Categoría: Empleo y Sociedad

En varios artículos anteriores (La gota malaya; Los augurios del Gobernador; Todos precarios) he abordado diversos aspectos relacionados con las demandas de una nueva reforma laboral realizadas desde sectores distintos, pero todos ellos identificados con el liberalismo económico. En aquellos escritos sostengo, básicamente, tres tesis. La primera, que las mayores tasas de paro en España, desde 1977, respecto a los países de nuestro entorno tiene una explicación histórica: incomparable pérdida de empleo industrial y agrícola y mucha mayor incorporación de contingentes a la población activa. En segundo lugar, que la solución al modelo laboral que tenemos – ciertamente insostenible desde el punto de vista de la protección laboral del conjunto de los trabajadores y desde la necesidad de construir un modelo económico asentado en mayores niveles de productividad – no puede fundamentarse, como se propugna desde los sectores ya mencionados, en la sustitución de la actual segmentación por una inseguridad laboral generalizada. Sino, más bien, en una mayor seguridad jurídica de las causas de despido, en la estabilidad laboral y la calidad del empleo; y en una flexibilidad pactada y sostenible. Y, como tercera afirmación, sostenía que en España se pierde empleo, en momentos de crisis, mucho más rápidamente que en otros países europeos por la sencilla razón – aunque no sea la única – de que aquí es más fácil despedir que en otros lugares. Por supuesto a los contratados temporalmente, pero también a los fijos. Y ello pese a que en España el precio del despido improcedente es superior.

El sindicato mayoritario en Euskadi, ELA-STV, convocó recientemente una huelga general con la “excusa” de la crisis en el País Vasco y Navarra, acompañado en esta ocasión por LAB, pero con llamamientos a la huelga por separado. La convocatoria- “contra la crisis, la destrucción de empleo y el chantaje de la patronal”-, resultó imprecisa y los sindicatos nacionalistas no concretaron sus reivindicaciones, ni se conoce un manifiesto que justificara la huelga; tampoco se ha sabido contra quienes se han llevado a cabo las movilizaciones.

Las elecciones al Parlamento Europeo (PE) del próximo 7 de junio no despiertan de momento, según las encuestas, demasiado interés. Para ser más precisos, menos interés que nunca (en una senda que, en cada convocatoria, ha registrado decrecientes niveles de participación). Ello es, seguramente, tan explicable como lamentable. Explicable porque los ciudadanos europeos consideran que siguen siendo los espacios nacionales los esenciales de la política democrática, que el campo político europeo acostumbra a ser más un ámbito de compromisos que de confrontación entre alternativas políticas y que desde la UE se contribuye poco, en momentos decisivos como los actuales, a realizar una política realmente común frente a las mayores preocupaciones de los ciudadanos. Pero lamentable también, porque esa impresión es, en gran medida, equivocada: los poderes cedidos por los Estados nacionales a la UE – política monetaria, política de competencia, política de vigilancia presupuestaria, política comercial común, política agrícola común, etc. – condicionan de forma decisiva las políticas nacionales. Y porque si siguen aumentando las tendencias euroescépticas, intergubernamentales, renacionalizadoras y conservadoras, las soluciones a esas grandes preocupaciones ciudadanas (la crisis y el paro, el aumento de las desigualdades, las deslocalizaciones de empresas, el deterioro de los servicios esenciales) en lugar de ser más acordes con sus deseos pueden ir en una dirección aún más contraria a sus intereses.

Desde comienzos de año, y coincidiendo con la parte más dura de la crisis, estamos asistiendo a la mayor ofensiva neoliberal de los últimos años encabezada por la derecha económica y la CEOE que se siente además apoyada por las declaraciones del gobernador del Banco de España y de economistas, se dice, de “reconocido prestigio” en torno a FEDEA. Incluso el señor Aznar y la FAES jalean las medidas más duras contra los trabajadores para superar la crisis económica, y todo indica que su doctrina está sirviendo de referencia para configurar la política de oposición del PP en la actualidad.

