Categoría: Políticas de la Tierra

En un artículo de principios de febrero de este año señalábamos que se iniciaba una nueva época en la sociedad española, que previsiblemente iba a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que, previsiblemente, nos llevaría a un fuerte recorte en algunas libertades sociales, a un retroceso en la calidad ambiental, a una profundización en la recesión y a la agudización de los problemas ligados a las Políticas de la Tierra. Todo ello como resultado de unas políticas del nuevo Gobierno absolutamente incompatibles con un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, que son las pautas tradicionales de lo que se denomina la senda del desarrollo sostenible.

La justificación que el Gobierno viene dando a la asunción de políticas tan social, económica y ambientalmente regresivas es la de que no le dejaban ninguna alternativa los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero con la Unión Europea y la herencia recibida: deuda y déficit, cifras de paro, reducción del PIB y pérdida de confianza en España con fuerte elevación de la prima de riesgo a cifras inasumibles por nuestra economía a medio y largo plazo. Pero, por si el culpabilizar al anterior Presidente del Gobierno no era suficiente, el propio Presidente del Gobierno actual ha reiterado en distintas ocasiones que ahora estamos pagando el haber vivido por encima de nuestras posibilidades y que es él el que se ve obligado a resolver la nefasta situación a la que todos los españoles hemos conducido al país.

El Presidente del Gobierno y el Ministro de Agricultura (¿y del medio ambiente?) han anunciado su presencia en la Cumbre de la Tierra ‘Rio+20’, que se celebra en junio de este año, destacando que una de las propuestas que puede salir en la misma es la creación de unos “objetivos del milenio del desarrollo sostenible”.

Como todo el mundo sabe a estas alturas de la película, un desarrollo sostenible ha de producirse simultáneamente en los ámbitos interrelacionados económico, social y ambiental, y tener en cuenta sus dimensiones territoriales y globales. Pero en ninguna de estas dimensiones ni las políticas desarrolladas, ni los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno ayudan a avanzar hacia este desarrollo sostenible, sino todo lo contrario. Y es urgente darse cuenta de este hecho y proponer alternativas viables antes de que la insostenibilidad termine en tragedia. A ello intentamos colaborar con este artículo, constatando, en primer lugar, que pese a que España ostenta, en la actualidad, la presidencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo que es posible que salga reforzado con su conversión en una agencia de la ONU, lo que le permitiría contar con su propio presupuesto y campo de actuación para promover los que intentan ser ámbitos de incentivación específica de ‘Rio+20’, como son la economía verde, la energía limpia y la coordinación entre las agendas de medio ambiente y desarrollo (aspecto este último a cuya necesidad ha llegado finalmente la ONU, para hacer consistentes las propuestas que se realizan al respecto desde distintos ámbitos de la propia Organización).

La costa ha ejercido desde siempre una fuerte fascinación sobre los humanos. En estas latitudes, y especialmente en el mediterráneo y las islas, la belleza del paisaje, la moderación del clima, las posibilidades de recreo han supuesto y suponen una fuerte atracción. En la franja litoral reside una parte importante de la población y se posicionan sectores estratégicos claves del país: el turismo, la pesca, la acuicultura, el sector portuario, etc… Los 8.000 kilómetros de litoral, si se consideran los primeros 500 metros, delimitan una franja escasa, del orden del 0,5% de la superficie del país (y del 4,2%, hasta los primeros cinco km). Esta superficie concentra el 44% de la población y tiene además valiosos espacios protegidos (Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera, Cabo de Gata, etcétera) con sus importantes bienes y procesos ecológicos a conservar. Los valores naturales, la calidad del agua y paisajística que todavía quedan están relacionados con el 80% de los turistas que van al litoral del total de los 55 millones que visitan España. Este sector se revela como uno de los escasos que pueden seguir tirando de la economía nacional.

El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Día que, para este año 2012, Naciones Unidas ha centrado en el objetivo de considerar la relación entre Agua y Seguridad Alimentaria, en una dinámica global en la que el recurso hídrico adquiere importancia y conflictividad creciente. A escala planetaria, las demandas de agua se han más que triplicado desde 1950, creciendo más que proporcionalmente al fuerte incremento de la población registrada. En pleno siglo XXI muchos millones de personas no tienen acceso a un agua potable de calidad y, en muchos países, el agua sigue siendo un instrumento militar y de sometimiento. Las enfermedades que se propagan por el agua causan cada año la muerte a más de 1,8 millones de personas, la mayoría niños, y un quinto de la población mundial no tiene acceso a agua potable segura, a la vez que el deterioro en el ciclo del agua es una de las causas de la gran sexta extinción de especies en que nos encontramos (mayor información sobre la situación del agua en el planeta puede obtenerse en water-decade@un.org ??www.un.org/waterforlifedecade.

