El gobernador y sus defensores oportunistas reclaman respeto a su “independencia” que, por otra parte, yo no he escuchado cuestionar en estos días. Ahora bien, algunos reclamamos idéntico respeto para nuestra legitimidad e independencia a la hora de analizar y opinar en torno al ejercicio de sus funciones como responsable público.

Lo primero que llama la atención es la naturaleza de los charcos donde navega. Hemos escuchado declaraciones profusas del gobernador sobre salarios, contratos laborales, pensiones… ¿Para cuándo alguna propuesta que contribuya a superar la gravísima crisis de financiación que padece el sistema productivo español, desde los autónomos y la PYMES hasta las grandes empresas? ¿Cuándo conoceremos el alcance real de la “toxicidad” de los activos de nuestras entidades bancarias y las estrategias propuestas por el Banco de España para hacer frente al problema? Es decir, ¿cuándo se ocupará el gobernador de su responsabilidad y dejará de enredar en lo demás?

Sorprende igualmente el cariz y el tono de buena parte de sus manifestaciones públicas, muy alejadas de la ponderación y la prudencia que manejaron sus antecesores, que utilizan sus colegas en otros países, y que dicta el sentido común para un cargo de tal naturaleza. Falta rigor y sobra contrabando ideológico. Si de algo carecen los analistas del Banco de España en la actualidad, al igual que otras grandes instituciones financieras internacionales, bien es verdad, es de credibilidad en sus pronósticos. Tanta independencia y tanta clarividencia no nos sirvieron para anticipar, ni por asomo, el cataclismo financiero que se nos ha venido encima.

El gobernador anticipa déficit para la Seguridad Social este año, además de la liquidación a corto plazo del superávit histórico y serios problemas para acomodar la viabilidad del sistema a la evolución demográfica y laboral. ¿De dónde obtiene tales augurios? Probablemente de sus prejuicios ideológicos, porque las cuentas de la Seguridad Social arrojan datos muy diferentes. Proyectando la actual evolución negativa del empleo al conjunto del ejercicio, el balance del sistema sigue siendo positivo para 2009. El fondo de reserva ronda los 60.000 millones de euros, un récord histórico, y la proporción de asalariados por pensionista se ha elevado a 2,7, muy por encima de lo que podría calificarse como simplemente preocupante.

Si podemos presumir de poco tino en sus diagnósticos, las propuestas son claramente contraproducentes y regresivas. Contraproducente es, desde luego, plantear rebajas en las cotizaciones sociales cuando se trata de consolidar la estabilidad del sistema. Regresivo, injusto y lamentable resulta proponer que los pensionistas se vean obligados a devolver los incrementos percibidos por causa de previsiones fallidas sobre el IPC. En un país en el que la mayor parte de las pensiones aún están por debajo del salario mínimo, y donde decenas de miles de personas han de sobrevivir con prestaciones de menos de 450 euros, tales planteamientos son absolutamente inaceptables.

Ya sorprendió el comportamiento del regulador en la solución a la crisis de la Caja de Castilla-La Mancha, cuya principal responsabilidad debe residenciarse, claro está, en la actividad de sus gestores y en el contexto de crisis financiera y recesión económica general. Según los que conocen de cerca el proceso, el Banco de España no solo no contribuyó a facilitar la fusión con Unicaja, sino que se prodigó en obstáculos hasta dar al traste con tal salida. ¿Por qué? ¿Para demostrar quién manda?

En definitiva, nuestro sistema de pensiones merece análisis más ponderados y propuestas más razonables y justas para su mejora constante.