Después de años de cultivar la personalidad del líder, encuentran ahora las lógicas dificultades en aparentar que su ausencia no es causa de la interrupción del proceso político. Hay una contradicción conceptual en la actuación de los actores secundarios de la revolución bolivariana (que de Chávez abajo son todos). Durante años han inculcado en las masas seguidoras la identificación casi mística entre el proyecto y su líder; ahora que él se encuentra en la cuneta (y en cuneta allende fronteras), resulta difícil hacer creer que todo sigue igual, que la revolución tiene vida propia. Este razonamiento se basa, es cierto, en la asunción de que la ausencia del ‘Comandante’ es temporal. Por eso, entre otras cosas, no se admite que la enfermedad que lo aqueja pueda ser mortal de necesidad; no porque se niegue, sino porque se silencia, se cubre con un manto de secretismo y ambigüedad.

Chávez repartió las máximas magistraturas del país entre dos de los hombres que le han sido más fieles a lo largo de tres lustros de avatares, decepciones y purgas. En la cabeza del legislativo y del partido-guía ha colocado a Diosdado Cabello, un compañero de armas de la primera hora de su aventura política. Al frente del ejecutivo confirmó a Nicolás Maduro, un discreto sindicalista sin reflejos políticos sobresalientes, pero muy bien mandado. Diversos analistas -interesados o no- les atribuyen una rivalidad por el legado, y la silla, del líder. Ellos han intentado desmentirlo exagerando la unidad, sobre todo ahora que aprieta la necesidad de exhibir una comunión destilada de la fidelidad a los principios de la revolución. La realidad, probablemente, se encuentre a medio camino entre ambas visiones.

Lo cierto es que los prohombres del régimen -constantemente disminuidos por la omnipresencia del número uno- han tenido tiempo de prepararse para esta coyuntura, porque la enfermedad de Chávez no ha sido precisamente repentina. Pero, una vez más, este tipo de sistemas políticos de personalismo abusivo tienen problemas para interpretar una partitura más coral. Como era de temer, los reflejos colegiados se encuentran demasiado atrapados en una retórica providencialista y caudillista.

Tampoco Chávez ha ayudado mucho antes de entregarse al notable sistema sanitario cubano. No ha demostrado transparencia sobre el alcance de su enfermedad, provocando de esa manera la profundización de la crisis institucional y política. ¿Se siente imbuido de una misión trascendental y no acepta del todo que su fin este demasiado cercano? Por mucho que esa interpretación es preferida por muchos opositores, no parece que se trate de eso. La explicación puede ser mucho más sencilla: falta descomunal de previsión. Sea como sea, el tiempo ha ido pasando y el capital político reforzado por dos victorias electorales (presidenciales y departamentales), recientísimas e indiscutibles, se ha ido malgastando por torpezas políticas insólitas.

LA OPOSICIÓN, EN SU LABERINTO

Al hacer de la protesta de toma de posesión una cuestión política fundamental, la oposición pierde foco. Primero, porque no es un Presidente nuevo el que debe asumir la responsabilidad: no hay un cambio político. Es cierto que se renueva el mandato y que media un requisito para dar continuidad a la legitimidad política. Pero no es del todo disparatado lo que argumentan los dirigentes gubernamentales: es decir, que, después de todo, se trata de un «formulismo».

Es prudente sostener que las formas importan en democracia; pero resulta forzado construir un argumento político sobre cuestiones puramente formales. Chávez no es presidente porque preste juramente, sino porque ganó las elecciones y, por tanto, tiene el derecho y el deber a continuar ejerciendo esa responsabilidad. Debe someterse a los procedimientos, pero no debe subordinarse su legitimidad a una interpretación tan estricta de los mismos que termine desvirtuándose lo esencial. Moralmente, Chávez debe seguir siendo Presidente después del 10 de enero, aunque la formalización de la continuidad de su mandato se aplace.

Naturalmente tal decisión sólo podría avalarla la justicia competente: en este caso, el Tribunal Supremo. Y así lo ha hecho, en el sentido que conviene al Presidente y a sus seguidores políticos. Pero la oposición, anticipando el resultado, ya había previamente desautorizado su fallo con el mismo argumento deslegitimador: no considera a ese órgano judicial independiente del Ejecutivo.

Las citas de autoridad externas -constitucionalistas, sobre todo- son arriesgadas, porque cada parte utiliza la que conviene a sus posiciones previas. La Constitución, como es natural, no es taxativa en una cuestión de detalle como la que origina la polémica. El conflicto no es legal: es político. Y en la refriega política cada parte exhibe sus fortalezas, ciertamente; pero sobre todo sus debilidades. El Gobierno, su tendencia enfermiza a la improvisación y el barullo institucional; la oposición, su atropellado ánimo de negar legitimidad real a las instituciones ‘chavistas’, en una lógica de ‘autoprofecía’ cumplida.

Al cabo, se deja de lado la cuestión más preocupante: la polémica partidista está dañando los intereses generales. Las medidas que necesita el país para afrontar la crisis de suministros, contener la inflación y mantener prestaciones sociales se atascan. En vez de entregarse a su habitual juego de carnaval político, unos y otros deberían hacer un esfuerzo conjunto para superar este conflicto secundario y concentrarse en lo que resulta esencial para Venezuela.