El revuelo que se ha producido con motivo de la publicación de los resultados del último Informe PISA, han llevado a primer plano de actualidad la situación de la educación en España. Nadie duda que en España se ha avanzado notablemente en esta materia en comparación con el período de la dictadura. Pero, el problema es que ahora diversos indicadores muestran que nos hemos estancado y que nuestro sistema educativo no está a la altura de las exigencias y necesidades de una sociedad que está progresando en múltiples planos. El Informe PISA denota malas puntuaciones comparativas y, lo que es peor, retrocesos respecto a años anteriores. Por su parte, la reciente encuesta de la FUHEM evidencia que la mayoría de los profesores piensan que se está retrocediendo en calidad educativa, al tiempo que los últimos Informes de la OCDE también registran retrocesos y desfases comparativos del gasto educativo en España en proporción del PIB (Vid., por ejemplo, mi artículo “Déficits educativos” en el número 156 de Temas).
Una parte importante del profesorado está desmotivado y un poco quemado ante los retrocesos, las carencias y el exceso de cambios legislativos y organizativos. Los responsables políticos harían bien, pues, en no minusvalorar el alcance de estas situaciones, al tiempo que anuncian rebajas fiscales que benefician a los sectores más prósperos de la sociedad. Cuando esto sucede, en paralelo a una acentuación de la conciencia de que son necesarias más inversiones sociales en educación, y en otros ámbitos, y cuando se manifiestan signos de deterioro –y dualización– de la enseñanza pública, algunos diagnósticos justificadores y determinados mensajes político-fiscales pueden llegar a producir efectos electorales negativos y distorsionadores.
