No es un debate de privados sí, y públicos no. Ni de que lo pague el Estado o lo financien particulares. Tampoco estamos ante un debate religioso, pues los padres católicos llevan a sus hijos a colegios públicos o concertados coeducativos. Tampoco es un debate sobre el uso de los fondos públicos en sí mismo. Es mucho más.

En primer lugar, hemos conseguido superar la discriminación que las mujeres hemos sufrido históricamente, cuando nos han marginado de las obligaciones y tareas públicas por nuestra supuesta incapacidad “biológica”. La única utilidad reconocida de la mujer era ser madre y, como tal, apoyándose en nuestra diferencia biológica, se nos ha educado para hacer de nosotras un producto cultural destinado al cuidado, la emotividad, el sentimentalismo, las tareas privadas del hogar; porque se decía que éramos inútiles para la razón, el debate, la conversación social, los temas trascendentes de la sociedad y la política.

Hoy sabemos las mujeres, y también los hombres, que nuestra gran conquista de representación social y de derechos está sujeta en dos patas: la autonomía económica y la educación. Cuando las mujeres estudian en igualdad de condiciones, en coeducación, es cuando surgen las “médicas”, “científicas”, “matemáticas”, o “políticas”.

En segundo lugar, el sistema educativo no es sólo instrucción o formación. También es socialización, convivencia, competencia, disciplina, trabajo en grupo, cooperación, conocimiento del otro, aprendizaje de la diversidad, y un largo etcétera, que hace al colegio como base imprescindible del aprendizaje en todo su conjunto. Hacer aulas o colegios separados de chicos y chicas, incluso con profesorado separado de hombres y mujeres, es una aberración social y pedagógica (permítanme que así lo exprese). Nada más lejos de la realidad social con la que todos y todas nos vamos a encontrar.

En tercer lugar, me duele profundamente, como mujer, que se instrumente mi condición femenina. La argumentación es que las mujeres y los hombres somos distintos hasta en el aprendizaje. Por eso, necesitamos estar separados. ¿Estudiaremos cosas distintas, o enfoques distintos de las materias, haremos distintos deportes? Hacia dónde se pretende reconducir nuestras capacidades o habilidades.

En cuarto lugar, éste no es un debate de libertad de elección mal entendida. Los padres no son dueños de los hijos. Y el Estado, no impositivo, sino democrático, debe garantizar los derechos mínimos de cada ciudadano, y especialmente con los que son menores de edad y no tienen capacidad de decisión.

Aceptar esto es abrir la puerta a temas igualmente conflictivos en pedagogía, aunque no los queramos comparar. Por ejemplo:

– ¿qué ocurre con los padres que no quieren que sus hijos vayan al colegio y estudien en casa? Estoy convencida que su instrucción y formación puede ser superior a la media, pero su nivel de socialización puede ser tan lamentable que genere daños en la personalidad de los chicos.

– ¿qué ocurre si padres islámicos conservadores deciden que sus hijas no estudien, o se sienten al final de la clase, o no hagan deporte, o lleven un burka? En teoría, y por la misma razón, el padre es quien debe decidir “libremente” la educación de sus hijos.

Lo siento. Pero no comparto la sentencia judicial que se ha hecho en Andalucía. Me parece contraproducente histórica, social y pedagógicamente.