El segundo triunfo electoral de Bachelet, por su amplitud y oportunidad, despierta un caudal de expectativas en el país. En Chile, la izquierda habría participado en el gobierno más que en cualquier otro país de América Latina, desde el doble ciclo calamitoso padecido por la región en las últimas cuatro décadas: los sangrientos golpes militares y el costoso experimento económico conocido como «consenso de Washington». Y, sin embargo, la deuda social de la recobrada democracia chilena es enorme.

LA TAREA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA

Para superar las fuerzas de la dictadura, la izquierda tuvo que forjar un consenso llamado Concertación, que implicaba la colaboración con el centro-derecha. Pero, ante todo, aceptó una buena parte del modelo socio-económico pinochetista. Durante buena parte de los noventa, mientras otros países iberoamericanos permanecían atascados por la terrible herencia de la ‘década pérdida’, Chile parecía un elemento extraño en la región. Las ventajosas condiciones con que fueron atraídos los inversores privados, nacionales y extranjeros, propiciaron resultados macroeconómicos muy positivos.

Sin embargo, incluso en plena cresta de la ola del crecimiento, no fueron pocas las voces que alertaron contra el escaso impacto social de la prosperidad. O incluso algo peor: el perverso efecto que el crecimiento económico tan alabado fuera del país (y dentro: por los portavoces y propagandistas de sus beneficiarios) estaba teniendo para la gran mayoría de la población. Los Gobiernos de centro-izquierda, aún conocedores de esta situación, no quisieron o no pudieron revertir la tendencia.

En 2010, acabado el primer mandato de Bachelet, la coalición que había asegurado el final de la dictadura no presentó un candidato con suficiente crédito para rectificar el rumbo. Las bases progresistas dejaron de confiar en una fórmula agotada. El voto giró a la derecha. Caló el mensaje de Sebastián Piñera, un hombre de negocios que prometía eficacia, gestión empresarial. Política mediática, sin llegar al ‘berlusconismo’ que algunos temían. Al cabo, esta corta experiencia de una derecha supuestamente moderna y alejada de los fantasmas de la dictadura ha confirmado y consolidado el gran lastre del modelo chileno: la desigualdad.

La renta per cápita del país se ha multiplicado casi por cinco desde el final de la dictadura, hasta alcanzar los 20.000 dólares. Pero, como se ha repetido estos días hasta la saciedad, Chile es el país más desigual de los 34 que componen la OCDE. Hay muchos indicadores que lo atestiguan. El más utilizado internacional es el coeficiente de Gini. Este marcador refleja una mayor desigualdad cuanto más se aleja de cero. El 0,4 constituye ya una cifra inadmisible. En Chile alcanza el 0,52; eso, oficialmente, porque otros estudios lo elevan al 0,57. Según un estudio reciente de la Universidad de Chile, el 1% por ciento de los más ricos concentra casi la tercera parte (31%) de las rentas. Es un índice pavoroso, si tenemos en cuenta que en Estados Unidos, paraíso de la desigualdad entre los más países desarrollados, ese club famoso de ‘unocentistas’ no acumula más que una quinta parte de los ingresos (21%). Los asalariados chilenos no han visto mejorada notablemente su condición por el supuesto éxito del celebrado modelo nacional. La mitad de ellos gana menos de 400 euros.

EDUCACIÓN, PRIMERO

Durante sus cuatro años en La Moneda (2006-2010), Bachelet hizo un esfuerzo muy meritorio para corregir estas perversiones sociales y mejoró el sistema de salud (que ella conocía bien por su profesión médica) y los programas sociales, lo que le granjeó una gran popularidad. Pero no modificó sustancialmente el desequilibrio social. Consciente de que la clave para lograrlo es la formación de las clases más desfavorecidas, ha edificado el programa de Gobierno de su segundo mandato en torno al pivote de la educación.

