La primera aproximación ha de referirse necesariamente a la propia moralidad individual de Bárcenas y los demás implicados en el caso Gürtel. Para cualquier persona que se considere razonablemente decente, las reacciones que despiertan las peripecias de estos personajes varían desde el estupor hasta el asco.

Si consideramos a la ciudadanía en general, más allá de lo establecido en la ley, hoy pueden comprobarse unos límites de trazado difuso entre lo moralmente aceptable y lo moralmente inaceptable. ¿Es aceptable esquivar el pago de impuestos? ¿Puede admitirse el disfrute on-line de un producto sujeto a derechos de autor sin pagarlo? Ya es grave que estas preguntas no tengan una contestación diáfana en buena parte de nuestra sociedad.

Ahora bien, para aquellos que han decidido libremente requerir la confianza de sus conciudadanos con el propósito de administrar el espacio común compartido, la exigencia de rectitud moral ha de ser específicamente estricta. Cuando además de gestionar los intereses particulares, tienes la responsabilidad de hacer valer el interés colectivo, porque así se te ha confiado, la transparencia y el rigor en el comportamiento personal debiera ser un mandato incuestionable.

Por eso resulta especialmente doloso y deprimente comprobar cómo Bárcenas y compañía, de uno u otro color, tras haber traicionado la confianza de sus representados y haber traspasado todos los límites de la decencia personal, aún manifiestan públicamente un comportamiento jactancioso y provocador. “Sí, he robado, ¿y qué?”, parecen decirnos en cada comparecencia pública. Cuando se atrapa a un corrupto en otras democracias más maduras, a veces vemos escenas de arrepentimiento y perdón. Aquí no hay nada de eso.

La incidencia sobre la moralidad colectiva es aún más relevante. Porque con el caso Bárcenas no estamos ante un caso más de conducta personal irregular en el espacio público. No se trata de otro caso aislado de comportamiento reprochable que pueda ser capsulado y cauterizado en términos de excepción. No. Ahora la sociedad española debe asumir la realidad de que el principal partido político del país, que gobierna en el Estado y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, ha contravenido flagrantemente la ley, se ha financiado con trampas y ha engañado a todos los españoles.

¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía española en términos morales? Hay dos grandes alternativas, y ninguna de las dos resulta muy atractiva. La sociedad puede digerir esta noticia, como antes digirió otras muchas parecidas, y aparentemente no ocurrirá nada. Porque el Gobierno aguantará lo que queda de legislatura, porque solo unos pocos irán a la cárcel, porque la agenda de la actualidad es tan dinámica que pronto pasará esta página para centrar la atención en otros asuntos tanto o más llamativos… Pero en realidad sí habrá ocurrido algo. Algo se habrá quebrado definitivamente en la moral pública de nuestro país. Y cuando ya no quedan claras las diferencias entre lo que está bien y lo que está mal, es que la sociedad está enferma, gravemente enferma.

O puede ocurrir otra cosa. Puede que la sociedad española en esta ocasión diga “basta ya”. Esta es la gota que colma el vaso. No estamos dispuestos a aceptar ni un paso más hacia la degradación moral colectiva. Y entonces el país y sus instituciones deberán soportar un cataclismo político e institucional, con renuncias y reformas que tendrán unas consecuencias interesantes a medio plazo, pero que tendrán también unos costes a corto plazo en términos de inestabilidad y desconfianza, en lo político, en lo social, y en lo económico también.

¿Que qué prefiero? Más vale ponerse una vez verde, que cientos de veces colorado. Ya está bien. Esto es insoportable. Caiga quien caiga.