Cabe analizar el comportamiento de al menos tres de los protagonistas de este episodio. En primer lugar, los controladores. Que nadie se llame a engaño. Ni hubo “provocación”, ni la suya fue una “reacción espontánea”, ni responde a una controversia sobre la “privatización de AENA”. Ni hubo intención jamás de convocar una movilización o una huelga con arreglo a Derecho. Los controladores abandonaron sus puestos de trabajo de forma masiva y concertada, contraviniendo la ley y ocasionando un grave daño a la sociedad española, con el único propósito de tomar a cientos de miles de viajeros como rehenes para que el Gobierno desistiera de la aplicación de la ley que acababa con sus privilegios desmesurados e injustificados.

¿De qué privilegios estamos hablando? Precisamente de los privilegios contenidos en la propuesta cerrada de convenio colectivo que los representantes de los controladores presentaron en el Ministerio de Fomento como “solución” al conflicto, tan solo dos horas después del plante “espontáneo”. Querían trabajar 250 horas menos y cobrar más horas extraordinarias. Querían recuperar su propia organización del trabajo, los turnos y los salarios, con independencia de las necesidades del servicio. Querían el control del acceso a la profesión y la formación de los nuevos controladores. Ni rastro de su supuesta oposición a las “privatizaciones”. Y si el Estado no accedía a tales pretensiones, el espacio aéreo español seguiría cerrado indefinidamente.

El segundo protagonista ha sido el Gobierno. Y últimamente parece casi obligado equilibrar las valoraciones o mantener cierta equidistancia. Pues ni equidistancia ni equilibrio. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. En febrero denunció un convenio laboral abusivo. En abril impulsó una ley que homologaba las condiciones laborales de los controladores españoles a los de sus colegas europeos, y que permitía rebajar nuestras tasas de navegación aérea. En mayo convocó cientos de plazas para nuevos profesionales. Y, mientras tanto, mantuvo siempre abierta la mesa de negociación para acordar un nuevo convenio. Pero el acuerdo era inviable, porque el “sindicato” de controladores mantenía como exigencia la derogación de una ley aprobada en Cortes por la representación de la soberanía popular.

¿Por qué una nueva vuelta de tuerca precisamente el viernes anterior a un puente? Porque en su estrategia de presión constante, los controladores había amenazado con abandonar sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución y las fiestas navideñas, argumentando falsamente que ya habían alcanzado el tope máximo de horas de trabajo aeronáutico que establece la ley para cada ejercicio. El Decreto del viernes venía a aclarar una contabilidad razonable para estas horas, sin sumar, por ejemplo, las guardias localizadas en casa. Además, el Decreto reforzaba los instrumentos a disposición del Gobierno en caso de un eventual conflicto, que horas después se confirmó.

¿Por qué una medida tan excepcional como el Estado de Alarma? Porque la Constitución y las leyes lo hacen legítimo. Porque el Gobierno está obligado a hacer todo lo posible por garantizar el derecho a la movilidad de los españoles y el buen nombre de nuestro país en el mundo. Y porque, como después se comprobó, solo la amenaza cierta de la aplicación del código militar, iba a hacer desistir a los chantajistas de su actitud irresponsable. Los servicios sanitarios deberían tomar nota del efecto positivo e inmediato que sobre la “salud” quebradiza de los controladores tuvo el último Decreto del Gobierno.

El tercer protagonista es el Partido Popular. Porque el PP tiene una responsabilidad directa en esta crisis. El convenio colectivo que otorgó a los controladores unos privilegios de escándalo y una capacidad de presión extraordinaria fue aprobado por un Gobierno del PP en el año 1999. Y parecía razonable que el principal grupo de la oposición contribuyera al menos a arreglar tal desaguisado. O que por lo menos no molestara. Pero el ansia de poder les ha llevado de nuevo por el camino del ataque furibundo y enfermizo al Gobierno socialista. Con tal de procurar el desgaste de Zapatero, Rajoy se ha situado más cerca de los agresores que de las víctimas en esta crisis.

En este tipo de desafíos al Estado, solo pueden contemplarse dos bandos. El bando de la ley y el interés general. Y el bando de los privilegios y el chantaje. Esperemos que nadie más se equivoque.