El resultado de las elecciones autonómicas de Andalucía ha supuesto un duro varapalo para el partido en el Gobierno (PP). La reacción del presidente Rajoy no se ha hecho esperar con la convocatoria del máximo órgano del partido entre congresos (Junta Directiva Nacional), con el propósito de analizar la situación y responder a las críticas internas efectuadas ante el riesgo de que se repitan los males resultados en las elecciones municipales y autonómicas previstas para el próximo 24 de mayo. Incluso, el PP teme que se repitan unos resultados semejantes en las elecciones generales que previsiblemente se celebrarán a finales del año. Sin embargo, el resultado del encuentro ha sido decepcionante, ha estado plagado de vaguedades, dedicado a cerrar filas y, principalmente, a poner en valor la marca PP sin ninguna medida concreta capaz de ilusionar y de cambiar el rumbo de su política.

Las críticas efectuadas se han referido a la mala comunicación del partido con la sociedad y también han sido dirigidas a los dirigentes que han estado al frente del partido en los últimos tres años. Se repite la experiencia del Gobierno Zapatero, que achacó las críticas a su gestión a la mala comunicación con los ciudadanos. No es verdad. En el caso que nos ocupa, la causa del debacle electoral del PP tiene una relación directa con las políticas de austeridad y ajuste llevados a cabo por el Gobierno, que resultan imposibles de explicar, sobre todo a los que más están sufriendo las consecuencias de una nefasta política neoliberal que ha generado una profunda recesión, desempleo, precariedad, desigualdad, pobreza y exclusión social.

Por otra parte, el culpabilizar a algunos responsables de los resultados tampoco tiene sentido; sobre todo si tenemos en cuenta que los previsibles malos resultados del PP afectarán, según las encuestas, a todas las CCAA y se producirán por las políticas del Gobierno, y no por la gestión de los dirigentes considerados individualmente, que se han limitado a aplicar las políticas derivadas de los órganos de dirección y, particularmente, de su máximo responsable nacional y presidente Mariano Rajoy. Lo mismo ocurre con la corrupción: el problema está instalado en la dirección del propio partido; por lo tanto, tiene carácter institucional y responde a la financiación ilegal y generalizada del conjunto del Partido Popular, que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar ni a votar y, mucho menos, a que quede impune.

Lo que ha quedado claro en el encuentro celebrado es que el PP va a desarrollar un esfuerzo considerable para recuperar los votantes perdidos y, para ello, no dudará en recurrir a todas las armas a su alcance -que no son pocas-, en términos mediáticos y publicitarios; incluso, no se puede descartar que se recupere la política del miedo y que se utilicen los resortes del Estado controlados por el Gobierno en beneficio del PP. En este sentido, las recientes declaraciones del gobernador del Banco de España, señor Linde, representan un ejemplo tremendamente significativo y esclarecedor.

Por el momento, el Gobierno ha hecho público el dato final del déficit público anual del año 2.014, que se situó en el 5,7% del PIB. El dato cumple con el compromiso adquirido con Bruselas (5,8% del PIB), aunque supera en dos décimas el objetivo previsto por el propio gobierno en los PGE para el año 2014; en cambio, no dice nada del creciente aumento de la deuda pública situada en torno al 100% del PIB.

De la misma manera, el Gobierno ha sacado pecho con la publicación de la caída del paro registrado en las oficinas públicas de empleo (un registro muy poco fiable) y del aumento de las afiliaciones a la seguridad social del mes del marzo (muy condicionadas al alza por el aumento de la contratación a tiempo parcial).

Con estos datos, el Gobierno pretende olvidar y esconder el duro ajuste que se ha producido en los últimos años, lo que ha significado la pérdida de millones de empleos, el aumento de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, de la contratación a tiempo parcial no deseada (1.800.000 trabajadores se encuentran en esta situación), el desplome salarial, la caída de la inversión y de las capacidades productivas. Todo ello confirma los destrozos que ha causado la política neoliberal del gobierno, solamente atenuada por las últimas medidas de relajación monetaria del BCE, la fuerte caída del petróleo, la bajada del euro y la reactivación de la economía de EE.UU.

Por eso, el Gobierno debe asumir definitivamente que nuestro principal desequilibrio no es el déficit público, sino el desempleo, la precariedad (rotación, trabajo a tiempo parcial, temporalidad, falsos autónomos, becarios…) y la escasa protección de los desempleados (la cobertura de desempleo ha caído al 55,72%, el nivel más bajo desde el año 2001, según el ministerio de empleo). Unas buenas razones para actuar con decisión en la UE y en nuestro país en materia de empleo; precisamente, lo que no ha hecho el PP en sus más de tres años de Gobierno.

