El ejecutivo ha querido evitar la crítica absurda que se reproduce periódicamente, sobre la supuesta resistencia a reconocer desequilibrios en las tablas que reflejan el balance de ingresos fiscales y gasto público que corresponde a los ciudadanos en cada región de nuestro país. Pero el mismo equipo económico del Gobierno es consciente de los riesgos derivados de la previsible utilización torticera que algunas instancias pueden hacer de dichas cifras, en el horizonte de la dura negociación que se avecina para distribuir territorialmente los recursos del Estado.

El primer riesgo tiene que ver con la propia formulación de los datos. Para comenzar, las pretendidas balanzas fiscales van a reflejar necesariamente un absurdo, porque los territorios no tributan. Quienes pagan impuestos son los ciudadanos y las empresas de los ciudadanos, y sus residencias fiscales responden a casuísticas muy diversas e interpretables. ¿Tendrán en cuenta estas balanzas el hecho de que muchas de las empresas que más tributan han establecido sus domicilios sociales y fiscales en las grandes capitales, a fin de beneficiarse de la cercanía a las instituciones de control y regulación? ¿Se considerarán las razones históricas que han llevado a muchas de las grandes empresas a utilizar recursos naturales y mano de obra en unas regiones y a pagar sus impuestos en otras?

El segundo riesgo tiene que ver con la utilización de los datos. Porque algunos de quienes han reclamado con mayor insistencia la publicación de las balanzas fiscales nunca han pretendido intensificar la transparencia estadística en nuestro sistema contable. Su pretensión siempre ha sido otra. Algunos quieren constatar supuestas balanzas fiscales negativas para reclamar más recursos de los que les corresponden. “Si yo y los míos pagamos más que otros, también queremos recibir más que otros”. Y hemos de dejar muy claro desde el comienzo de esta legislatura que tales pretensiones son inaceptables, porque contravienen la Constitución y los principios de solidaridad, cohesión e igualdad que han de presidir la configuración territorial del Estado, conforme a la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles.

En solo unos meses dará comienzo la negociación para culminar uno de los grandes objetivos de la nueva etapa política que comienza con la investidura de Zapatero nuevamente como Presidente del Gobierno: la consecución del nuevo sistema de financiación autonómica. Resulta crucial establecer claramente los objetivos a alcanzar con el nuevo sistema: el desarrollo sólido, justo, sostenible y equilibrado de nuestro país, el cumplimiento de los principios constitucionales de la cohesión y la solidaridad entre las regiones, y la garantía de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Una vez establecido el objetivo, hay que definir el instrumento: cada español, viva donde viva, ha de aportar según sus recursos, y cada español, viva donde viva, ha de recibir según sus necesidades. Las regiones han de ser objeto de gasto, a través de los presupuestos estatales, autonómicos y locales, en función de su población, de sus condiciones socioeconómicas y de sus especiales características (concentración urbana, dispersión poblacional, insularidad, incidencia de la inmigración…), de sus necesidades, en definitiva. Independientemente de su nombre, de su nivel de autogobierno, de la capacidad de influencia política de su gobierno autonómico… y de su balanza fiscal.

Vivimos en una España plural, y la pluralidad social, cultural y lingüística nos enriquece a todos. Pero quienes pretendan utilizar la diferencia para legitimar el privilegio van a toparse con la Constitución y con la firme voluntad igualitaria de los españoles, expresada claramente en la mayoría parlamentaria que surgió del 9-M.

¿Balanzas? Sí, las de la justicia.