Categoría: Empleo y Sociedad

Esta cuarta presidencia española de la UE, desde que en 1986 nuestro país pasó a formar parte de la Unión, está llamada a ser diferente. No sólo diferente de las anteriores sino diferente a lo que han sido hasta ahora las presidencias de turno. Primero porque, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las presidencias rotatorias son menos presidencias. Tienen que compartir su protagonismo con las nuevas figuras establecidas por el Tratado: la Presidencia permanente del Consejo y las nuevas funciones de la “ministra” de asuntos exteriores de la Unión. Pero los liderazgos con los que repartir estrellato no se acaban ahí. El Presidente de la Comisión también ejerce. Y, como siempre, los grandes países de la Unión – Alemania, Francia, Inglaterra, que representan más del 50% del PIB comunitario – tienen por costumbre tomar iniciativas o imponer vetos por su cuenta, o mancomunadamente, que terminan condicionando los mejores programas. Aparte de que tomar decisiones – sobre todo las más sensibles, incluso si no requieren la unanimidad – teniendo que poner de acuerdo a 27 socios resulta una tarea que raya con lo imposible.

Los pronósticos se han cumplido: el año 2009 ha sido un año horrible- peor que 2008, como se esperaba – en términos económicos y particularmente negativo en relación con las cifras de desempleo, a pesar del esfuerzo inversor del gobierno y el aumento del gasto en políticas sociales, lo que ha disparado las cifras del déficit y la deuda pública afectadas también por el desplome de los ingresos fiscales que se han visto impactados profundamente, y en negativo, por la crisis económica y en particular por la caída brutal del sector inmobiliario y de la construcción, con especial incidencia en todas las administraciones públicas.

El aumento del desempleo y la persistencia de altas tasas de paro es, sin duda, la principal amenaza que pende sobre la recuperación económica. A nivel global y aún en mayor medida en España. El ahorro de las familias, preocupadas por el futuro, y el descenso del poder adquisitivo, bien por estar en paro y sin prestación de desempleo o porque los trabajadores se ven abocados a aceptar empleos menos remunerados, incide sobre el consumo y sobre la capacidad de recuperación económica.

La ofensiva neoliberal no descansa en medio de la crisis al amparo del debate de la nueva ley de economía sostenible. En los últimos días, y de manera obsesiva y recurrente, se ha vuelto a plantear la necesidad de reformar nuestro mercado de trabajo y las pensiones, en un marco de severa contención salarial y creciente índice de desempleo que se mueve en torno al 20 por ciento.

Sin haber tenido tiempo de leer en detalle, y menos de analizar, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible quiero resaltar sobre todo la oportunidad que la misma representa para abordar el cambio del modelo productivo desde una perspectiva económica, social y medioambiental sostenible. La iniciativa legislativa brinda la oportunidad de colocar en el centro de la agenda política un debate ineludible y urgente.

Este año estamos celebrando el 70º aniversario del exilio de más de 500.000 hombres y mujeres, incluyendo a más de 60.000 niños (ya habían salido después de la masacre de Durango y Guernica, entre 1937 y 1938, más de 30.000 “niños de la guerra” al grito internacional de “Salvad a los Niños de España”), que tuvieron que abandonar, en los primeros meses del año 1939, nuestro país por la frontera de Cataluña y Alicante- junto a los restos del ejército republicano-, escapando de los bombardeos, el hambre, el miedo, y el frío, ante la inminente caída de la República y la feroz represión contra los vencidos. A esta tragedia hay que añadir la que sufrieron los más de 10.000 deportados a los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, de los cuales en torno a 8.000 fueron eliminados físicamente. Atrás quedaban militantes comprometidos con la lucha antifranquista en las cárceles y en la clandestinidad- cuando no luchando por su propia supervivencia- con el afán de seguir defendiendo los planteamientos de los sindicatos de clase, los partidos obreros, y el Gobierno de la República en el exilio.

No sólo de amor y de hastío se muere. También se muere por el trabajo. El trabajo mata. Los 23 suicidios acaecidos en la empresa France Télècom desde enero de 2008, en un plazo de 18 meses, han sacado a la luz pública un fenómeno que no es único o excepcional. En Francia, alrededor de 400 suicidios (otras fuentes elevan la cifra a 3.000) son imputables cada año al trabajo. Aunque no existe una estadística o estudio nacional, esta cifra es la extrapolación al conjunto del país de un estudio regional realizado en Normandía, en base a la encuesta realizada a 190 médicos del trabajo. Así se recoge en un libro recién publicado en el país vecino (“Travailler à en mourir”), elaborado por dos periodistas. En la encuesta realizada por estos profesionales de la comunicación se pone de manifiesto que el fenómeno está extendido en muchas empresas, como Renault, IBM, Michelín, PSA, EDF…; que afecta a la mayoría de los sectores, desde las telecomunicaciones a la metalurgia, pasando por la banca o la energía y los servicios; y que no hace distinción de categorías profesionales: cuadros, técnicos, gestores, secretarias, trabajadores no cualificados.

El debate suscitado en el parlamento en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no ha sido precisamente edificante. La debilidad del gobierno al carecer de mayoría suficiente en el Parlamento y la fuerte crisis económica y el déficit han pesado demasiado para que estos PGE se puedan considerar claramente de izquierdas (recordar que los principales aliados han sido PNV y Coalición Canaria), cuando menos en el capítulo de ingresos del Estado, ante la decisión prioritaria del gobierno de aprobar los presupuestos sin los votos de los grupos parlamentarios de izquierda en el debate de totalidad del proyecto presupuestario.

Primera. Hace un año la OCDE publicó un Informe, atípico por autocrítico, titulado “Crecimiento y desigualdades”. Del mismo se desprendían dos claras conclusiones: la primera, que las desigualdades habían aumentado, en los últimos veinte años, en tres de cada cuatro países que forman parte de la organización; en segundo lugar, que “el incremento de las desigualdades está en gran parte vinculado al mercado de trabajo” Aunque no la planteara el Informe, la primera pregunta que se impone tras su lectura es si no habrían sido precisamente sus prescripciones la causa principal de ello. Desde 1980, la OCDE ha venido preconizando un tipo de recetas, que tomaron forma sistemática a partir del Estudio sobre el Empleo que publicó en 1994, que han tenido tanto éxito como destrozos han provocado en la calidad del trabajo y en la estructura del empleo: incrementar la flexibilidad del tiempo de trabajo y de los costes salariales, eliminar los obstáculos a la libre gestión del empleo por parte de la empresas, revisar a la baja los sistemas de indemnización por desempleo que, supuestamente, atentaban contra el buen funcionamiento del mercado de trabajo. Y descentralizar al máximo el ámbito de fijación de las condiciones de trabajo y de remuneración, propiciando los acuerdos de empresa, o incluso inferiores, sobre los sectoriales y nacionales.

Los trabajadores de General Motors de España (GM), en distintas asambleas, han ratificado por amplia mayoría el preacuerdo firmado por los sindicatos UGT y CCOO con la dirección general de Magna, lo que garantiza la continuidad de la planta de Figueruelas de Zaragoza durante los próximos 10 años y por lo tanto el impacto positivo que se viene produciendo desde hace 27 años en el conjunto de la economía de Aragón (representa más del 25% de la industria manufacturera de la región) y del empleo por añadidura. En este periodo de tiempo GM ha producido más de 10 millones de vehículos y exportado sus productos a más de 70 países.