Las democracias más desarrolladas se distinguen precisamente por la diferenciación nítida entre los espacios para el consenso y los espacios para el disenso en el debate entre las fuerzas políticas. En cualquier democracia madura de nuestro entorno resulta inconcebible que un partido político con aspiraciones de gobierno fundamente su campaña electoral en el cuestionamiento de las reglas del juego institucional, la oposición a la estrategia antiterrorista del Gobierno o la letra del himno nacional. Estos comportamientos son más propios de regímenes latinoamericanos con escaso bagaje democrático.

Los cálculos electorales han llevado al Partido Popular a establecer tres ejes principales en su estrategia para la recuperación del poder.

El primero trata de demostrar que con Zapatero en la Moncloa no es posible mantener la normalidad institucional. Las reivindicaciones nacionalistas recurrentes se dibujan ahora como graves amenazas para la integridad territorial de España, ignorando, por ejemplo, que el primer Plan Ibarretxe se presentó con Aznar en la Moncloa, y que algunas de las reformas estatutarias propuestas por gobiernos autonómicos del PP igualan o sobrepasan los planteamientos más descentralizadores de la Generalidad catalana.

Con maniobras arteras se paraliza la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al tiempo que se fuerza una mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional que ha de tratar en torno al sometimiento a la Carta Magna de las principales iniciativas del Gobierno. Entretanto se aprovechan unas movilizaciones muy minoritarias de antimonárquicos radicales para azuzar en medios afines el debate sobre la continuidad de la Corona en la Jefatura del Estado. Y se intensifica –campañas juveniles incluidas- la apropiación sectaria de los símbolos patrios, sean selecciones deportivas, banderas o himnos.

El segundo eje en la estrategia del PP cuestiona la voluntad del Gobierno socialista de hacer frente al terrorismo de ETA. Porque no se discute si este Gobierno es más eficaz que otros en la lucha antiterrorista. La derecha española renuncia a la imprescindible unidad de las fuerzas políticas frente al chantaje etarra, para denunciar falsamente la práctica connivencia del Presidente del Gobierno con los de las capuchas y las pistolas. Todo ello a pesar de que este Gobierno no ha hecho nada que no intentaran Gobiernos anteriores –con idéntica fortuna, por desgracia-, y a pesar de que jamás hubo detenciones tan numerosas y significativas entre los violentos como las que han tenido lugar durante los últimos años.

El tercero de los ejes citados tiene que ver con las perspectivas de la economía y el empleo. Apenas se habían hecho notar los primeros síntomas de desaceleración asociados a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, cuando los dirigentes del PP se precipitaban anunciando, otra vez falsamente, que la economía española entraba en una fase de “recesión y paro”. Tales dirigentes son plenamente conscientes, sin embargo, de los sólidos cimientos de nuestro desarrollo y de lo importante que resulta la generación de confianza en nuestros mercados, en todo caso, para aminorar riesgos.

Socavar la estabilidad de las instituciones. Excitar los agravios y las tensiones territoriales. Quebrar la unidad de los demócratas frente a los terroristas. Estimular la desconfianza de los mercados para interrumpir el crecimiento económico y la creación de empleo. Tales son las herramientas que la derecha española está dispuesta a utilizar para intentar ganar las próximas elecciones.

La fortaleza de nuestras instituciones y las férreas convicciones democráticas de la mayoría de los españoles resistirán la prueba una vez más. Seguro. Pero aquellos que vimos a Aznar, Rajoy, Acebes y compañía mentir sin pestañear los días 11, 12 y 13 de marzo de 2004, para intentar ganar unas elecciones sobre la memoria y la dignidad de 200 muertos, no podemos sino manifestar preocupación. Y aquellos que además comprobamos en carne propia, en la Asamblea de Madrid durante el verano de 2003, hasta dónde puede llegar esta derecha en su camino al poder, debemos además recavar una gran movilización cívica ante las urnas el próximo mes de marzo.

La derecha española necesita afrontar un proceso de renovación entre sus dirigentes, a la vez que un proceso de actualización democrática para sus estrategias y postulados. La democracia española, para alcanzar el nivel de desarrollo y madurez que le corresponde por la historia y por la voluntad de sus ciudadanos, necesita de una derecha centrada y “europeizada”.

Necesitamos una derecha consciente de la necesidad de reservar espacios para el consenso en las políticas de Estado que tienen que ver con las reglas del juego democrático, la estabilidad de sus instituciones, la lucha contra el terrorismo, las grandes líneas de nuestra acción exterior… Y necesitamos una derecha capaz de aprovechar los espacios destinados al disenso –que los hay- para promover debates y propuestas que contribuyan al desarrollo y al progreso de la sociedad española.

El primer paso ha de darse mediante una derrota contundente de la actual dirección del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Pues vamos a hacerles el favor…