Hoy en pleno siglo XXI asistimos a una crisis económica global sin precedentes, una crisis global que, producida por la voracidad de los mercados y por el pensamiento neoconservador, ha puesto en jaque el sistema de bienestar social en su conjunto, un sistema que construido a lo largo de los últimos años desde el pensamiento progresista ve ahora peligrar su propia continuidad. Y todo ello a través de unos mercados que a modo de juez y parte determinan en sus Informes de evaluación subjetiva las medidas que cada país debe llevar a cabo para su situación económica y su credibilidad financiera no empeore en base a estos “informes”, propuestas éstas que nacidas en pequeños despachos con pocas sillas se reducen a la frase “más mercado menos Estado”. En definitiva, actuaciones que no buscan más que el debilitamiento aún mayor de los Estados y el recorte del sistema público, en función de la aplicación de una nueva ley del más fuerte en un modelo de Estado en donde quien tiene capacidad adquisitiva vive y disfruta de derechos y quien no, sufre las consecuencias de ese modelo, en donde el copago de los servicios públicos y los ceros de la cuenta corriente del ciudadano sitúan al ciudadano en una parte u otra de la lista de asistencia en derechos como el sanitario. No por menos, como señalaba el presidente del PP de Murcia, el Sr. Valcárcel, el modelo de copago se presenta como necesario ante la situación económica actual, como dirían algunos, para muestra un botón.

Pero, ¿por qué no reacciona la ciudadanía? ¿Por qué la parálisis de la reivindicación parece haberse hecho hueco en nuestra sociedad? Tal vez la existencia de diversos factores como el sistema público de protección de desempleo, la existencia en nuestra democracia de una garantía de cobertura en derechos fundamentales como la educación o sanidad, el apoyo familiar a los miembros más necesitados de apoyo en la actual crisis o la existencia de una economía sumergida expliquen o den respuesta en parte a estas dos preguntas. Pero ante este análisis habría que hacerse una tercera pregunta: ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo la ciudadanía podrá aguantar la cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo y unas cifras de paro que parecen no tener fin?

Y es que frente a esta situación, ante la victoria de los mercados frente al propio Estado que se ve incapaz de hacer frente a estos nuevos “dictadores de lo privado” sólo cabe contraponer la movilización de la sociedad civil unida, una sociedad civil que debe y tiene que demandar medidas como la reforma de la Ley Hipotecaria, actualmente vigente en España a fin de hacer de la entrega de la propiedad hipotecada un elemento liberador de la deuda, la defensa de un modelo de apoyo al emprendimiento y autoempleo a través de uno modelo progresivo de impuestos de menos a más, la inversión en una mayor y mejor educación pública, el apoyo decidido a la herramienta de la economía social como elemento vertebrador de la economía de las regiones y la defensa del modelo actual de Estado social y democrático de derecho entre otras.

Hoy vivimos, en definitiva, en un tiempo en donde la movilización y la acción social organizada se presentan como fundamentales para garantizar los derechos y las libertades que la democracia actual tiene en su seno. La sociedad civil es, en definitiva, “la última trinchera” que a la ciudadanía le queda en su lucha frente al modelo de los mercados, ése que auspiciado por el pensamiento conservador sólo busca el recorte de lo público y la puesta en valor de lo privado, el interés de unos pocos frente al interés de la generalidad. Un modelo en donde las conquistas sociales de todo tipo retrocedan frente a las nuevas conquistas del pensamiento neoconservador. Ése que tiene como objetivo poner al poder económico en la cúspide de todos los poderes de los Estados, haciendo doblegarse a los Estados, a la sociedad civil y, en definitiva, a la propia soberanía popular. Por ello, frente a esta propuesta de futuro, los ciudadanos y ciudadanas que conformamos esta sociedad sólo tenemos una opción: movilización, unión y acción por el presente y el futuro, por nosotros y por nuestros hijos e hijas, aquellos a los cuales tenemos la obligación de dejarles un mundo mejor al que nosotros heredamos y una sociedad igual, justa y libre.