La indignación suscitada por estos cobros millonarios ha sido general. Los medios de comunicación han reflejado la alarma social consiguiente y todas las miradas se han vuelto hacia el gobernador del Banco de España –que ejerce las funciones públicas de supervisión y control-, pero también sobre las Administraciones territoriales (en especial, las Comunidades Autónomas) que tenían la tutela de las Cajas y participaban en sus consejos de administración a través de los representantes políticamente designados. De ahí que enseguida surgieran algunas voces cualificadas –recuerdo ahora la de Alberto Núñez Feijoo- pidiendo modificar esas indemnizaciones millonarias siguiendo, por otra parte, una directiva de la Comisión Europea de 30 de abril de 2009, que limita dichas retribuciones a dos años de retribuciones fijas: lo que exceda de esta cuantía debería ser devuelto por los beneficiarios.

Los casos que se han ido conociendo de abusos de antiguos administradores de las Cajas, que se prepararon sus retiros dorados, que increíblemente pudieran estar permitidos por la legislación, nada puede impedir, en cambio, que hayan contraído una seria responsabilidadpor este escándalo si se llega a probar que han gestionado los recursos públicos en beneficio propio y de sus patronos. Sin duda hay que ser beligerante contra la corrupción, y que lo ha de ser en primer lugar la misma Fiscalía Anticorrupción así denominada, con el respaldo de los tribunales de justicia. Porque, no sólo podemos estar hablando en estos casos de responsabilidades penales que pudieran subsumirse en el ámbito de ese delito de malversación, sino también de otras figuras delictivas como son la estafa, los delitos de apropiación indebida, falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal.

Pero, no hay que olvidar que el Derecho penal es un remedio subsidiario y no pude ser utilizado como la única respuesta ordinaria del ‘Estado sancionador’; luego habrá que dilucidar si existen responsabilidades de tipo administrativo, societario, contable o tributario. El trabajo de la Fiscalía tendrá así un campo relativamente restringido sobre todas aquellas actividades que por parte de los consejos de administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones hayan podido haber afectado al tráfico penal societario. No se puede tampoco llevar a cabo una “causa general” ni investigar todo lo que hayan hecho las Cajas, sino sólo aquellos comportamientos que puedan tener una relevancia penal.

Lo que no significa que se tenga que poner patas arriba nuestro sistema de supervisión bancaria, ni muestro mismo sistema financiero, sino más bien todo lo contrario. La muy independiente Administración supervisora y las entidades bancarias deben colaborar y suministrar cuanta informaciónles corresponda. Y, sobre todo, hay que señalar en estas acciones al Banco de España, que debe proporcionar la más completa información sobre documentaciones, sin duda complejas, para que los ciudadanos podamos conocer, a través de la investigación de la Fiscalía, qué es lo que ha pasado, y cuántos “daños colaterales” se han producido en esta batalla financiera. Y que lo sepamos cuanto antes, con la mayor celeridad.