Lo cierto es que el Gobierno Aguirre nunca quiso que se constituyera la Comisión de Investigación, aunque la aceptó con el único objetivo de frenar la Comisión de Investigación interna que había abierto la dirección nacional del PP. Desde su inicio todo han sido cortapisas para impedir su buen funcionamiento, se ha vetado documentación, comparecencias de personas que podían aclarar lo ocurrido, como también se ha impedido que las personas que han sido víctimas del espionaje, como es el caso de Manuel Cobo o Alfredo Prada pudieran confirmar en sede parlamentaria si se les ha espiado.
El Gobierno Aguirre, en coordinación con algún medio de comunicación, había diseñado desde el inicio un guión del que no se ha salido un ápice para negar los hechos y dar carpetazo así a la Comisión. Ha utilizado su mayoría absoluta para estirar el reglamento y finiquitar la investigación de unos hechos gravísimos que deben conllevar la asunción de responsabilidades políticas independientemente de los posibles hechos delictivos que conlleven.
Esperanza Aguirre ha impuesto su forma de gobernar, amordaza y limita las funciones del Parlamento autonómico mediante la imposición de su mayoría, de esta forma decide cuando y de que se pregunta en el pleno – son muchas las preguntas que se ha negado a tramitar la mayoría popular en la Mesa de la Asamblea de Madrid -, cuando se abre y se cierra la Comisión de Investigación o utiliza artimañas como ajustar sospechosamente los tiempos de las preguntas a los diputados de la oposición para evitar exigencias de responsabilidades políticas a miembros bajo sospecha del Gobierno Aguirre como el Consejero Granados. En definitiva, por salvarse de los escándalos que salpican a su Gobierno, Aguirre no duda en convertir la Asamblea de Madrid en cualquier cosa menos la sede donde reside la soberanía popular, que es donde deben esclarecerse hechos gravísimos como son el espionaje o las adjudicaciones irregulares que de forma horizontal se han realizado por parte del Gobierno regional.
Aunque la Presidenta de la Comunidad de Madrid trate de finiquitar el asunto, lo que es claro es que se han producido espionajes a compañeros de su propio partido, que en las adjudicaciones realizadas por algunos miembros del Consejo de Gobierno o se han producido hechos delictivos o comportamientos éticamente reprobables.
Por ello, Esperanza Aguirre, o en su caso Mariano Rajoy, deben cesar a quienes han amparado, han realizado o han permitido este tipo de hechos. El sistema democrático está en juego con comportamientos como los que hemos conocido en los últimos tiempos si no se actúa de forma determinante contra quienes los han realizado. No se puede pasar página sin más, como pretende la Presidenta regional, han de impulsarse todos los mecanismos para obligar al Partido Popular a responder a todas las cuestiones que se ha negado a responder en sede parlamentaria y, sobre todo, a asumir las responsabilidades políticas que se derivan de actuaciones irregulares o éticamente reprobables.
