El debate sobre el Estado de la Nación y la precampaña electoral han oscurecido la nueva ofensiva de la CEOE encaminada a flexibilizar aún más la contratación laboral, devaluar los salarios y reducir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social. La justificación de estas medidas tiene una relación directa con su apuesta decidida por la competitividad en base a bajos salarios, baja protección social y un alto índice de desempleo y de precariedad de nuestro mercado de trabajo y, además, resulta coherente con las políticas neoliberales vigentes en la UE, así como con la filosofía que inspira la actual reforma laboral (desregulación extrema) y los postulados ideológicos que viene defendiendo el Gobierno del PP. Lo más llamativo de esta ofensiva es que se ha producido sin el previo conocimiento de los sindicatos y en el mismo momento en que se está negociando la firma de un nuevo Acuerdo de referencia para fijar los salarios en los convenios colectivos de los próximos dos años. Todo indica que se hace con el propósito de encarecer el Acuerdo y, desde luego, presionar a los sindicatos y a un gobierno predispuesto a hacer concesiones a los empresarios (incluso en el nuevo modelo de formación), ante la proximidad de las elecciones municipales y de CCAA.

La CEOE reivindica el denostado contrato de fomento del empleo; aumentar el encadenamiento de contratos temporales; eliminar la causalidad de los contratos eventuales, de obra y servicio; flexibilizar aún más los contratos de formación, aprendizaje y prácticas; así como potenciar el contrato a tiempo parcial. En definitiva, defiende de manera interesada, los contratos baratos y los contratos sin causa que los justifique y, en particular, el contrato a tiempo parcial que, en la práctica, como denuncian CCOO y UGT, se ha convertido en un contrato de plena disponibilidad ante una llamada de los empresarios, sobre todo cuando el preaviso para modificar la jornada se redujo en su momento de siete a tres días y el volumen de horas complementarias se amplió del 15% al 30% de la jornada ordinaria e, incluso, puede alcanzar el 60% si así lo determina un convenio. Debemos recordar, una vez más, que el contrato a tiempo parcial resulta involuntario en la mayoría de las ocasiones (el 62,7% en 2014, frente al 35,5% en 2008), lo que significa que, en la práctica, los empresarios disponen de un contrato ultra flexible y barato que, en la práctica, reparte el escaso trabajo existente, con las consecuencias negativas que ello tiene para la carrera profesional de los jóvenes, su vida familiar y el futuro de sus pensiones.

En relación con los salarios, la CEOE insiste en la moderación salarial y propone un incremento de salarios por debajo del 1% -al amparo de la baja inflación-, a pesar de que el salario medio por trabajador ha perdido poder de compra desde 2010 (7,1 puntos), el SMI acumula una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos desde esa fecha y, sobre todo, los empleados públicos han sufrido una fuerte pérdida de poder de compra, que se sitúa entre el 17 y un 24% en los últimos cinco años (congelación salarial, eliminación de pagas extra, retirada de complementos…), según denuncia UGT. En estas circunstancias, la CEOE no tiene para nada en cuenta -a efectos de llegar a un acuerdo- el reparto de los beneficios que se están generando por el aumento de la productividad; el mayor crecimiento esperado de nuestra economía; y la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, con el propósito de estimular el consumo, el crecimiento económico y la creación de empleo.

Por último, la CEOE propone reducir las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social, con el argumento de crear empleo, cuando ha quedado demostrado que esta medida en absoluto crea empleo. Por el contrario, beneficia exclusivamente a los empresarios y pone en grave riesgo la sostenibilidad del Sistema económico de la Seguridad Social que, precisamente, ha justificado en los últimos años las medidas regresivas y los recortes a los actuales y futuros pensionistas (ruptura del Pacto de Toledo, retraso de la edad de jubilación, pérdida del poder adquisitivo de las pensiones…), lo que resulta sumamente contradictorio con la reducción de las cotizaciones sociales que ahora vuelven a exigir los empresarios con su propuesta.

Los sindicatos (UGT y CCOO) son muy claros en este sentido y recuerdan que las empresas españolas no necesitan reducir más sus cotizaciones a la Seguridad Social para ser más competitivas; simplemente porque los costos laborales en España ya son muy inferiores a la media europea (21,1 euros/hora frente a 28,2). A ello debemos añadir que la competitividad vía reducción de costes no ha dejado de crecer desde 2009 en relación con la UE: los costos unitarios han caído en España 7,3 puntos de 2009 a 2013, mientras que en la zona euro han aumentado 3,3 puntos.

Por el contrario, una medida de esta naturaleza aumentaría el déficit de la Seguridad Social previsto en los PGE-2015 (0,6% del PIB: más de 6.000 millones de euros, según CCOO). A lo que hay que añadir la disminución paulatina del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, entre 2012 y 2014, se redujo en 34.000 millones de euros (actualmente, la cuantía del Fondo asciende a 41.000 millones de euros).

