La sorprendente victoria del veterano Jeremy Corbyn en las elecciones primarias celebradas recientemente en el Partido Laborista británico (con la participación de simpatizantes) ha recuperado el discurso socialdemócrata y situado de nuevo, y en lugar destacado, el debate sobre las políticas de austeridad y ajuste llevadas a cabo en la UE, así como las alternativas más adecuadas para salir de la crisis. El nuevo discurso de Corbyn acaba, en principio, con la tercera vía de Blair, recoge el clamor de los indignados, evita el nacimiento de partidos o formaciones políticas a la izquierda del Partido Laborista -ligado históricamente a los sindicatos británicos-, sitúa la lucha por la igualdad y los derechos sociales en el lugar que les corresponde y todo indica que incrementará considerablemente la afiliación al partido laborista y ayudará a mejorar la credibilidad y la confianza hacia la clase política en su conjunto. Sin duda, a ello contribuirá de manera decisiva el importante triunfo de Syriza, a pesar de las muchas y crecientes dificultades que ha tenido que vencer en Grecia y en la UE.

En coherencia con lo ocurrido en el Reino Unido y en Grecia, esta experiencia debería marcar en buena medida las campañas electorales en nuestro país, comenzando por la presente campaña relacionada con las elecciones catalanas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible un debate basado en planteamientos de clase, ante la imparable confrontación abierta en relación con la independencia de Cataluña y la consiguiente ruptura con el Estado español: “independencia sí o no, lo demás no interesa en estos momentos…”. Eso explica que el gobierno de la Generalitat no esté rindiendo cuentas de la labor realizada, lo que sería lógico en una campaña autonómica, como rigen los más elementales principios democráticos. En concreto, nadie está respondiendo por el desempleo, las políticas de austeridad y el ajuste extremo, la reforma laboral (apoyada también en el Parlamento de la Nación por Convergencia y Unión), la precariedad de nuestro mercado de trabajo, la transferencia de rentas del trabajo al capital, el deterioro y privatización de los servicios públicos (sanidad, educación…), el desplome de la protección social, el incremento de la deuda pública y el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social.

De la misma manera, en plena campaña electoral, pocos están abordando en profundidad el grave problema de la corrupción -instalado también en Cataluña- y menos han trabajado para situarlo en el centro del debate político. Al escandaloso caso Pujol se le ha sumado la no menos escandalosa financiación del partido que sustenta al gobierno de la Generalitat que, por el momento, no tiene ninguna respuesta política convincente a los gravísimos casos de corrupción denunciados por la fiscalía.

El discurso nacionalista se sustenta en dos principios inamovibles: el derecho a decidir en el ámbito catalán (que, sin embargo, no contempla el derecho a decidir, por ejemplo, de Tarragona o de Lérida, dentro de una hipotética República catalana) y la no discriminación económica (“España nos roba”) entre territorios, lo que se debería de evitar, según algunos, a través de un Pacto fiscal, dejando en un lugar secundario la solidaridad interregional y la igualdad entre los ciudadanos españoles, como ocurre en la actualidad con el Concierto Económico del País Vasco (negociación favorable del Cupo). El discurso alternativo exige, desde el inmovilismo, respeto a la Constitución, el derecho a decidir entre todos los españoles y la defensa a ultranza de la unidad del Estado (ofensiva recentralizadora). Una vía intermedia, con menos presencia en la campaña electoral, reivindica, como solución a los problemas actuales, el diálogo entre partes en busca de acuerdos, la reforma de la Constitución (no sólo sobre el problema territorial) y el establecimiento de un Estado Federal, sin concretar aún suficientemente sus contenidos. En todo caso, ninguna de las alternativas da respuesta a los más débiles: al desempleo, al crecimiento de nuestra economía, al reparto de la riqueza, así como a la deriva de nuestro mercado de trabajo, la falta de competitividad de nuestra economía, la injusta política fiscal, al deterioro de la protección social (pensiones, dependencia, desempleo), al incremento de la deuda pública… En este contexto, y sobre todo desde fuera de Cataluña, resulta difícil aceptar que la única salida a la actual situación pase por la independencia de Cataluña, sobre todo si tenemos en cuenta que, en un marco globalizado, la independencia va a ser muy costosa para España y también para Cataluña y, desde luego, de resultados inciertos para todos, después de una larga y fructífera historia compartida.

