El pasado 2 de octubre, después de cuatros días de amplios debates, se clausuró en París el 13º Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) -celebrado bajo el lema, Una Sociedad Justa. Empleos de calidad. Trabajando con Derechos-, al que acudieron más de 1.200 personas: 496 delegados con derecho a voto y 204 sin derecho a voto, en representación de 90 Confederaciones Sindicales, 10 Federaciones Sectoriales y un total de 70 millones de afiliados de 40 países. Se trata del Congreso de “la organización más importante del continente europeo”, según Cándido Méndez, secretario general de UGT, que ha aprobado una serie de resoluciones para los próximos cuatro años (2015-2019) y elegido al nuevo presidente (Rudy de Leeuwe, en sustitución de Ignacio Fernández Toxo, actual secretario general de CCOO), al secretario general (Luca Visentini, en sustitución de Bernadette Ségol), a vicepresidentes/as, al nuevo secretariado y a los auditores de la organización.

A pesar de la relevancia de este Congreso, ha sido muy significativa su poca presencia mediática en el ámbito de la UE y, particularmente, en nuestro país, donde no hemos encontrado noticias de algún significado en los medios de comunicación de tirada nacional (solamente ha estado acreditada la Agencia EFE en el Congreso), lo que pone en evidencia el escaso protagonismo de los sindicatos, muy afectados por las políticas de austeridad, el desempleo, la precariedad, el desplome de la negociación colectiva, las políticas anti sindicales y las actuales legislaciones laborales y sociales profundamente regresivas (por ejemplo: nuestra reforma laboral).

En las resoluciones aprobadas destacan las menciones a la lucha por la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad y las conclusiones del debate relacionadas con el Programa de Acción en cuanto a la definición de una estrategia en defensa del Modelo Social Europeo: buscar el pleno empleo de calidad, eliminar la precariedad, aumentar los salarios, implementar las políticas de protección social, imponer una política fiscal más justa, luchar contra el cambio climático, fortalecer al movimiento sindical y, en definitiva, luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

El Congreso ha puesto de relieve que Europa está viviendo un periodo de estancamiento económico prolongado a raíz de la última crisis bancaria y financiera, que se ha traducido en un fuerte incremento de la desigualdad y la pobreza, mediante el fuerte recorte de los salarios, la protección social y el gasto público que, a su vez, ha generado un elevado desempleo, una fuerte desregulación del mercado laboral y el aumento del empleo precario (sobre todo de las mujeres, los jóvenes, los migrantes y los trabajadores menos formados). Las reformas estructurales y las políticas económicas derivadas del Pacto Fiscal de la UE han provocado deflación y socavado el tejido industrial. De la misma manera, las políticas de austeridad y los recortes han aumentado la deuda pública, deteriorado los servicios públicos y destruidos empleos. Además, la democracia industrial en los centros de trabajo, el diálogo social, la negociación colectiva, la información y consulta a los trabajadores han sido ignorados en muchos países. Todo ello ha aumentado la divergencia (no la convergencia europea) entre ciudadanos y países (norte-sur), al margen de que la desigualdad creciente está separando a las personas y las aleja de los valores democráticos esenciales del proyecto europeo, lo que está fomentando el apoyo a ideologías y populismos extremos.

La CES ha reafirmado de nuevo que su prioridad es el empleo de calidad para todos. Por ello exige el fin de las políticas severas de austeridad y una política económica que garantice un crecimiento sostenible al servicio de las personas. En concreto, la CES exige un nuevo rumbo para Europa con un Programa de Inversión del 2% del PIB, cada año, durante los próximos 10 años, con el propósito de generar empleos de calidad y desarrollar sistemas energéticos sostenibles en términos económicos y medioambientales. También inversiones públicas en infraestructuras, investigación, educación, salud y servicios sociales universales y de calidad. De la misma manera, los sindicatos a nivel europeo exigen ser consultados sobre los proyectos seleccionados para su financiación dentro del nuevo Plan de Inversiones de 315 mil millones de euros de la UE (Plan Juncker). En coherencia con ello, la estabilización financiera se debe hacer a través del crecimiento de la economía (no de políticas de ajuste y austeridad) y de la venta de Eurobonos a través de un proceso ordenado de reestructuración de la deuda en el momento que se considere oportuno.

Exige también mejores salarios para estimular la demanda interna, la recuperación económica, la reducción de las desigualdades y combatir mejor la pobreza. En relación con este último punto la CES reivindica una Directiva Marco europea sobre una renta mínima suficiente que establezca principios, definiciones y métodos comunes para los sistemas de renta mínima en los estados miembros. Los derechos sociales fundamentales y los logros conseguidos deben tener prioridad sobre la libertad de mercado y los servicios públicos se deben fortalecer. Todo ello junto a la lucha contra la corrupción, la especulación financiera y, de manera especial, la lucha contra el cambio climático (“nuestros empleos dependen de nuestro planeta”).

