Esta película de “buenos” y “malos” parece ser la que nos va a tocar vivir en el camino hacia el “Gran Hermano” que el desarrollo de las TIC van configurando a marchas forzadas, con la capacidad de acumulación de datos en la “nube”, de control de información en tiempo real, y de multiplicación de las intercomunicaciones individuales y colectivas vigiladas. ¿Permitiremos la sociedad que el “cambio global” en curso derive en ese proceso de manipulación y control social previsto en extraordinarias novelas como “1984”, de George Orwell? Y ello, además, en un marco económico tremendamente frágil y cada vez más dependiente de un capital financiero virtual, cuyos poseedores podrían configurar ese “Gran Hermano” final, con posibilidades de moverse a miles de kilómetros, en segundos, siguiendo la estela de los grandes capitales definidores de tendencias y de burbujas. Inversiones o desinversiones en bolsa, o en instrumentos derivados en la “banca en la sombra”, pueden desestabilizar monedas, países o regímenes, siguiendo pautas reproducidas sistemáticamente en crisis anteriores, con plusvalías multimillonarias para los capitales (fondos especulativos) que inician los procesos, y pérdidas finales que normalmente recaen en los salarios y en el empleo de los países afectados por los ataques especulativos.

El capitalismo implica estructuralmente un comportamiento cíclico en la economía que ha sido ampliamente estudiado, explicado y representado desde distintos modelos y concepciones ideológicas. El dominio del capitalismo financiero especulativo en red no ha acabado con los ciclos económicos del capitalismo, pero sí les ha transfigurado haciéndoles mucho más frágiles y vulnerables, por la extrema capacidad temporal de intervención de aquél, frente a la extrema lentitud relativa con la que Gobiernos e Instituciones son capaces de reaccionar ante sus ataques sistemáticos especulativos. El último episodio se ha producido hace escasos días con la salida violenta de fuertes fondos financiero-especulativos de países emergentes hacia países desarrollados, ante las medidas de la Reserva Federal Americana (FED) para ir disminuyendo la masa monetaria en dólares, aunque los tipos de interés nominales que mantienen siguen siendo prácticamente nulos y los reales negativos. El fuerte alza en los tipos de interés de los países emergentes afectados para responder y mitigar esa salida de capitales no está exenta de efectos sobre su economía productiva, abocándoles a lo que puede ser el inicio de una fase depresiva de su ciclo económico, amplificando el descontento social y las protestas de su población. Protestas que son un “mal ejemplo” para otros países y que los medios de comunicación suelen “adecuar” en su presentación a sus intereses específicos últimos.

¿Y qué pasa con España? Ya en artículos anteriores, desde los inicios de 2012, hemos mantenido en esta sección lo que considerábamos objetivos básicos de la política del Gobierno del Partido Popular en materia socioeconómica, ambiental y territorial: devaluación social acelerada y reformas radicales del Estado de Bienestar en los dos primeros años de su mandato, subordinando en paralelo lo ambiental a un economicismo cortoplacista, y obligando al seguimiento de estas políticas a las Comunidades Autónomas y Administraciones locales por la vía del impuesto ajuste fiscal. Se trataba de llegar rápidamente al valle del ciclo económico (mínimo valor posible, o máximo deterioro) para abocar a una situación de necesario repunte en pleno bienio electoral (2014-2015) por mejora de la productividad del factor trabajo (asociada a la caída de salarios empujada por el incremento del paro y de la inseguridad en el empleo), estabilización de un sistema financiero con cargo a los presupuestos generales (es decir con cargo a todos los ciudadanos),y garantías de negocio futuro a las empresas por la nueva tasa de ganancia asegurada. Se confiaba en que con el inicio de un nuevo ciclo (que bajo el sistema capitalista siempre comienza con la llegada de fondos especulativos para la adquisición de las gangas empresariales derivadas del derrumbe asociado a la crisis) se generaran los efectos multiplicadores previstos por las teorías del ciclo económico al uso, que situarían al Partido Popular en la senda de nuevas victorias electorales, al menos para 2015 (autonómicas, locales y generales). Unos medios de comunicación con intereses complementarios a los del Gobierno, que supieran trasladar adecuadamente los mensajes, deberían hacer el resto.