A pesar de estos datos, el Gobierno ha aprobado unilateralmente una nueva reducción de las cuotas empresariales (exención de los primeros 500 euros en los contratos indefinidos durante dos años). Según el PSOE, se trata de un nuevo regalo a los empresarios (supera los 1.500 millones de euros), que sustituye a la actual Tarifa Plana que vence el próximo 31 de marzo. Debemos recordar que dicha Tarifa ya ha significado la pérdida de 1.260 millones de euros, en el año 2014, en los ingresos por cotizaciones sociales. Se trata de una medida regresiva, de marcado carácter electoral, encaminada a establecer un Estado Social de Mínimos y a potenciar el sistema complementario de pensiones (sólo lo suscriben los más favorecidos), como viene reclamando desde hace años y, de manera interesada, el sector financiero.

Por lo tanto, ya va siendo hora de que se exijan responsabilidades a la CEOE sobre la actual crisis económica y las abultadas cifras de desempleo, de precariedad, de fraude fiscal y de economía sumergida en nuestro país; sobre todo cuando están recibiendo del actual gobierno todo tipo de ayudas, con el subterfugio de crear empleo sin conseguirlo (reforma laboral, subvenciones a la contratación, desgravaciones fiscales, Plan PIVE, rescate bancario, socialización de pérdidas, privatizaciones…). También es el momento de exigir a la CEOE que combata la especulación/corrupción (con empresarios involucrados) y el fraude fiscal, así como que también asuma, como propia, la decisión de cambiar nuestro modelo productivo (apostando por un fuerte sector industrial) y la consolidación de un moderno tejido empresarial basado en la investigación, el talento, la educación, la cualificación profesional, la organización del trabajo, la productividad y el desarrollo tecnológico en un mundo globalizado.

Por eso, en estos momentos resulta inaceptable que determinados analistas, de marcado pensamiento neoliberal, centren solamente su atención en la necesidad de modernizar los sindicatos y se olviden por completo de la responsabilidad y compromisos que tienen que asumir las empresas en una economía social de mercado.

En este sentido, debemos recordar la crudeza del capitalismo financiero y el carácter despiadado de muchas empresas, así como la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales que, incluso, tienen una fuerte presencia en los medios de comunicación por sus escándalos, casos de corrupción y procesos judiciales abiertos (Díaz Ferrán y Arturo Fernández, entre otros). Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a muchos trabajadores buscando trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas y de ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores sería interminable. Por eso, en vez de hablar tanto de flexibilidad, del costo del despido y de reducir los salarios se debería poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero mientras el ejecutivo de turno se enriquece. También resulta habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores (el último ejemplo de Coca Cola es muy significativo, relevante y particularmente repugnante).

Esta situación hace ineludible avanzar en la democracia económica, término olvidado en los últimos años, como se olvidó antaño la llamada democracia industrial. La participación plena de los trabajadores y sus sindicatos y la transparencia que se debe exigir sobre todo a los grandes grupos empresariales requiere establecer, cuánto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios para que exista tanto un control democrático por parte de los trabajadores, como los contrapoderes que establezcan el necesario equilibrio. En este contexto resulta comprensible que el movimiento sindical reclame con reiteración, en el ámbito europeo, medidas que resultan urgentes: el establecimiento de las bases jurídicas que hagan posible la negociación colectiva en el ámbito europeo; el establecimiento y la consolidación de los derechos de información, consulta y negociación en las empresas medianas y grandes que operan en la UE; y la constitución de un mayor número de comités de empresa europeos reforzando las experiencias positivas que se están desarrollando actualmente.

Por todo ello, el pretendido Acuerdo entre los interlocutores sociales, que serviría de referencia a la negociación colectiva, no puede contemplar una nueva devaluación salarial y mucho menos basarse en nuevas renuncias de los trabajadores. Por lo tanto, la CEOE debe asumir un acuerdo razonable que tenga en cuenta el empleo, un crecimiento real de salarios, la modernización del tejido empresarial y el desarrollo del concepto de responsabilidad social en las empresas. Debemos recordar que los empresarios ya cuentan con una regulación laboral flexible, una relación de fuerzas muy favorable, un movimiento sindical a la defensiva, una fuerte devaluación salarial y subvenciones de todo tipo a la contratación. A pesar de todo ello, la CEOE, todo hay que decirlo, en absoluto ha demostrado estar a la altura de las circunstancias; más bien se ha aprovechado en exceso de la crisis y también del apoyo del Gobierno para defender sus intereses. Por eso, la sociedad reclama con urgencia un cambio radical de su comportamiento y, como consecuencia, de la situación actual…