En todo caso, la gravedad y urgencia del desempleo demuestra que la política económica impuesta por la UE ha resultado contraproducente para crear empleo y que las medidas del BCE y del Plan Juncker -bien intencionadas- son claramente insuficientes para resolver este problema. Eso justifica que el movimiento sindical europeo (CES) siga insistiendo en reactivar la economía para responder a la actual situación: 24 millones de desempleados en la UE, una economía estancada y riesgo cierto de deflación. En coherencia con ello proponen aumentar la inversión un 2% del PIB anual durante los próximos 10 años; la relajación de la consolidación fiscal; una política fiscal armonizada a nivel europeo capaz de erradicar los paraísos fiscales y poner freno a la elusión fiscal de las empresas multinacionales; así como imponer sin demora el impuesto a las transferencias financieras en el ámbito de la UE. Los sindicatos exigen también al Gobierno reforzar las políticas activas de empleo para responder particularmente a los parados de larga duración (el 61% de los parados llevan buscando empleo más de un año), así como una política fiscal que aumente la recaudación impositiva, exigiendo más a los que más tienen (renta y patrimonio) y combata el fraude fiscal a través de una Inspección Fiscal del Estado reforzada y suficientemente dimensionada para garantizar su eficacia en las tareas encomendadas.

Por último, en la actual situación de pobreza y exclusión social, los sindicatos reclaman un aumento de la protección social (desempleo, pensiones y dependencia) y el aumento real de los salarios capaces de impulsar el crecimiento y el consumo interno de una manera sostenible y generadora de empleo.

En coherencia con este último punto, los sindicatos están manteniendo conversaciones con la CEOE, con el fin de alcanzar un nuevo Acuerdo que sirva de referencia para la negociación colectiva (III AENC) y recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos años, además de compensar, cuando menos en parte, el sacrificio de los trabajadores.

De la misma manera, CCOO y UGT exigen fortalecer la negociación colectiva y superar el fuerte vacío de cobertura de los convenios para millones de trabajadores. Con datos hasta febrero de 2015 -y en base a la cobertura de convenios de 2012 (último año consolidado)-, aún faltan cerrar convenios colectivos en 2013 que afectan al 13% de los trabajadores y al 45% de los trabajadores en el año 2014. La situación se agrava porque, en lo que va del año 2015, sólo se han cerrado convenios que protegen al 16% de los trabajadores.

Conseguir un Acuerdo no será nada fácil ante la intransigencia de la CEOE y el poco interés del Gobierno ante las dificultades para rentabilizar en estas circunstancias un acuerdo en términos electorales. La CEOE (con el descarado apoyo del Gobierno y sin visión de Estado) ha llegado a la conclusión de que sin un acuerdo de referencia los salarios van a mantener su moderación más fácilmente, amparándose en la relación de fuerzas favorable que le otorga la reforma laboral (flexibilidad interna impuesta), el fuerte desempleo y la precariedad instalada en el mercado de trabajo.

Por eso, los sindicatos deben reflexionar sobre esta nueva realidad (un hipotético desacuerdo) y dedicarse con urgencia a potenciar la articulación y descentralización de la negociación colectiva, en su decidida apuesta por recuperar el poder adquisitivo de los salarios en empresas y sectores. No es un drama para los trabajadores ni para nuestra economía el que no se llegue a firmar un acuerdo con los empresarios que sirva de base a la negociación colectiva de los años 2015 y 2016, porque los sindicatos no estén dispuestos a aceptar una nueva política salarial a la baja y defiendan con justicia incrementos salariales en torno al 1,5% en el presente año y al 2% en el año 2016 -en un marco de crecimiento económico en torno al 2% del PIB-, la cláusula de revisión salarial, la referencia del IPC y el reparto de una parte de los beneficios que se generan por un aumento de la productividad.

Por otra parte, es bueno que los trabajadores ejerciten su músculo sindical, lo que facilitará conseguir acuerdos favorables en empresas y sectores con beneficios esperados en los próximos años. Además, una política de estas características facilitará el desarrollo de un sindicalismo de combate, más ofensivo y más creíble, como reclaman, cada vez con mayor insistencia, los trabajadores en los centros de trabajo.

Por último, no debemos olvidar que el Gobierno viene publicitando desde hace meses que estamos saliendo de la crisis y que esa política mediática se reforzará en los próximos meses, ante la proximidad de las elecciones generales. Si esa recuperación fuera cierta ya estaría reflejada necesariamente en las cifras de desempleo, de precariedad, de protección social y, por supuesto, en los salarios. Y, si eso no se produce, como está ocurriendo en estos momentos, ¿de qué recuperación estamos hablando y a quién beneficia? ¿Hasta cuándo debemos esperar para que se proceda a negociar el reparto de los beneficios que se generan por un mayor crecimiento de la economía y el aumento de la productividad? ¿Es sostenible un modelo productivo basado en el dumping social: alto índice de desempleo y de precariedad, bajos salarios y baja protección social? Preguntas muy oportunas que se vienen haciendo desde la oposición y los sindicatos y a las que el Gobierno nunca ha respondido, de acuerdo con sus ideas de marcado carácter neoliberal, la ausencia de una política de empleo y el considerable retroceso social emprendido. Por lo tanto, no puede resultar extraño que la valoración de Rajoy, los resultados de Andalucía y las últimas encuestas sobre las elecciones municipales y de CCAA reflejen datos negativos para el PP. Lo contrario sería incomprensible y representaría una auténtica sorpresa en términos sociales y democráticos.