¿Va a ser éste el resultado? En una coyuntura internacional más favorable a la economía productiva real tradicional, la recuperación e inicio de un nuevo ciclo expansivo tendría muchas posibilidades de consolidar los objetivos del Gobierno; pero en la actual situación de cambio global y de mundialización de los procesos económicos (sobre todo los financieros) la fragilidad de las fases de los ciclos económicos hace que las recuperaciones presenten dimensiones difícilmente predecibles. Adicionalmente, los problemas en la economía española están lejos de haberse resuelto y mucho más lejos los de la morosidad de su economía y su afección a un sistema financiero, por lo demás, fuertemente endeudado con el exterior, en un marco en el que empresas y familias siguen teniendo unos niveles de endeudamiento (apalancamiento) muy superiores a los recomendables para una economía normal (y mucho más en una economía con práctico estancamiento como la española). Por ahora son más los riesgos que las certezas de que se produzca un verdadero relanzamiento expansivo del ciclo económico, y que, por lo tanto, pueda haber una reversión del deterioro socioeconómico sufrido por la sociedad española, una recuperación de su población activa, empleo, seguridad laboral o estabilidad en las prestaciones sociales perdidas a lo largo, fundamentalmente, de los dos últimos años. Adicionalmente se están produciendo daños irreparables en sectores claves, como el energético (y consecuentemente también en uno de los elementos capitales para la lucha contra el calentamiento global derivado del cambio climático) en el que multinacionales españolas lideraban campos de I+D+i punta, como el de las renovables, con una absoluta incapacidad para dar una solución coherente a la caída de la demanda energética y al exceso de capacidad productiva instalada, asociada a unas garantías estatales –primas- establecidas por ley; y que los tribunales, muy probablemente, obligarán a indemnizar trasladando el problema a sucesivos gobiernos. Y, mientras el Gobierno opta por el “fracking”, atraído por el éxito estadounidense cuya prolongación en el tiempo está crecientemente puesto en cuestión (ni tan barata ni de tan fácil explotación y abundante como habían mostrado los pozos de mayor rentabilidad); o por las prospecciones petrolíferas offshore, con riesgo de afección a ámbitos como el turístico, cuando está siendo el turismo de masas extranjero de sol y playa (no precisamente muy sostenible ambientalmente) el único sector con una respuesta económica positiva en 2013; o por una energía nuclear en centrales que van sobrepasando sus niveles de garantía, y cuyas inversiones de adaptación a las nuevas exigencias de seguridad sólo se producirán en los mismos términos en los que los nuevos inversores en este tipo de centrales están imponiendo en EEUU, y tratan de imponer en Gran Bretaña: con la garantía de precio para el suministro de energía.

Pero una dimensión que interesa en particular a esta sección es la dimensión territorial y ambiental de la crisis, y su posible evolución diferenciada a la luz de los datos disponibles. Tradicionalmente, las salidas históricas de las crisis en España, tras las devaluaciones que iniciaban un nuevo proceso de competitividad (por abaratamiento de las exportaciones, sustitución de importaciones, incremento del turismo exterior de masas barato, y atracción de capitales exteriores a las compras de bienes devaluados) venían muy directamente ligadas a la potenciación de la construcción y a los inicios de una nueva burbuja especulativa en viviendas. Esta potenciación, prácticamente imposible de repetir en la actualidad, tanto por las exigencias de reducción del déficit fiscal hasta prácticamente la década de los veinte, como por el exceso de oferta de viviendas en el mercado, no obstante presenta perfiles diferenciados en las distintas Comunidades Autónomas españolas, como siempre los ha presentado en las anteriores crisis.

Por desgracia, la contabilidad regional del INE sólo permite disponer de los datos hasta 2012, mostrando que en los cuatro años considerados (2008-2012) el índice per cápita regional, en porcentaje de la media española, había mejorado en casi seis puntos en el País Vasco, en cerca de cuatro en Cataluña, en más de tres en Castilla y León, en más de dos en Navarra y Galicia, en más de uno en Cantabria y La Rioja, y habían superado la media por menos de un punto Aragón y Canarias. En el lado negativo, muy directamente ligadas a la crisis del sector de la construcción, estaban las fuertes bajadas en Castilla la Mancha (4 puntos), Murcia (3,9) y Comunidad Valenciana (3,3). Gran parte de estas variaciones venían acompañadas de pérdidas de población activa y empleada y, normalmente, de mantenimiento o incremento en la productividad del empleo, salvo en los casos de Extremadura, Murcia y Madrid. Sólo en Cataluña y Navarra el equilibrio entre empleo y su productividad era conjuntamente mejor que la media nacional (perdían menos empleo que la media nacional y ganaban más productividad del empleo que la media) con situaciones particularmente negativas para Asturias y Andalucía en la consideración conjunta de ambos indicadores. La tradicional diferencia entre una España al Noreste de la diagonal entre Galicia y Murcia con mejores condiciones que la situada al sur de dicha diagonal se mantiene con la crisis, pero se matizan la incidencia relativa de las diferencias en renta per cápita, mejorando la situación de Navarra, Cataluña y País Vasco en el conjunto.

