Las peripecias del voto de investidura de Susana Díaz alimentan actualmente el debate sobre una hipotética reforma electoral. Cuando hace unos meses la práctica de otorgar el poder a la lista más votada no parecía plantear problema a los Estados Mayores de los Partidos políticos, hoy el posible fracaso de cualquier compromiso en Sevilla alerta y suscita propuestas que tienen el mérito de airear, por fin, el problema de la reforma de la ley electoral, como también el inconveniente de estar marcadas por una indiscutible dosis de gran improvisación.

Por esta última razón, la improvisación de las proposiciones, no voy a entrar en debatirlas. Además resultaría difícil porque son tan nebulosas como apresuradas. Esto no quita nada a la imperiosa necesidad de cambiar la ley electoral. Italia lo ha realizado. Francia la cambia cuando le conviene al Gobierno, siempre y cuando encuentre una mayoría en la Asamblea Nacional para su propósito. Gran Bretaña sigue fiel a la eterna e intocable tradición, aunque le esperen malas sorpresas, quizás dentro de unos días. Pero los ingleses tienen un culto de la discusión y del compromiso que los latinos ignoramos. ¡Y qué diríamos de los suizos! donde los Presidentes de la Confederación turnan! Porque, en lo que concierne sólo a la gobernabilidad y a su valor democrático -otro tema, importante, es la representatividad del cargo electo- cualquier sistema puede resultar valido, siempre y cuando los electos tengan el don de la negociación y del acuerdo para el mayor interés de los ciudadanos.

Pero en nuestro país existe una doble tradición: la de un enfrentamiento político violento, agrio, sin concesiones, cuyos debates públicos son muchas veces en exceso insultantes, asociado con comportamientos muy diferentes de los electos en los pasillos de las Asambleas, cuando se sonríen, se saludan o se felicitan. Como si la acritud del debate político solo fuese reservada para el escaparate de la televisión o de las radios. Existe también otro acondicionamiento, de tremendas consecuencias: las Derechas consideran que, desde hace siglos, el poder es suyo, por derecho y por herencia, y que la invasión de este por las Izquierdas es un abuso, un golpe de Estado, un atraco. Esta sería una de las explicaciones de la obcecación del PP o de Ciudadanos a oponerse tan firmemente a la elección de Susana Díaz, a pesar de una indiscutible victoria electoral.

Durante cuatro décadas hemos vivido con una ley electoral que conseguía hacer coincidir la idea de la proporcional, estampada en nuestra Constitución, con un resultado de gobernabilidad casi perfecto. En realidad esto no se debía a la perfección de la Ley sino a la situación de la opinión pública, a la vez poco politizada y bastante condicionada por el ambiente de consenso de la Transición. Pero llegó la crisis y la política entró en las casas a medida que las familias eran desahuciadas, los jóvenes enviados al paro o al extranjero, las camas de hospitales cerradas, etc…Y lo que debía llegar, llegó: la apertura del abanico de opciones políticas. La Ley electoral, que vulneraba el derecho del elector a ser verdaderamente representado amplió los efectos de desafecto a los políticos habituales y abrió paso a nuevas formaciones competidoras. Esto fue tanto más fácil que los medios de comunicación, el cuarto poder de toda democracia, hurgaron en la herida y la abrieron todo lo que podían.

Quienes, desde los años 90, insistíamos con argumentos, experiencia, en la necesidad de cambiar la Ley electoral, por un sin fin de razones, y nos enfrentábamos a la ceguera de quienes no veían más lejos de los provechosos resultados electorales del momento, sólo podemos constatar que teníamos razón, pero que el camino va a ser duro, lleno de baches, fruto de improvisaciones coyunturales y no de estudios de fondo. Basta con recordar el entierro, de primeras, de la Comisión designada para tal fin por el Comité Federal del PSOE; fue en 1992: ¡se reunió una vez!…y ya no se supo nada de ella. También se podría recordar el increíble acuerdo PSOE-PP para vulnerar los derechos de voto de un colectivo de 1.800.000 ciudadanos; hoy, a esta fecha, centenares de miles de residentes en el extranjero están esperando ansiosamente que llegue su boletín de voto, aunque pueda darse que los buzones queden desesperadamente vacíos.

Si gobernar es prever, quienes han gobernado desde hace cuarenta años han sido ciertamente ciegos en un tema tan importante en democracia como la Ley electoral. No es hora de disparar sobre las ambulancias, ni de quejarse de que, ya era hora, se hable de segunda vuelta que puede legitimar pactos, coaliciones o…resignaciones, pero sí de pedir que los responsables se sienten, seriamente, a una mesa para estudiar la adecuación del sistema de voto a las nuevas exigencias de nuestra sociedad. Una más, no olvidemos el tema pendiente del Federalismo, que seguramente se despertará en septiembre con las lecciones catalanas, cuando parece, hoy, ya olvidado en un cajón.