La batalla, pues, no es solo de carácter laboral. En esta batalla confrontan distintos principios ideológicos, distintos modelos sociales y distintos programas políticos. Lucía Figar, la consejera madrileña de educación, comparte los valores del liberalismo extremo que se enseñan en la factoría de ideas conservadoras FAES, presidida por José María Aznar. Estos ultraliberales interpretan los viejos axiomas de Benjamin Constant sobre la “mano ligera” y los “deberes estrictos” del gobierno al modo del Tea Party norteamericano. Libertad individual a ultranza y restricciones al entrometimiento de lo público en los ámbitos de la esfera privada, como la educación de los hijos.

Desde esta perspectiva ideológica se rechaza el uso de los impuestos de todos para sostener un sistema educativo común, doctrinal e igualitario. Figar en Madrid, como Palin en Alaska, defienden lo que llaman “libertad de elección para las familias”. Los gobiernos solo son responsables de garantizar que las familias pueden escolarizar a sus hijos allí donde consideren, en colegios religiosos o laicos, en clases mixtas o separadas, en centros bilingües o tradicionales, en proyectos pedagógicos volcados con la hípica, con el golf o con la astrología… La enseñanza pública queda relegada a una especie de servicio mínimo para los pobres, los inmigrantes y quienes no tienen otras opciones. Por eso la Comunidad de Madrid rebaja el presupuesto para la educación pública y multiplica los conciertos, las subvenciones, las desgravaciones, los cheques y las parcelas para la enseñanza privada.

Tal planteamiento se encuentra en las antípodas del pensamiento progresista, que defiende una educación pública universal y gratuita, con calidad y con equidad, bien dotada, como instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para el mejor desarrollo de una sociedad conformada por hombres y mujeres realmente libres. La supuesta “libertad de elección” con la que el neoliberalismo pretende suplir a la enseñanza pública se convierte en una falacia desde el momento en el que los únicos ciudadanos “libres” para “elegir” la escolarización de sus hijos en unos u otros colegios privados son los ciudadanos adinerados. Los ciudadanos con rentas medias y bajas nunca disfrutarán de tal “libertad”, por lo que la desigualdad de partida resulta insoportable.

Las sociedades más desarrolladas del mundo y los sistemas educativos con mejores resultados objetivos, descansan sobre un modelo público de enseñanza respaldado con firmeza y con mimo por toda la sociedad, desde las administraciones a las familias, pasando por las empresas y las organizaciones sociales. La financiación pública garantiza la equidad; la suficiencia de los recursos asegura la calidad; la autonomía y la diversidad de los enseñantes confirma una educación abierta, libre y tolerante. Finlandia es el país que encabeza todos los rankings de calidad educativa en los Informes Pisa de la OCDE. No conocen el fracaso escolar, sus alumnos son trilingües a los ocho años, su economía triunfa por la altísima formación cultural de su sociedad. Y su modelo es público al 95%.

Claro que hay una batalla política tras el conflicto de la enseñanza. Los modelos educativos de la derecha y de la izquierda en este país son diametralmente opuestos, por eso resulta tan difícil llegar a un acuerdo. No obstante, para llevar a cabo un debate serio y fructífero a este respecto, sería preciso que los representantes del PP defendieran sus postulados con más honestidad y renunciaran a confundir a la ciudadanía. Está claro que el PP antepone la “libertad de elección de las familias” y solo considera a la educación pública como subsidiaria de la enseñanza privada. Dígase con valentía. ¿Por qué insisten en manifestar que no “recortan” los recursos del modelo público cuando resulta evidente? ¿Por qué siguen haciendo discursos en defensa de la educación pública cuando cada día drenan recursos vitales hacia el sector privado?

La batalla es política y es definitiva, porque la educación pública está recibiendo los mayores ataques desde la Transición Democrática. “Recortar” la enseñanza pública equivale a recortar nuestro futuro en libertad y en igualdad. Los ajustes presupuestarios, la desviación de recursos públicos a la enseñanza privada, los despidos de profesores y las amenazas explícitas al fin de la gratuidad socavan gravemente los cimientos mismos del modelo educativo público y del Estado de Bienestar que respaldan los españoles muy mayoritariamente. El PP sabe esto último, y por esa razón actúa contra la enseñanza pública pero procura simular sus intenciones.

En dos meses se celebran unas elecciones cruciales. De Rajoy solo cabe esperar la vía libre para el desmantelamiento de la educación pública y el “sálvese quien pueda pagar”. Rubalcaba es un firme defensor de la enseñanza pública. Todos los ciudadanos que compartimos valores de progreso y aspiramos a una sociedad libre y equitativa hemos de asumir nuestra responsabilidad, movilizándonos hoy y votando en consecuencia el 20 de noviembre. Aunque solo sea para evitar que el día de mañana nuestros hijos deban hacernos el célebre reproche que recibió de su madre Boabdil, el último rey moro de Granada.