las economías verde y del conocimiento, la movilidad social (potenciación del alquiler), la regeneración urbana con la mejora de la eficiencia energética y ambiental de edificios y ciudades, el transporte sostenible y el desarrollo endógeno, siguiendo las buenas prácticas presentes en los países del norte de Europa, el camino que podría significar una alternativa eficaz para el avance en la consecución de los objetivos establecidos en la Constitución Española. Y que no son soluciones lógicas restringir la inversión pública en áreas como en la I+D+i y la educación, que son elementos básicos para una sociedad sostenible y viable; o seguir reduciendo indiscriminadamente las inversiones en capital territorial productivo, sin frenar inversiones incomprensibles (aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos, autovías sin coches, AVEs sin viajeros, embalses para regadíos sin regantes o urbanizaciones sin viviendas) pero potenciando inversiones en capital productivo e infraestructuras (energéticas, regeneración urbana de potenciación de calidad turística, movilidad sostenible, economía verde) cuya tasa de retorno (rentabilidad) supera con mucho el coste de la deuda pública y donde, por lo tanto, está económica y socialmente justificada su realización.
La sostenibilidad ambiental, el cambio climático o políticas que tengan en cuenta estos aspectos en su definición (territorial, desarrollo rural, urbanismo, vivienda, energía, transporte, biodiversidad, eficiencia en el uso de recursos, agua) presentan objetivos y líneas de actuación que han pasado a un absoluto segundo lugar en las prioridades frente al desarrollismo neoliberal. Y vuelven a aparecer los riesgos de que se reintente utilizar el urbanismo y la construcción como fuentes de financiación de las Administraciones territoriales, se continúe con la expansión de la ciudad dispersa, no se enfoque la problemática de las áreas supramunicipales en expansión que corrija la insostenibilidad de las mismas, y se agrave el deterioro del patrimonio territorial por el aprovechamiento, en una situación de crisis, de los espacios de más valor y atractivo para la urbanización.
Ojalá nos equivoquemos y la conciencia y respuesta ciudadana obliguen a otras líneas de acción, otra situación y nos conduzcan a otras expectativas.
