Sin lugar a dudas, los esperados datos de la EPA han confirmado el desastroso estado de nuestro mercado de trabajo: desempleo, precariedad (temporalidad y empleo a tiempo parcial impuesto), caída brutal de los salarios y desplome de la protección social al desempleo. Los datos globales son espeluznantes: 5.993.300 personas siguen desempleadas, lo que representa el 25,93% de la población activa. Un somero desglose de la Encuesta nos indica que en el 1º trimestre del año se destruyeron 184.600 empleos en el sector privado; la tasa de paro juvenil ascendió hasta el 55,48%; el 14,85% del total de parados son jóvenes por debajo de los 25 años; el 50,19% del total de desempleados son parados de larga duración; los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en un 2,7%, hasta situarse en cifras insoportables (1.978.900); y, además, 768.800 hogares no tienen ningún tipo de ingresos.

Estos datos son compatibles con el hecho de que la EPA compute 2.300 desempleados menos que en el trimestre anterior. Ello es debido a la fuerte caída de la población activa, que en el último año se ha reducido en 424.500 personas (la tasa de actividad se sitúa en el 59,64%, la tasa más baja desde el 2º trimestre del año 2007), como consecuencia del retorno de inmigrantes, la emigración de nuestros jóvenes en busca de un empleo y por el efecto desánimo, que está haciendo desistir a muchos desempleados de buscar un empleo.

La tasa de precariedad es otro de los graves problemas que nos aquejan. El empleo indefinido ha caído en 51.600 trabajadores y el empleo a tiempo completo ha descendido en 176.800 personas, incrementándose, por lo tanto, el porcentaje del empleo a tiempo parcial hasta el 16,20%, lo que consolida, aún más, como denuncian los sindicatos, la sustitución de empleo indefinido por empleo temporal y el empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial no querido.

Resulta comprensible que, en el pasado 1º de Mayo, los sindicatos hayan denunciado enérgicamente -particularmente en el ámbito europeo- estas cifras intolerables de desempleo y precariedad exigiendo un cambio en la política económica, a partir de los insoportables seis millones de parados en nuestro país. Seis millones de poderosas razones para que Rajoy defienda también un cambio de rumbo en el conjunto de la Unión Europea, en materia económica y social, porque las políticas basadas en la austeridad y en los recortes salariales y sociales han fracasado sin paliativos, con el agravante, además, de que están produciendo profundas desigualdades y un considerable aumento de la pobreza. A pesar de la mejora que se viene produciendo en los últimos meses en algunas variables macroeconómicas y del paro registrado en el mes de abril, nuestro país está muy lejos de lo que indica la abusiva propaganda del Gobierno -fundamento de la campaña electoral del PP-, que está resultando reiterativa, obscena, falsa en muchos de sus contenidos y, por lo tanto, impropia de un sistema democrático. Da la impresión de que se pretende que los ciudadanos comulguen con ruedas de molino, como ha puesto de manifiesto -con desfachatez y falta de sensibilidad- el propio Rajoy en días pasados.

Efectivamente, los indicadores relacionados con la evolución del PIB (ha crecido el 0,4% del PIB en el 1º trimestre, dos décima sobre el trimestre anterior y un 0,6% del PIB en términos interanuales) y la Prima de Riesgo a la baja no nos pueden hacer olvidar los seis años de crisis económica y social que está sufriendo la mayoría de la población por las políticas de rapiña de unos pocos especuladores desaprensivos, que han traído consigo la elevación de la deuda pública (en torno al 95% del PIB) a niveles difíciles de soportar y que, no lo olvidemos, deberemos pagar finalmente. Tampoco podemos olvidar que la deuda pública aumentará en los próximos años, como se contempla, incluso, en las previsiones del Gobierno enviadas a Bruselas (101,7% en el año 2015, 105,5% en el año 2016, para bajar al 98,5% en el año 2017). Falta determinar cómo se pagará la deuda y el costo social que eso generará, al margen de los importantes problemas derivados de la falta de inversión pública y de la escasa financiación de los servicios públicos que se puedan generar. En todo caso, debemos asumir como principio irrenunciable que, si se supedita el crecimiento económico, el empleo, los salarios, los servicios públicos y la protección social al pago de la deuda, el problema no tendrá solución para las personas y, previsiblemente, será muy difícil pagar finalmente la deuda.

Por otra parte, las políticas económicas que se están aplicando están impulsando un modelo económico basado en actividades de baja productividad y escaso valor añadido, con bajos salarios y marcada precariedad (empleos basura), a través de infinidad de chiringuitos, microempresas, emprendedores y falsos trabajadores autónomos; lejos, por lo tanto, de un tejido productivo moderno basado en la tecnología, en la investigación y en la cualificación profesional y universitaria, a desarrollar en empresas consolidadas con capacidad de competir en un mundo globalizado. Esto no resultará nada fácil si nos atenemos a la cualificación y comportamiento de algunos empresarios (sobresueldos y contratos blindados) y a las denigrantes declaraciones de la presidenta del Círculo de Empresarios, señora Mónica Oriol: los jóvenes de baja cualificación no valen para nada y los parados que cobran subsidio por desempleo son unos parásitos. Declaraciones vergonzosas que, todo hay que decirlo, no están a la altura de las circunstancias a la hora de asumir responsabilidades en medio de la crisis, así como a la hora de presentar alternativas para salir de la misma con rapidez y de la mejor manera posible.

