Han pasado más de treinta años, a lo largo de los cuales, con algunas arritmias, han madurado mucho las relaciones laborales y se ha ido consolidando un interesante proceso de concertación y de diálogo social, considerado, poco menos que ejemplar, dentro y fuera de nuestras fronteras. Diálogo social que incluso se ha seguido desarrollando en plena crisis y hasta los primeros meses de este año. Pues bien, salvo algunos contactos sin frutos en relación a la Seguridad Social, el Gobierno del Partido Popular ha prácticamente dinamitado tanto el diálogo como la concertación social. Para complicar más el panorama y, en contra de lo que hasta por razones estéticas cabría esperar, la patronal española, firmante de los relevantes acuerdos con los sindicatos del pasado enero, no sólo ha renunciado a reivindicar lo acordado, sino que algunos de sus más cualificados representantes han jaleado al Gobierno en su deriva hacia la involución social, política y democrática a la que está conduciendo al país.
Por poner algún ejemplo próximo, y tomando como referencia el brutal acoso al que el Gobierno está sometiendo a los empleados públicos en forma de despidos, rebajas salariales, aumento de jornadas y demás atropellos al uso, resulta vergonzoso que la dirección de la CEOE reclame más recortes y despidos en la función pública (El País, 19 de julio de 2012). Demanda impresentable cuando la patronal sabe de sobra que España está en el furgón de cola de los países europeos en cuanto a la proporción de empleados públicos respecto del total de la población. Diferencia por otra parte coherente con nuestros peores servicios sociales, la menor presión fiscal y el menor gasto público en protección social.
Se entiende que, dados los intereses que defiende, la patronal quiera que los empresarios hagan negocios privados con la salud, la educación y las pensiones de los españoles. Pero en el contexto que vive hoy nuestro país convendría tener mucha prudencia respecto de declaraciones que sólo sirven para echar más leña al fuego de la indignación ciudadana. Además, no hace falta que las hagan, porque ya se encarga el Gobierno de satisfacer deseos empresariales que hasta hace poco les parecían inalcanzables, entre ellos la progresiva demolición del Derecho del Trabajo vía reforma laboral, la reducción de las cotizaciones sociales o los hachazos a los servicios y prestaciones públicas. Por si les cupieran dudas de la voluntad del Gobierno en esto de los recortes en la función pública ahí tienen una valedora que, en evidente muestra de analfabetismo político, ha hecho la siguiente declaración: las Administraciones Públicas no tienen como función ser agencias de colocación, para eso no pagan los ciudadanos sus impuestos, y deben dedicar el dinero público a ayudar a quienes sí deben crear puestos de trabajo: empresas y autónomos (Europa Press, 9 de julio de 2012). Semejante concepción, que en su expresión última significaría la desaparición de cualquier servicio público, desborda el ideario de la más cavernaria de las derechas europeas. La frase la ha pronunciado nada menos que la Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla-Mancha, doña Dolores de Cospedal. ¿Le parece insuficiente a la patronal?
Algún día se superará la crisis. No es predecible el grado de deterioro en que quedarán los servicios y prestaciones públicas, la cohesión social y el nivel de vida de la gente. Tampoco está claro que vuelva a experimentarse un fructífero diálogo social. Incluso sería aventurado vaticinar cómo reaccionará la ciudadanía cuando, mirando hacia atrás, mida estas y otras variables e identifique a quienes más han contribuido a que el futuro aparezca con tintes tan oscuros como los que vemos hoy. Precisamente por ello lo prudente sería que el mundo empresarial no apareciera participando activamente en un nuevo maridaje con la política y decisiones de este infausto Gobierno.