En muchas ocasiones a lo largo de mi vida docente, o en distintas conferencias, me han planteado si era posible que la humanidad aspirara a lograr los famosos Objetivos del Milenio para el 2015, y a conseguir que también en el mundo desarrollado fuera posible, entre otros aspectos destacados, disponer de alimentos sanos certificados, niveles de contaminación que no afectaran a la salud, energía limpia renovable, productos totalmente bio-degradables, y una educación solidaria con el planeta y la población futura (sostenibilidad) y con la población actual (promoción de los valores de la cooperación y la concertación sobre los de la competitividad).

Del 13 al 22 de junio de este año se celebra en Rio de Janeiro la Convención de Desarrollo Sostenible, una de las cuatro Convenciones de Naciones Unidas (junto a cambio climático, lucha contra la desertificación y biodiversidad) que tratan de atajar dinámicas mundiales en las que los efectos externos de la actuación de unos países con respecto al resto tienen graves repercusiones, y de cuyos resultados se supone que se pueden derivar mejoras sustanciales para el bienestar y sostenibilidad de la población sobre el planeta. Allí se llevarán a cabo: la siguiente “Cumbre de la Tierra” (Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible), que reúne a los Gobiernos y los jefes de Estado; el “Foro de Partes Interesadas” (Stakeholder Forum), con las organizaciones no gubernamentales del sistema de Naciones Unidas; y la “Cumbre de los Pueblos”, con los representantes de ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de debatir tres cuestiones fundamentales:

“1. ¿Qué ética necesitamos para sentar las bases de una nueva civilización que haga frente a los peligros del mundo actual, cree nuevas formas de vida y abra nuevas perspectivas a la aventura humana en el comienzo del siglo XXI?

2. ¿Qué organización debe concebirse para construir una nueva gobernanza mundial?

3. ¿Cómo construir una economía sostenible capaz de hacer frente a la pobreza y a la concentración de la riqueza?”. (http://rio20.net/proceso).

Se ha escuchado que este momento de crisis no es el oportuno para las políticas ambientales, o para la lucha contra el cambio climático. Y sin embargo quizás sea este el momento más apropiado, no solo para plantear estas cuestiones sino para trabajar en serio sobre ellas.

Es posible que esta no sea una más de las crisis del capitalismo, sino consecuencia consustancial a un sistema socialmente injusto, y económica y ambientalmente insostenible, de forma que lo que bajo ella subyace sería una profunda crisis ambiental, cuyo origen se encuentra en el uso abusivo y en la depredación del territorio y de los recursos naturales del Planeta durante el último siglo, inherente a la lógica capitalista, con su creciente secuela de hambre y miseria para buena parte de la humanidad.

Se inicia el año 2012 y también una nueva época en la sociedad española, que previsiblemente va a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que previsiblemente nos va a llevar a las primeras etapas de la democracia en algunas libertades sociales y en el medio ambiente, o a las últimas del franquismo en algunos aspectos; a profundizar la recesión y a la agudización de los problemas de las Políticas de la Tierra, en un marco caracterizado por un cambio global, que nunca ha sido tan rápido como en la actualidad, donde cada noticia queda obsoleta a los pocos días de producirse, y es sustituida en los medios de comunicación por otra noticia, normalmente peor.

En esta década se deberían haber sentado las bases que permitirían el cambio de modelo hacia una sociedad más sostenible, o se tendrá que abordar el mucho más costoso proceso de adaptación a sucesivas crisis ambientales (cambio climático, crisis de recursos marinos, problemas con el agua potable y enfermedades asociadas, crisis litorales, problemas de precios especulativos en materias primas, etc.). Y una de las bases de este cambio necesario es el del modelo energético, ya que una parte muy sustancial de la insostenibilidad ambiental es la huella ecológica derivada del consumo energético.

El año 2012 se inicia con muy malos presagios en casi todos los campos y, como no, también en el de Políticas de la Tierra. Con la previsión de la continuación de las tensiones económicas sobre la Unión Europea, España presenta unas previsiones prácticamente unánimes de disminución de su PIB, con una entrada en recesión técnica, incremento del desempleo (ya por encima de los cinco millones a inicios del año 2012), disminución de la renta familiar disponible y debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar.