Los hechos no son nuevos y los socialistas venimos alertando al respecto, desde hace tiempo. Sobran ejemplos que ponen de manifiesto una concepción del sistema democrático que lo reduce a la mínima expresión: elecciones cada cuatro años y, mientras tanto, ocupación plena y utilización desmedida de todos los resortes imaginables dependientes del poder o susceptibles de ser presionados por éste.

Durante demasiados años hemos venido soportando la perversión de las reglas del juego que supone la escandalosa manipulación de los medios de comunicación públicos y las presiones sobre los privados, hasta casi ahogar cualquier discurso alternativo al del poder o cualquier denuncia de sus prácticas abusivas. Hemos asistido al debilitamiento de las Instituciones de control del gobierno, empezando por las Cortes Valencianas, hasta hacerlas prácticamente irreconocibles y, como consecuencia, hemos comprobado el crecimiento de la corrupción, cuyo desarrollo ha sido inversamente proporcional a la reducción de la transparencia.

Pensábamos que difícilmente podrían empeorar las cosas, pero nos equivocábamos. Las prácticas corruptas que no pudimos desenmascarar nosotros, por el bloqueo de la mayoría del PP a la labor de la oposición en las Cortes, las alumbraron los Jueces, los Fiscales y la Policía, con su capacidad de investigación. El caso Gürtel puso de manifiesto que la trama, en nuestra Comunidad Valenciana, no era una cosa de funcionarios de segundo orden, sino que alcanzaba a la más alta figura autonómica. Era lo que durante tanto tiempo veníamos sospechando, lo que se pretendía ocultar mediante tanta opacidad.

Lógicamente, empezamos a reclamar explicaciones sobre lo descubierto por los Jueces y entonces apareció la cara más auténtica del PP valenciano. Mientras el Presidente Camps remitía esas explicaciones al momento de su comparecencia ante el Tribunal Superior, ninguneando al Parlamento, (luego supimos que, paralelamente, su abogado solicitaba la nulidad de actuaciones), su lugarteniente Costa nos amenazaba con bloquear la elección de Leire Pajín, hasta que no dejáramos de preguntar por las operaciones de las empresas de la trama Gürtel con el sector público valenciano.

Y así estamos. Del PP se puede decir que no cumple sus promesas electorales, pero no así sus amenazas. Es más: no sólo está bloqueada la elección de Leire, sino que cada vez que reclamamos la convocatoria del Pleno que hace falta para hacerla efectiva, tenemos que soportar una sarta de invectivas del inefable Costa. Ha llegado a ironizar sobre los graves asuntos que nos impulsaban a tener tanta prisa en la elección, denunciando que sólo queremos proteger a Pajín con la inmunidad parlamentaria. ¡Y eso lo dice quién está imputado en el caso Gürtel y se beneficia de su condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana!

La situación es dramática. El Consell valenciano no responde sobre su gestión del dinero público, la mayoría de las Cortes impide la tramitación de iniciativas de control de la oposición, se ataca a Jueces, Fiscales y Policías, se amenaza, castiga y persigue a los críticos, sean profesores o medios de comunicación no afines, mientras se despilfarra en la organización de grandes fastos, que aquí llaman grandes eventos, y el aparato oficial de propaganda pinta una confabulación de los malvados socialistas para acabar con ese prócer autónomo que nos ha llevado a las más altas cotas de la felicidad colectiva, lo que ha desatado la envidia de los muchos antivalencianos que en el mundo hay.

No se rían, es literalmente esto lo que está pasando y es, verdaderamente, dramático. Ante esta situación, ¿puede haber otro programa político más urgente que la recuperación de la democracia, en la Comunidad Valenciana?