En lo primero que hay que ponerse de acuerdo es en combatir la indecencia con todas las armas democráticas, legislativas, legales y morales de las que una sociedad dispone. Y el primero en dar ejemplo ha de ser el Gobierno, quien tiene la obligación de representar los valores colectivos, pero desafortunadamente no lo hace, sino que, de forma lamentable y patética, está bordeando la ilegalidad, después de haber caído en la más absoluta de las inmoralidades e indecencias.

Hay que combatir comportamientos bochornosos, deshonrosos e ilegales como los de Díaz Ferrán, que debe ser perseguido por la justicia hasta las últimas consecuencias, al tiempo que debe ser moralmente rechazado por sus comportamientos engañosos, abusivos y mentirosos.

Pero no se entiende una sanción moral de la sociedad, si el propio Gobierno permite el fraude, con sus medidas de “blanqueo” de dinero de los defraudadores y ladrones, sin tener en cuenta ni siquiera de dónde proviene ese dinero y cómo se ha obtenido, y que no haya ni sanción ni persecución a quienes se enriquecen ilegítimamente y después engañan al conjunto de la sociedad.

No se puede llevar adelante una sanción moral ejemplar si se permite vulnerar y modificar la legislación haciéndola a la medida de un personaje tan siniestro y poco noble como Adelson, para poner en marcha un negocio tan truculento como Eurovegas, y a quien el Gobierno le va a permitir que haga y deshaga lo que quiera (incluso saltarse la ley) como un vulgar mafioso de los años 30.

Es contraproducente moralmente que sea tan fácil modificar la Constitución para determinadas cuestiones relativas a la economía de los poderosos, pero resulta casi imposible modificar una legislación claramente injusta que permite el abuso de los Bancos sobre los desahuciados, cuando las responsabilidades del fiasco dependen de Bancos y gestores inútiles y aprovechados, y en cambio lo pagan quienes han sido engañados sucesivas veces.

No puede existir un mínimo consenso de moralidad social cuando se sigue realizando una economía que permite que la brecha de la desigualdad crezca cada vez más, que nuestro país tenga ya un 27% de la población en riesgo de pobreza, y que uno de cada tres parados haya perdido ya la cobertura. Pero al mismo tiempo no se han impedido las contrataciones millonarias, los blindajes o los indecentes privilegios en época de crisis, incluso de bonanza.

Y resulta imposible acordar un mínimo moral que compartir cuando el Gobierno está dedicado, quizás como estrategia política de abrir fuegos o quizás también por una ideología retrograda y autoritaria, a crear debates superados e imaginarios, pero que hacen un daño tremendo pues cuestionan más la cohesión social y generan una división con cicatrices difíciles de cerrar.

Esto es lo que ocurre con la privatización de la Sanidad y su negocio encubierto por determinadas empresas o personas claramente vinculadas al PP, o lo que ocurre con el Ministerio de Defensa y sus relaciones con los negocios de ventas de armas, o lo que está sucediendo con el Ministro Wert y su ataque a la Educación pública y a la enseñanza de valores cívicos y constitucionales.

En un momento donde la sociedad necesita más que nunca una brújula moral que frene comportamientos violentos, airados, o reacciones que podríamos lamentar, el Gobierno juega a incendiar más todavía el ambiente caldeado, incapaz de ser un garante de la ética cívica, y sí un pirómano al servicio de la indecencia y la inmoralidad.