Debe quedar claro, y ser aceptado por todos en democracia, que la situación de Díaz Ferrán en la cúpula de la CEOE depende de los empresarios. Dicho eso, resulta poco comprensible que un empresario con serios problemas en sus empresas encabece una organización empresarial en nuestro país en una situación económica particularmente difícil (bastantes problemas y preocupaciones tiene con reflotar sus empresas), a no ser que intente aprovecharse de su posición- algo que resultaría inconcebible- para obtener ventajas para sus empresas, o se deba a motivaciones de claro matiz político.

La situación se agrava porque la CEOE es beligerante a favor de las políticas neoliberales causantes de la actual crisis económica y del creciente desempleo, que deberían estar en retroceso ante el fracaso de sus postulados (más mercado y menos estado, y defensa de la autorregulación). Por el contrario, sus defensores se encuentran en plena ofensiva en relación al mercado de trabajo (despido más barato y sin tutela judicial); las pensiones (recortes de prestaciones y apuesta por los fondos privados complementarios de pensiones); y la fiscalidad (reducción de impuestos).

A ello hay que añadir una nueva ofensiva que se viene planteando desde hace varios días en relación con los salarios y la negociación colectiva. Según la CEOE, el aumento de los costos salariales en nuestro país, en 2008 y 2009, son los causantes de la pérdida de puestos de trabajo. Esta declaración se produce después de años de moderación salarial (en algunos años los salarios han perdido presencia en el PIB) y de haber firmado, con CCOO y UGT, el AENC. Un acuerdo que, si bien contempla la cláusula de revisión salarial, tendrá en la práctica serias dificultades para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso es bueno para los empresarios; y por lo tanto sólo resulta concebible en un contexto de crisis y a cambio de mantener, cuando menos, el empleo. Además de representar, desde la responsabilidad, una nueva aportación sindical para ayudar a salir de la crisis y crear nuevos puestos de trabajo.

En todo caso, esta política salarial demuestra una actitud interesada de los dirigentes empresariales y una nula capacidad de análisis de la situación económica, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los expertos coinciden en que una drástica reducción de los salarios sería nefasta para el consumo y por lo tanto para el crecimiento y el empleo, y no al revés, como plantea la CEOE.

La conclusión es clara: los empresarios no están interesados, ni confían, en el cambio de nuestro modelo productivo y siguen apostando por un desarrollo económico basado en la intensificación del trabajo, los bajos salarios, la precariedad, y la baja protección social; en definitiva por el “dumping social” y el mantenimiento de una política ya superada que será incapaz de competir en un mundo globalizado.

Sin embargo, lo más grave de la situación es que se utilizan datos, sin conocer su fuente, que no se corresponden con la realidad. Además, preocupados por los salarios, hacen abstracción de las escandalosas retribuciones sin control de los ejecutivos de bancos y grandes empresas (el consejero delegado del Banco de Santander tuvo una nómina, el año 2.008, de 8,440 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, casi 24.000 euros al día- más que un trabajador con ingresos medios en un año- y, por lo tanto, 1.000 euros a la hora) y de las altas percepciones económicas, simplemente por acudir a los consejos de administración (los consejeros independientes de las empresas cotizadas cobraron de media 107.000 euros en 2.008), según datos publicados recientemente en diversos medios de comunicación.

No es verdad que los salarios sean los culpables de la crisis, ni que sean los causantes del desempleo en nuestro país. En España los salarios son bajos sin paliativos: según la OCDE, en el año 2.007, ocupaba el tercer lugar por la cola en cuanto al salario medio anual entre 15 países europeos, sólo por encima de Portugal y Polonia. Los datos demuestran que los países con salarios más altos (Alemania, Bélgica, Holanda, Francia…) se han comportado mejor en relación con el empleo. Por el contrario, España, con salarios más bajos, ha registrado cifras más altas de paro; ello significa que los salarios no son los culpables del desempleo.