La presidenta quiere destinar más de dos puntos del PIB en mejorar ese servicio básico, crear más universidades públicas y pagar los estudios al 70% más pobre de la población estudiantil. De alguna manera, es la retribución del dividendo social que la democracia adeudaba a las clases más desfavorecidas. Bachelet quiere sacar el dinero de elevar los impuestos más altos a las empresas más potentes, hasta un 25 por ciento de aumento, y acabar con el insólito privilegio que suponía poder aplazar de forma continuada el pago de las obligaciones fiscales de los beneficios reinvertidos. Chile presumía de ser un país moderno, europeo decían allí algunos, excepto en las exigencias impuestas al capital privado.

Bachelet supera el 57% de la mayoría parlamentaria exigida por la Constitución para introducir reformas educativas. Pero tendrá que afrontar resistencias peliagudas. La derecha económica y social ya está advirtiendo que la presidenta puede poner en peligro la inversión privada. Lo cual, en un ciclo económico que parece declinante, augura un clima de alarmismo político. Chile seguirá creciendo en 2014, pero a un ritmo inferior, en torno a un 4,2%, según la previsión del Banco Central, entre uno y dos puntos menos que el año pasado (5,6%). Algunos economistas chilenos que trabajan en instituciones internacionales anticipan un importante repunte del desempleo. En gran medida, estos nubarrones están motivados por el descenso del precio de la principal materia prima del país, el cobre, que puede suponer una pérdida acusada de ingresos: de 2.500 millones de dólares este año a sólo 600 millones en el primer año del nuevo mandato de Bachelet.

OTROS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS

La presidente electa ha prometido otros importantes cambios sociales. La mejora de la condición femenina no es el menor. A la desigualdad social, se une la de género. La mujer cobra, de media, la tercera parte que el varón. Por su desarrollo económico, Chile es uno de los países con menos mujeres a los mandos de empresas e instituciones. Muy espinoso será el reconocimiento de los «derechos sexuales y reproductivos», como gusta de decir Bachelet. No podrá dejar de abordar la relajación de las condiciones para abortar. Chile tiene uno de los sistemas más restrictivos del mundo, debido a la fuerte influencia de la Iglesia católica. Bachelet sabe que se enfrentará a una resistencia tremenda y ha sido muy cauta durante la campaña («una presidenta no puede imponer sus puntos de vista a la sociedad», ha dicho). Pero, para ella, que viene de dirigir el organismo de la ONU dedicado a la defensa de los derechos de la mujer, éste es otro objetivo inexcusable.

La reforma constitucional figura de forma destacada en el programa de Bachelet. Chile necesita sacudirse todos los resabios políticos restrictivos, emboscados en la Constitución diseñada por el pinochetismo. El sistema electoral binomial fue un ardid de la dictadura decadente para dificultar los cambios. Para acometer la modificación constitucional se necesitan las dos terceras partes de los votos del legislativo. Bachelet ha obtenido un éxito importante que le coloca al borde de esa mayoría. Podría complementarlo con los independientes, pero tendrá que empeñarse. Las resistencias se prolongarán en los tribunales.

Los medios conservadores -la inmensa mayoría, como en todas partes- ya anticipan que las enormes expectativas del segundo mandato de Bachelet podrán convertirse en un peligro. En Nueva Mayoría, la coalición que ha posibilitado el regreso de la izquierda, está ahora el Partido Comunista, ausente de cualquier combinación de gobierno desde la época de Allende. Está por ver si éste y otros sectores más progresistas o radicales conceden tiempo y crédito a la renovada presidenta. Por otro lado, no conviene olvidar que la gran mayoría de los electores se quedaron en casa. La abstención superó el 60%, ahora que ya no era obligatorio votar. Quizás porque el triunfo de Bachelet parecía asegurado. Pero es evidente que la desafección se presenta como una amenaza.

Si el camino se empina, las dificultades económicas se confirman y las presiones de los más favorecidos arrecian, Bachelet tendrá que tirar de prestigio y coraje para mantener compactas las filas de quienes consideran imprescindible rendir cuentas con la mayoría social.