Los trabajadores precarios ya tienen quien les defienda. Quien les defienda bien. No como les defienden los sindicatos que sólo pretenden que dejen de ser precarios. Están surgiendo como hongos empresarios y directores de recursos humanos, profesores y editorialistas que se erigen en sus auténticos defensores. Estos sobrevenidos paladines de la lucha contra la segmentación del mercado de trabajo y de los trabajadores temporales han encontrado la mejor solución para evitar el agravio comparativo que estos sufren: convertir a todos los trabajadores en precarios. Para ello proponen establecer un contrato de trabajo único.

El 1º de mayo representa una fecha emblemática y reivindicativa para los trabajadores de todos los países del mundo y se celebra de acuerdo con la decisión tomada, en París, en el año 1889, en el segundo Congreso Internacional Obrero Socialista, al que acudió Pablo Iglesias, en recuerdo de los mártires de Chicago muertos en el año 1886 por reivindicar la jornada de 8 horas.

Las observaciones realizadas por el Gobernador del Banco de España, en esta ocasión ante la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, han acaparado de nuevo el primer plano del debate nacional. Y tampoco esta vez han estado exentas de controversia. De su comparecencia, tres son los mensajes que han tenido mayor repercusión: la afirmación de que las cuentas de la Seguridad Social podrían dejar pronto de estar en superávit, la hipótesis de aumentar la edad de jubilación y/o de incrementar el número de años para realizar el cálculo de la base reguladora de las pensiones y, por otra parte, la pregunta retórica sobre los altos índices de desempleo en España en relación con los de otros países europeos. Alguna de estas cuestiones no figura en el texto escrito difundido por el Gabinete de Comunicación del Banco de España y, en cambio, dicho texto contiene otras posibles actuaciones en el campo de las pensiones de importancia igualmente relevante: la reducción de la tasa de sustitución (reducción del porcentaje de la cuantía de la pensión en relación con el salario en activo) y la modificación de la actual compensación a las pensiones por la desviación de la inflación (para hacerla más simétrica con la desviación de la inflación: no se entiende por lo dicho si es para que todas las pensiones, las altas y las bajas, recuperen el mismo porcentaje o si de lo que se trata es de que las pensiones también puedan decrecer en el supuesto de que la inflación final sea inferior al aumento inicial de las mismas{esto es lo que había escrito antes de saber ayer que el Banco de España se refería a la segunda opción, como era previsible. Algo que ye el PP intentó hacer en 1997 y 1998 pero que, finalmente, no se atrevió a hacerlo]). Pero vayamos por partes.

Desde 1996, los sindicatos a nivel mundial vienen recordando a las víctimas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el 28 de Abril de cada año. Esta iniciativa fue asumida por la OIT que convirtió esa fecha en una jornada mundial para llamar la atención sobre los accidentes y las enfermedades provocadas por el trabajo. Por su parte, y a propuesta de la Comisión Nacional de Seguridad en el Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por Orden de 30 Marzo de 1999, también convirtió el 28 de abril en el día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se debería de celebrar todos los años en nuestro país.

El proteccionismo se ha convertido en el peligro a evitar. No hay declaración política en la que no se haga auto de fe de la necesidad de impedirlo. Aunque, en realidad, todos tratan de ponerlo en práctica, sin confesarlo e, incluso, negándolo. De hecho, todos los países desarrollados han edificado su desarrollo industrial sobre la base del proteccionismo de determinados sectores. Baste recordar, al respecto, las subvenciones europeas y estadounidenses al sector agrícola. O el éxito de algunos países que, como Corea, han basado en el proteccionismo su inserción en el comercio internacional. Los mismos grandes países que hoy claman contra el proteccionismo son los que en la práctica comercial de todos los días son favorables al libre cambio sobre todo cuando son ellos los más fuertes y competitivos. Dicho de otra manera, suelen ser librecambistas para los otros y proteccionistas para ellos.

La Unión General de Trabajadores (UGT) acaba de inaugurar su 40º congreso desde su fundación en Barcelona, en el año 1888, por lo tanto hace 121 años, bajo el eslogan “El Trabajo es Primero”. Se trata del primer sindicato constituido en España, por eso no es de extrañar que la historia de UGT se confunda con la historia del movimiento obrero al participar directamente en las movilizaciones y en los logros conseguidos por los trabajadores a lo largo de su dilatada historia.