Los últimos datos del cuarto trimestre de 2.009, de la encuesta trimestral de costes laborales (INE), señalan que el crecimiento de los salarios ha sido más moderado que en los periodos anteriores y no se conoce una subida salarial tan escasa desde el último trimestre de 2.005 (2,6%). Según UGT, la subida del salario por trabajador en esa fecha (2,7% en cómputo anual) ha aumentado debido a que se está invirtiendo el efecto que predominó en los años de fuerte crecimiento económico- creación de empleo de baja cualificación- cuya remuneración resultaba competitiva para las empresas en términos de costes salariales y laborales. Este tipo de empleo es el primero que se destruye en etapas de crisis, por lo tanto el aumento medio de salario se debe a la destrucción masiva de empleo barato. Efectivamente, en los dos últimos años (entre el cuarto trimestre de 2007 y el de 2009) perdieron su empleo 1.332.100 asalariados temporales, según la EPA. Precisamente este tipo de trabajadores cuentan con peores condiciones laborales en cuanto a contratos, duración de los mismos y remuneración. En términos absolutos, su salida del mercado de trabajo deja a la vista unos salarios relativamente más elevados que los que reciben los trabajadores que mantienen su puesto de trabajo.

Por todo ello, hay que insistir, una vez más, en que la destrucción de empleo en España tiene mucho que ver con nuestro modelo productivo y nuestra dependencia del ladrillo, así como con la precariedad de nuestro mercado de trabajo (fraude, temporalidad, rotación, y encadenamiento de contratos) y, desde luego, con las facilidades de despido existentes y la actitud abusiva de los empresarios que despiden a las primeras de cambio, en ocasiones en fraude de ley, olvidando los beneficios obtenidos en la etapa de fuerte crecimiento de la economía. Otro ejemplo significativo se refiere a Alemania donde, en los últimos 10 años, han disminuido el número de trabajadores en la construcción en torno a 600.000, mientras que en España, en ese mismo periodo, aumentaron en torno a 1.300.000, lo que ratifica el análisis anterior de manera terminante. Este fenómeno no se ha producido en nuestro país en el sector industrial, lo que ayuda a comprender el efecto demoledor del sector de la construcción (llegó a un 60% de precariedad) en los despidos temporales.

La CEOE también se está refiriendo a los desorbitados costos del despido de los trabajadores fijos, una vez resuelto el costo- prácticamente nulo- del despido temporal. El costo del despido de los trabajadores fijos es más alto porque los empresarios, de manera interesada y para reducir plantillas, utilizan preferentemente el despido improcedente (despido expres sin control judicial, que representa el 36% de los desempleados que reciben prestación contributiva por desempleo), que resulta lógicamente más caro (45 días por año trabajado, con límite de 42 mensualidades), y no por el despido individual por causa objetiva ( sólo el 7% de los beneficiarios que perciben prestación contributiva) con indemnización por despido sustancialmente menor (20 días por año), y que hay que justificarlo, en un proceso más lento, en términos judiciales. Al margen quedarían los expedientes de regulación de empleo para los despidos colectivos (5% de los beneficiarios que perciben prestación contributiva).

En cuanto a la negociación colectiva podemos manifestar que, en términos históricos, ha sido la base de las relaciones laborales en todos los países desarrollados y ha resultado particularmente útil para los empresarios en la etapa reciente de crecimiento de la economía (moderación salarial). En cambio, no se acepta en un contexto de crisis y alto índice de desempleo, lo que resulta lamentable y de difícil explicación. Los empresarios, a pesar de la vigencia del AENC, quieren convenios y pactos a nivel de empresa (indefensión del trabajador en las pequeñas empresas) sin aceptar como obligada la referencia de un convenio superior (provincial o nacional de sector). El resultado de esta política traería consigo en la práctica la congelación salarial y no la moderación salarial recientemente acordada.

Los responsables de la CEOE manifiestan que no se debe obligar a las empresas a que apliquen un convenio superior de eficacia general, y por lo tanto plantean la voluntariedad en función de las circunstancias, a pesar de que el AENC contempla el descuelgue del convenio para empresas con problemas económicos o de organización. El siguiente paso sería negociar en los centros de trabajo sin referencia sectorial y después prescindir, incluso, de los convenios colectivos a ese nivel sustituyéndolos por acuerdos individuales. Finalmente, sólo quedaría reducir la interlocución social (sindicatos) de los empresarios a la mínima expresión, como proponen algunas escuelas de negocios… Todo un despropósito, inconcebible en una asociación empresarial que se está ganando a pulso ser la más rancia y desfasada de la UE, lejos de la modernidad y de la responsabilidad exigible en las actuales circunstancias.