En dicho artículo, como cosa novedosa se define el concepto ‘búnker fiscal’ como la agrupación de los actuales paraísos fiscales y otras figuras tales como la propia City de Londres y Manhattan en Nueva York. Otro aspecto importante es la referencia de que los Gobiernos han extendido su preocupación a la elusión fiscal (utilizar los resquicios legales para pagar menos impuestos) y al efecto que la existencia s de paraísos fiscales tiene en la evolución de la crisis económica.

Concretamente, la solución propuesta es que el Consejo Europeo, en su reunión de 21 de mayo, acuerde compartir automáticamente toda la documentación sobre las ‘fuentes relevantes de impuestos’. No se concretan cuáles podrían ser las medidas coercitivas que se aplicarían a cualquier Estado que no acatara dichas obligaciones.

¿Qué ha ocurrido en dicha reunión? Siguiendo de nuevo a ‘El País’, ahora en su editorial del 23 de mayo, se informa de que EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y cuatro más que no se citan han acordado cinco medidas para atajar la situación citada antes. Dichas medidas se refieren a la fiscalidad del ahorro en la Unión Europea, al Impuesto Sobre el Valor Añadido, a las transferencias de beneficios entre compañías filiales y sus matrices, al lavado de dinero y, por último, se establece para los 27 un régimen general de información automática mutua.

El hecho de que en referencia a la información compartida los Bancos hayan planteado el elevado coste que va a suponer esta medida y que se va a repercutir a todos los clientes, pone de manifiesto la magnitud de la cantidad de datos que se van a manejar. Partiendo de esto, ¿están los Estados preparados para utilizar de manera efectiva toda esta información? Y especialmente, ¿lo está España?

En España funciona un organismo oficial dedicado específicamente a prevenir el blanqueo de capitales. Se trata de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que depende de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía. Se creó por Ley en 1993 y se ha actualizado de nuevo en el año 2010. En dicha comisión participan altos cargos de diversos organismos, entre los que pueden destacarse los Directores Generales de la Policía y la Guardia Civil, Fiscales Jefes y un Director General del Banco de España.

Para realizar las funciones encomendadas a la Comisión se creó el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC). Su personal está formado por empleados del Banco de España, funcionarios del Ministerio de Hacienda, guardias civiles y policías. De la Web del Servicio, que es muy escueta, se puede deducir que sus actividades fundamentales son el análisis de comunicaciones sospechosas proporcionadas por entidades de crédito y otras fuentes, la aprehensión de medios de pago y la inspección a entidades sujetas a su control. Concretamente en el año 2012 se recibieron 3.058 comunicaciones, se realizaron 501 aprehensiones y se llevaron a cabo inspecciones a 23 entidades.

Llegados a este punto, hay que volver a la idea de que en un futuro próximo la información que puede originarse por las nuevas medidas decididas por el Consejo Europeo puede ser inmensa, y que los medios del SEPBLAC sean insuficientes, habiendo por tanto que reforzarlos. Pero para esto no se debería esperar a la nueva normativa, ya que precisamente desde el SEPBLAC, y otros organismos, se debe desde ahora luchar contra el blanqueo de capitales con el máximo de esfuerzo.

Aparte de los medios del Servicio también están sus métodos de trabajo. Ya he dicho antes lo que presumo que hace el SEPBLAC, pero resulta que las entidades financieras y otras fuentes envían al mes casi 800.000 informaciones referidas a determinados tipos de operaciones. En esta inmensidad de datos deben de estar las pistas de los delitos que no están siendo detectados. Parece presumible que algunas de estas operaciones se estén investigando, pero no hay constancia de ello.

Precisamente, en el aspecto de los métodos, puedo hacer una modesta aportación, que es sugerir que se verifique -utilizando los métodos estadísticos adecuados- una amplia muestra representativa de estas operaciones, para su investigación exhaustiva. De esta manera se resolvería el problema de “la aguja en el pajar” común a la búsqueda de errores poco frecuentes, pero que suelen ser importantes.

Para acabar, y como ya es habitual en lo que escribo, echo de menos que en el seno del Congreso de los Diputados no se esté recabando una información amplia acerca de la actuación de la Comisión y del SEPBLAC. De esta manera las lagunas de información, que podrían estar justificadas por la materia a tratar, de alguna forma se compensarían. Esta exigencia de información se debería extender a los otros Organismos competentes en este tema.