Aparentemente, pocos confían en que exista una mayoría suficiente en Cataluña (en todo caso muy por encima del 50%) que apueste por una independencia sin retorno, sobre todo cuando las encuestas pronostican que la Comunidad catalana está dividida en dos mitades enfrentadas, más bien entienden que esos votos representarían un mandato imperativo para negociar con España desde una mejor relación de fuerzas. De la misma manera, la mayoría de los politólogos coinciden en que el 27-S representa sólo el primer acto de un proceso político que desembocará en las elecciones generales previstas para finales de año y que, seguramente, modificará sustancialmente la relación de fuerzas en el Parlamento español. En ese supuesto, nadie duda de que se volverá a replantear de nuevo el problema catalán; en este caso, con nuevos interlocutores, nuevas sensibilidades políticas y posibles consensos (razonados) capaces de abordar (eso se espera) con rigor y responsabilidad los agravios fiscales, económicos y de infraestructuras que vienen planteando el gobierno de la Generalitat y muchos ciudadanos catalanes. Todo ello a partir de la alternativa que barajan las fuerzas progresistas y los sindicatos: una reforma constitucional que posibilite un Estado federal capaz de resolver el problema catalán en base a la igualdad entre ciudadanos y la diversidad y suficiencia económica de los territorios (solidaridad). Lo que está claro es que una campaña basada en la amenaza y el miedo (munición para los radicales) no conseguirán que los independentistas desistan de su afán soberanista, al margen de que resulta muy contraproducente para mantener a Cataluña dentro del Estado.

Por otra parte, en la campaña relativa a las próximas elecciones generales nos podemos encontrar con algo muy semejante: una campaña llena de insultos, descalificaciones, vaguedades y simplificaciones absurdas, que hagan imposible tratar los problemas más acuciantes de nuestra sociedad y profundizar en nuestra democracia. La prueba más significativa de todo ello se refiere a los debates que se vienen produciendo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la Seguridad Social (las pensiones), los empleados públicos y la fiscalidad. Los PGE, según UGT y CCOO, son claramente electoralistas y se fundamentan en una recuperación ficticia que nadie nos garantiza que será sostenible en el tiempo, sino más bien todo lo contrario (según los diversos organismos internacionales), priorizan el déficit y la consolidación fiscal sobre el empleo, no corrigen los principales desequilibrios macroeconómicos y son profundamente insolidarios, sobre todo con los más débiles: personas desempleadas de larga duración y sin prestaciones suficientes, entre otros colectivos acuciados por la pobreza.

Resulta particularmente lamentable la política del Gobierno en relación con las pensiones. Los presupuestos de la Seguridad Social contemplan un incremento de las pensiones del 0,25%, en un contexto económico donde las previsiones de precios se sitúan muy por encima de este porcentaje, lo que significará una nueva pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Lo más grave es que el Gobierno renuncia a incrementar los ingresos de la Seguridad Social, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo -lo que terminará por vaciar el Fondo de Reserva de las pensiones- y sigue financiando las políticas activas de empleo y otras prestaciones desde la Seguridad Social y no desde los PGE como corresponde, además de propiciar la devaluación salarial (cotizaciones más bajas) y el incremento de los autónomos y del empleo a tiempo parcial (precariedad) en nuestro mercado de trabajo, con las consecuencias negativas que ello tiene en los ingresos de la Seguridad Social.

Otro tanto se puede decir en relación a los empleados públicos, utilizados, una vez más, como reclamo electoral. Según UGT, los PGE contemplan una subida del 1% para este colectivo, lo que resulta claramente insuficiente para recuperar su poder adquisitivo perdido en los años de crisis. En esta ocasión, la tasa de reposición se establece en el 100%, pero solamente en los servicios públicos esenciales. Por el contrario, la Oferta de Empleo Público se dedicará exclusivamente a cubrir el 50% de las vacantes, por lo que estará muy lejos de corregir el desempleo producido en este colectivo en los últimos cuatro años. En este sentido, debemos recordar que el Gobierno Rajoy ha destruido 400.000 empleos públicos, lo que ha contribuido a incrementar las cifras de desempleo y ha deteriorado considerablemente los servicios públicos prestados a la ciudadanía (sanidad, educación y servicios sociales).

En relación con la política fiscal los PGE renuncian a una reforma fiscal a fondo que incremente los ingresos de los que más tienen y luche contra el fraude fiscal. Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos sigan exigiendo una reforma integral de la política fiscal, que garantice un IRPF más justo y progresivo (dando el mismo tratamiento a las rentas del trabajo que a las plusvalías del capital), con mayor capacidad recaudatoria y capaz de luchar eficazmente contra el fraude fiscal, al margen de seguir exigiendo en la UE el impuesto a las transferencias financieras y la erradicación de los paraísos fiscales, entre otras medidas.

En definitiva, muchos temen que las próximas elecciones (catalanas y generales) no contribuyan a mejorar la credibilidad y la confianza hacia la clase política, a pesar del aire fresco introducido por Corbyn en el Partido Laborista Británico y por Tsipras en Grecia. Si eso se confirma estaríamos ante una nueva oportunidad perdida en relación con la defensa de los más desfavorecidos por la crisis y la lucha sostenida contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. En definitiva, sería otra lamentable oportunidad fallida en torno a la recuperación de un discurso de izquierda comprometido e ilusionante y, sobre todo, de la tan denostada socialdemocracia…