El Congreso de la CES ha certificado la importancia de la política fiscal. Los sindicatos reclaman una imposición más elevada sobre los ingresos más altos y las grandes fortunas para redistribuir la riqueza, luchar contra las desigualdades, aumentar los presupuestos públicos, además de impulsar la demanda interna y la recuperación económica. La evasión, el fraude, la elusión, la competencia fiscal, así como los tipos impositivos preferenciales sobre el capital, el dumping social y la creciente corrupción siguen amenazando a nuestras sociedades, son incompatibles con una Europa basada en la solidaridad, causan una pérdida lamentable de fondos públicos y, por lo tanto, deben ser fuertemente combatidos mediante la cooperación reforzada en la UE y en un mundo globalizado. En particular, la CES apoya con entusiasmo el impuesto a las transacciones financieras (ITF) en toda la Unión, como un primer paso hacia un ITF global y exige a la UE que acuerde una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades obligatorio con un tipo mínimo en el entorno del 25%.

La CES se propone también en los próximos años luchar contra el empleo precario (particularmente contra el contrato cero horas) y el trabajo no declarado (sumergido), así como contra los falsos autónomos, las prácticas de contratación abusivas y el debilitamiento de la protección del empleo en general (proliferación de becas en sustitución del empleo). La CES rechaza especialmente las reformas estructurales encaminadas a desmantelar la legislación sobre la negociación colectiva y reivindica políticas activas de empleo (formación, cualificación e intermediación pública), sobre todo orientadas hacia los parados de larga duración, las mujeres y los más jóvenes.

Finalmente, la CES reivindica el fortalecimiento de la negociación colectiva y de los acuerdos vinculantes a nivel nacional que cubran a todos los trabajadores públicos y privados (incluidos los trabajadores de las PYMES). Asimismo exige el fortalecimiento del diálogo social europeo como la mejor herramienta para asegurar buenos salarios y mejores condiciones de trabajo. En este sentido la autonomía de las partes debe ser preservada y la democracia industrial aplicada en los centros de trabajo, garantizando así el derecho de información, consulta y participación en las reestructuraciones, cambios y decisiones de las empresas, dando por hecho que los gobiernos y empresas deben respetar por encima de todo la libertad sindical y el derecho de huelga.

En las discusiones del Congreso se ha echado en falta una seria autocrítica, lo que pone en valor la necesidad de abrir un profundo debate sobre el trabajo de los sindicatos en el presente y en el medio y largo plazo en el ámbito europeo, como respuesta al fuerte ataque que están sufriendo los sindicatos en la actualidad. A comienzos de 1992, THE TIMES, de Rupert Murdoch, ya se manifestaba contra las grandes confederaciones de trabajadores y proclamaba su definición conservadora de “las exitosas organizaciones sindicales del mañana”: serán esencialmente asociaciones de personal con base en el lugar de trabajo. No serán ideológicas, excepto en lo que se refiere a entender que la prosperidad de sus miembros está ligada a la de sus empleadores. Sostendrán y defenderán contratos individuales y los derechos legales de los trabajadores jugarán un papel importante en la modernización de la gestión… Como se puede comprobar la nueva derecha neoliberal apuesta por asociaciones de personal de base empresarial, divididas, impotentes y autorizadas solamente a manejar quejas particulares y a promover la propiedad y los intereses del empleador.

La respuesta sindical a la actual situación no puede ser otra que reafirmar la centralidad del trabajo en el mundo en que vivimos, porque no estamos ante el fin de la sociedad del trabajo como manifestó en su día el catedrático Juan José Castillo: “ni siquiera ante una cesión del papel del valor trabajo. Trabajo fluido, disperso, invisible, intensificado, desregularizado, pero trabajo al fin”. En todo caso, el movimiento sindical debe organizarse y aprender a pensar en términos globales para hacer frente a un amplio conjunto de factores adversos, que afectan a su capacidad de afiliación, organización, acción sindical y participación institucional y, también, a su propia presencia e implantación en la sociedad. Y lo debe hacer a través de un modelo de organización renovado que supere la actual situación y asuma el compromiso real de participar autónomamente en la defensa de las ideas progresistas, reafirmando el principio de la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades, sin esperar a que la economía crezca como defiende el pensamiento liberal conservador.

Las elecciones del 20-D son una nueva oportunidad para recuperar las ideas socialdemócratas con convicción y entusiasmo -como ha hecho Jeremy Corbyn en el Reino Unido- y en esa tarea deberían estar comprometidos también los sindicatos, exigiendo sus reivindicaciones, a partir del principio de que no es posible “la socialdemocracia sin sindicatos” como lamentablemente se intentó en años pasados. Con estas ideas se pueden ganar unas elecciones generales porque comprometen y movilizan más a la izquierda sociológica y a los jóvenes (incluso a los indignados y a los movimientos emergentes), sin necesidad de recurrir a políticas de centro, siempre acomodaticias, que nunca generan ilusión en el electorado. Sólo falta un partido democrático y valiente que ejerza un verdadero liderazgo -sin titubeos y actitudes vergonzantes- y defienda, explique y aplique el contenido de las mencionadas ideas a todos los niveles de nuestro tejido social, fomentando la participación y el debate, desde la honradez, la coherencia y la ética política: no se puede decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario (como viene ocurriendo en España desde hace años). En todo caso, son las ideas más apropiadas para salir la crisis y responder a la fuerte ofensiva neoliberal que se está produciendo en la actualidad (combate ideológico) y, por supuesto, las más eficaces para defender los intereses de los más desfavorecidos.