Los datos de la EPA ponen de manifiesto también la ineficacia de las sucesivas reformas laborales promovidas desde el año 2012, con el objetivo de crear empleo, que han convertido el mercado laboral en un mercado desregulado, con escasa negociación colectiva y dominado a su antojo por los empresarios. También es reseñable el fracaso de las deducciones y bonificaciones fiscales y de las medidas de estímulo subvencionado a la contratación laboral: contratos de fomento al emprendedor, contratos de formación y tarifa plana para los nuevos contratos indefinidos, que el Gobierno debe eliminar ante los escasos resultados que estas medidas están produciendo en la creación de puestos de trabajo y su impacto negativo en la Seguridad Social.

En estas circunstancias, el Gobierno debe considerar seriamente la derogación de la reforma laboral y aceptar un mayor crecimiento de los salarios y de la protección social (en contra de la decisión del Gobierno de incrementar sólo las pensiones un 0,25%, lo que hará perder, una vez más, poder adquisitivo a las pensiones), capaces de superar el miedo, restablecer la confianza, impulsar el consumo, la actividad y el empleo, así como recuperar el protagonismo de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva. Todo ello en un marco exigente de cambio de la política económica capaz de impulsar planes de choque excepcionales que fomenten el crecimiento, la contratación y el empleo de colectivos especialmente perjudicados por la crisis: parados de larga duración, jóvenes, mujeres y trabajadores sin formación. Así como de políticas activas de empleo (orientación laboral, intermediación y formación profesional) capaces de regenerar el obsoleto entramado administrativo en torno a las oficinas de empleo que deberían estar dedicadas exclusivamente a la recolocación de los trabajadores desempleados. Mientras tanto, hay que establecer medidas de protección social adecuadas, que pongan remedio a la situación de desigualdad y pobreza que persiste en la actualidad y que afecta particularmente a los desempleados de larga duración, muchos de ellos irrecuperables para el empleo. En este sentido, los sindicatos están proponiendo que todas las personas -que no dispongan de ningún ingreso- tengan garantizada una Renta Básica en función de sus necesidades familiares.

De la misma manera, el Gobierno debe abordar, sin más demora, una profunda reforma fiscal que garantice un sistema fiscal más justo, eficiente y sostenible, que facilite la lucha contra el fraude fiscal y permita una redistribución equitativa del costo de la crisis, además de ingresos suficientes capaces de financiar la prestación de servicios públicos de calidad y la inversión pública productiva. Esta reforma resulta imprescindible si el Gobierno quiere cumplir con los compromisos contraídos con Bruselas sin más recortes económicos y sociales, lo que no será nada fácil. Debemos recordar que el pasado año acabó con un déficit del 6,6% del PIB y se debe alcanzar el 5,8% en 2014, el 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016. Ese compromiso requiere subir impuestos a los que más tienen (grandes ingresos y fortunas, sociedades y transferencias financieras) y no bajarlos, como anuncia el Gobierno en clave electoral y, sobre todo, una decidida lucha contra el escandaloso fraude fiscal que se produce en nuestro país.

Por otra parte, el Gobierno debe poner también remedio a los graves problemas relacionados con la política energética, que se ha demostrado desastrosa en cuanto a la fijación de precios y en cuanto a la configuración del déficit de tarifa eléctrico, que pagan los ciudadanos y resta competitividad al tejido empresarial. Los ciudadanos no entienden la factura eléctrica; sin embargo, tienen la sensación de que les están cobrando por encima de lo razonable y, desde luego, por encima de la media europea.

En definitiva, es imprescindible reactivar la economía, además de mejorar los ingresos de las familias, que impulsen la creación de empleos de calidad. Para ello se deben impulsar planes de choque con recursos suficientes para fomentar la contratación laboral, particularmente de los colectivos más desfavorecidos por la crisis y cubrir sus necesidades básicas. Para conseguirlo debemos contar con la ayuda de la Unión Europea. Por eso, las próximas elecciones al Parlamento Europeo alcanzan un especial relieve y, en este sentido, los partidos políticos deben ofrecer soluciones a la crisis y alternativas a una situación que está poniendo en grave riesgo la cohesión social y dinamitando el Estado de Bienestar Social, sobre todo en los países del Sur de Europa, que están sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales de la derecha conservadora europea, donde se encuadra el PP. Por su parte, la izquierda debe asumir un compromiso claro y rotundo contra la desigualdad y la pobreza en el marco de la Unión Europea. Ello significa apostar por las personas (sobre todo por las más débiles); por la democracia participativa; por la centralidad del trabajo en una sociedad democrática; y por la supremacía del trabajo sobre el capital (sector financiero), la industria y la tecnología, lo que significa convertir la lucha contra el desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes en la política prioritaria a desarrollar en los próximos años. Para superar este reto será decisiva, no lo olvidemos, la relación de fuerzas entre la derecha y la izquierda en el próximo Parlamento Europeo.