La especialización productiva regional y la productividad del trabajo tienen mucho que ver con esta menor incidencia de la crisis en estas comunidades autónomas, si bien si se considera la evolución del paro desde el cuarto trimestre de 2007 al cuarto trimestre de 2013, según la EPA, no existe una distribución homogénea en su evolución ni en su relación con la variación de las tasas de actividad o de empleo. Provincias como Huelva, Badajoz, Cádiz, Cáceres, de Andalucía y Extremadura, presentan la mejor evolución relativa en España de la tasa de paro en el período, pero por partir de cifras ya muy elevadas relativamente en 2007; mientras que provincias como Cuenca (que multiplican por 6,7 veces su tasa de paro) o Lleida (que lo hace por 5,2 veces) presentan la peor evolución relativa. En todo caso, en el cuarto trimestre de 2013 son las provincias Andaluzas de Cádiz, Córdoba, Jaén, Almería, Málaga, Granada y Sevilla, seguidas de las dos provincias Canarias, las que registran una mayor tasa de paro, frente a las provincias vascas más Navarra, Soria y Lleida con los valores más reducidos.

En este marco, es evidente que la situación no es la misma en los distintos territorios españoles y que País Vasco y Navarra, con haciendas forales propias, han conseguido una evolución mucho menos negativa que el resto del territorio español; y que la posible incidencia territorial del cambio de ciclo potencial no se puede desligar de las productividades relativas ni de las políticas específicas desarrolladas por las distintas comunidades autónomas en materia de incentivación económica, de inserción social y de generación de alternativas de empleo para la población activa en el paro. Porque sin estas políticas es difícil que se pueda atajar la situación de fuerte pesimismo que anida en el ciudadano medio español respecto a las posibilidades de un cambio de la actual dinámica social; y que, consecuentemente, se pueda revertir el ciclo de regresión social y de deterioro del bienestar de una población que está sufriendo, más que nunca, los rigores de una política de austeridad neoliberal promovida por la ideología más conservadora europea y española.

El empeoramiento registrado en las condiciones de vida y del bienestar de la población, asociados a los altos niveles de paro, a la disminución de las afiliaciones a la seguridad social y a la caída de la población activa, junto a la reducción de la renta disponible, de la inversión pública y del consumo, marcan restricciones tremendamente fuertes para el supuesto (y necesario, aunque no suficiente) cambio de ciclo para los próximos años.

Muchas más cosas que las ofrecidas por el Presidente de Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación tendrían que cambiar para que se produjera una incidencia clara en el freno al empeoramiento de las condiciones de vida de las clases media y media-baja españolas, y a la magnitud creciente de la población en riesgo de pobreza real (y no sólo estadística medida sobre la mediana de la renta familiar disponible). Procesos negativos que previsiblemente continuarán, al menos hasta 2021, de no cambiar radicalmente las políticas públicas, mantener inalterable el objetivo del 2,8% de déficit, para 2016 (y, posteriormente, el del 0% elegido como objetivo por el Gobierno actual) lo que implica el mantenimiento de políticas de ajuste fiscal y el empeoramiento de la financiación de los servicios públicos. Ajuste fiscal que incidirá, particularmente, en la continuación de muy bajos niveles de formación bruta de capital fijo de las administraciones públicas, deterioro del papel de la I+D+i en España, paralización o retraso de las obras en curso o contratadas (muchas de ellas –léase el AVE a Galicia o Extremadura- incomprensibles en la actual situación), y con una ralentización en la licitación de nuevas obras recomendables (que existen y deberían ir dirigidas a la mejora la productividad y la eficiencia energética y ambiental) continuando el proceso ya registrado en las mismas hasta la actualidad, desde mayo de 2010 hasta los presupuestos para 2014.

Desde estas páginas hemos reiterado en numerosas ocasiones que la confusión entre crecimiento del PIB y bienestar de la población era un proceso interesado y no neutral ideológicamente (es decir, desde el punto de vista de defensa de los intereses de los que defienden esa identificación). Lanzar las campanas al vuelo porque el PIB vaya a crecer hasta un 1% en 2014 y un 1,7% en 2015, en una situación en que la deuda del país se acerca al 100% de su PIB y se desmantela el funcionamiento de los servicios públicos garantes del bienestar de los ciudadanos; y hacer promesas claramente electoralistas de rebaja de impuestos para 2015, junto a sentencias del Tribunal Europeo contra el céntimo sanitario aplicado y utilizado en varias comunidades autónomas, como soporte de unos servicios gravemente deteriorados por el ajuste fiscal impuesto, no son la mejor vía para promover una mejora del bienestar en este país ni en sus comunidades autónomas. La sensación de desconcierto, de falta de guía y de modelo a nivel estatal es cada vez más profunda. La necesidad de cambios políticos radicales cada vez más evidente.