Sectores enteros, como la intermediación inmobiliaria, el mueble, accesorios para el hogar, cementeras, electrodomésticos, etc., o han desaparecido o han sufrido un profundo recorte en sus niveles de facturación. Territorios enteros, que habían apostado de forma irresponsable por la expansión inmobiliaria como símbolo de modernidad, están en una situación macroeconómica muy complicada. Aquí se pueden encuadrar a la Comunidad Valenciana, Madrid, o Murcia. La antítesis sería País Vasco, Aragón o Navarra y Cataluña que han apostado por la industria y el conocimiento. Si en el campo de la economía real, la situación es muy negativa y no tiene visos de solución a corto plazo, en el campo financiero la coyuntura nos puede llevar cerca del colapso. Por un lado, tenemos en estos momentos más de 430.000 millones de euros en activos inmobiliarios que podrían llegar a ser de dudoso cobro en el sistema financiero. Un 40% del PIB español. A este punto se ha llegado por la expansión crediticia sin sentido, cuya responsabilidad habría que repartirla entre los diferentes gobiernos, el sistema financiero y el Banco de España, la autoridad con una mayor dosis de culpa, dada la información privilegiada que posee, y que se niega a publicar.

Esta falta de transparencia, esencial en un mundo en el que la asimetría de información está generando una espiral especulativa en los mercados financieros, está siendo consentida tanto por la autoridad regulatoria y supervisora, como por las autoridades políticas, incapaces de dibujar el mapa real de riesgos de la economía española. Podría contemplarse la estrategia crear un banco malo que se encargue de comprar todo el volumen de activos tóxicos y así limpiar los balances y poder acceder a los mercados mayoristas de crédito, para volver a empezar la rueda del endeudamiento privado. Este Banco malo sería capitalizado por el sector público con mayor emisión de deuda, lo que aumentaría la carga fiscal para los contribuyentes, y dejaría saneado todo el sistema financiero. A su vez, esta deuda podría ser colocada entre las redes comerciales de los Bancos bajo la promesa de un futuro mejor, con menores comisiones y mayor oferta crediticia.

El problema real es tan grave que podríamos estar hablando de más de 100.000 millones de euros de créditos dudosos, cuya recuperación es prácticamente imposible. Esta cuantía, que es casi un 10% del PIB supone que las necesidades de capital real son muy superiores a las estimadas y nos acercan al verdadero cáncer actual de la economía española: la deuda privada es tan elevada que es imposible que se pueda repagar. El dilema es quién debe pagar esta deuda, especialmente la inmobiliaria, que involucra a Bancos, empresas y familias, y por extensión al Banco de España. Las primeras informaciones apuntan a lo clásico y más fácil. Lo pagan los contribuyentes vía deuda o impuestos, los equipos gestores se libran de cualquier responsabilidad, los accionistas y bonistas son los grandes ganadores, pues su lastre, el riesgo de impago lo asume el Estado y las instituciones ven limpios los balances de forma gratuita.

Existe una alternativa más justa, más solvente, repartiendo la carga entre los responsables de esta coyuntura. La compra de los activos tóxicos iría aparejada de una reducción del pasivo en la misma proporción, es decir una quita de la deuda privada de los hogares, lo cual redundaría en una reducción del balance y una caída de la capitalización y, por lo tanto, de los beneficios presentes y futuros. En una palabra pagarían los acreedores, tanto accionistas, como bonistas. Esta fórmula, que se llevó a cabo en Suecia, no tuvo apenas coste para el erario público. Pero allí entendieron que favorecer riesgo moral es la peor de las soluciones. Acabaron con la especulación financiera y el despropósito de tantos propietarios de viviendas insolventes. Por lo tanto, la mejor opción sería utilizar la red de Cajas de Ahorro como el germen de una Banca Pública sectorizada que cubriese los fallos de mercado como son el emprendimiento, nuevas empresas, sector cultural o servicios sociales y las PYMES cuyo riesgo no es asumido por la Banca privada.