Porque el poder judicial, como poder del Estado democrático, solo puede ser así un poder político y no «corporativo». Cuando en agosto de 1789 el abad de Sieyes fuerza la inclusión en el preámbulo constitucional de la fórmula «una sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada y la división de poderes determinada no tiene Constitución», sabía bien lo que estaba en juego: todo. Ese todo, se conoce desde que Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, dejase caer con elegancia en el capítulo 4 del libro XI de su Espíritu de las leyes, las palabras: «Para que no sea posible abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste al poder». Hoy en día los jueces de las democracias nada tienen que ver con aquellos otros cortesanos que sabían cuan fuente de fortuna era su cargo puesto al dócil servicio del príncipe. Y sucedía así no solo por la perversidad de los magistrados, que existía hasta la medula en el “Ancien Régine”. Pero perversos han sido siempre los hombres. Y lo serán: va en la condición del predador hablante. La cesión ante un poder irresistible viene de la necesidad que impone su monopolio. Cuando toda la carrera de un funcionario está en manos de una sola jerarquía, nadie tiene el derecho de exigir que se sea un héroe, ejerza de juez «de entrada» o en un tribunal superior. Quien todo debe a unos pocos, ejecuta solo lo que a esos pocos agrada, y ni siquiera necesitan que se lo digan: lo adivinan. En España está proclamada la independencia judicial no por azar o accidente, sino porque la Constitución de 1978 así lo ordena: independencia en el ejerció de la jurisdicción, que es cosa bien distinta que el gobierno del poder judicial, en el que ninguna jurisdicción se ejerce ni se puede ejercer.

Por todo ello, tras 30 años de CGPJ, quizá la cuestión reside en elegir a los mejores para el cargo, y no tanto en el método con el que se elijan.