La dramática pérdida de nuestra riqueza natural está provocada principalmente por el cambio climático, la deforestación, la transformación de los usos del suelo; los impactos de las grandes infraestructuras, la contaminación, la sobrepesca, la pesca destructiva, la especulación urbanística.

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) cada año se extinguen en el planeta entre 10.000 y 50.000 especies. La pérdida también afecta especies vegetales, ecosistemas terrestres y marinos que podrían desaparecer definitivamente del planeta. El ritmo es tal que los científicos hablan ya de una sexta extinción masiva, la primera que se produciría en la Tierra desde la desaparición de los dinosaurios.

Por otro lado, las principales conclusiones del informe Planeta Vivo 2010 elaborado por WWF son muy clarificadoras. La salud de los ecosistemas ha disminuido un 30 por ciento y la huella ecológica se ha duplicado. La organización insiste en que es imprescindible aunar los esfuerzos para cambiar el modelo energético actual y la dieta si queremos dejar de vivir más allá de los límites de la Tierra.

La tendencia de pérdida de riqueza natural de los últimos 40 años se mantiene constante. La huella ecológica global, que mide la demanda de la humanidad sobre los recursos naturales, ha aumentado más del doble entre 1961 y 2007. Asimismo, el consumo mundial de recursos ha superado tanto la capacidad regenerativa de la Tierra (biocapacidad), que se necesitan 1,5 años para regenerar los recursos utilizados sólo en el año 2007. Dicho de otra forma, la población mundial utilizó el equivalente a 1,5 planetas en 2007 para sostener sus actividades. Si se continuara con la actual gestión tradicional, la humanidad necesitaría 2 planetas en 2030 y casi 3 en 2050 para satisfacer sus demandas. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Dinamarca, Bélgica y Estados Unidos son los países con mayor Huella Ecológica del mundo. En el caso de España, el 19º país que más presiona sobre la biodiversidad. En relación a la población española necesitaría a día de hoy 3,5 Españas para satisfacer demandas de recursos y para absorber el CO2 emitido.

Un informe elaborado por la Comisión Europea sobre la economía de los ecosistemas (TEEB) muestra cómo los expertos olvidan cuantificar el valor del patrimonio natural de sus países. El estudio Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad para Políticos 2009 (TEEB de sus siglas en inglés), señala que los gobiernos deben adoptar mejores sistemas de contabilidad, que midan el auténtico valor de los recursos naturales, y permitan integrarlos en las decisiones gubernamentales.

Según el estudio, invertir en la conservación, gestión y restauración de los ecosistemas proporciona beneficios a largo plazo mayores y más duraderos que las ganancias monetarias inmediatas que proporciona el uso incontrolado de los recursos naturales, tales como la tala de los bosques o la sobre pesca. Por otra parte, la degradación de los suelos, el aire, el agua y los recursos biológicos pueden impactar negativamente en la salud pública, la seguridad alimentaria, el turismo o las oportunidades de negocio. El estudio fue bien valorado por los responsables políticos, mientras que por parte de la sociedad civil ha sido criticado, alegando que la biodiversidad posee un valor intrínseco que no puede ser medido en términos meramente económicos.

La actual crisis económica ofrece una oportunidad única para reevaluar el modelo de desarrollo e iniciar la ruta hacia la sostenibilidad. Esto es posible y, para ello, hay dos retos prioritarios: energía y alimentación. Un escenario alternativo al de la gestión tradicional es disminuir al máximo la huella del carbono hasta conseguir un planeta 95% renovable. También sería recomendable disminuir el consumo de carne y productos lácteos. Si la humanidad redujera el consumo de estos productos tan sólo en un 9%, se conseguiría una reducción de la huella ecológica del 35%.

La acelerada desaparición de la fauna y flora es un problema global que, al igual que el cambio climático, no tiene fronteras. La Comisión Europea reconoce que “el capital natural del mundo permanece bajo una grave amenaza”, y que “junto con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad es la amenaza medioambiental más crítica, dando lugar a importantes daños económicos y de bienestar”. Sin embargo y pese a estas afirmaciones, en la propia Comisión todavía se duda en adoptar una posición firme.

Es preciso mejorar la inversión en el capital natural para aumentar la capacidad del planeta de regenerar recursos (creando áreas protegidas, luchando contra la deforestación,…). Ir más allá del PNB y medir el desarrollo a través de indicadores como la huella ecológica. Centrar los esfuerzos futuros en cambios en los modelos de energía y alimentación. Distribuir los recursos limitados y la energía, el agua y los alimentos de forma equitativa entre las naciones y la ciudadanía. Y sobre todo: Liderazgo por parte de los gobiernos e instituciones en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son dos caras de una misma moneda y resolver uno sin el otro no tiene sentido, ya que ambos deben ser abordados conjuntamente. La conservación de nuestra riqueza debe situarse en lo más alto de la agenda política de la UE. Si la tendencia actual de destrucción de la naturaleza continua, Europa afrontará unos gastos de alrededor de 1,1 billones de euros al año en 2050, casi el 4% del PIB de la UE. Hoy en día se produce una disminución de las especies entre 100 y 1.000 veces más rápido que la tasa normal.

En este contexto, España es un espacio privilegiado para la diversidad biológica y como uno de los países con mayor diversidad biológica del la UE y con mayor superficie incluida en Red Natura 2000 debe dar ejemplo al resto tanto por la correcta aplicación de las directivas europeas de protección como por el compromiso en frenar su pérdida y promover su recuperación.

Su localización geográfica, la cercanía al continente africano y la existencia de dos grandes conjuntos de islas han creado unas condiciones óptimas para que España sea uno de los países más ricos de Europa en biodiversidad: 85.000 especies de fauna y flora, el 54% del total europeas, entre las que se incluyen unas 8.000 plantas, 15.000 hongos, 50.000 invertebrados y 635 especies de vertebrados.

Pero también sufre el mismo proceso que afecta a otros lugares del planeta. Así, en los últimos cien años, se han extinguido al menos 17 especies animales y 24 especies vegetales, el 26% de las especies de vertebrados se encuentra incluido en categorías de conservación poco favorables y las especies declaradas en peligro de extinción se han duplicado en los últimos 25 años, afectando en muchos casos a animales tan emblemáticos como el lince ibérico, el águila imperial o el oso pardo.

El gran reto al que se enfrenta España actualmente es la protección de los denominados lugares Natura 2000. Se trata de una red de espacios protegidos de la Unión Europea en los que se busca compaginar la conservación de los recursos naturales con un desarrollo económico sostenible de la zona. La red Natura 2000 en España ocupa el 25% del territorio nacional, y alberga especies como el lince ibérico, el águila imperial, el oso pardo, el urogallo, el atún rojo, la tortuga boba y varios cetáceos y tiburones.

En este sentido, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad presenta un texto coherente y cuidadosamente redactado y merece una valoración positiva tanto por su estructura general como por su contenido, que actualiza toda la legislación dispersa y fue sometido a un proceso de participación modélico. En ella se contienen, mejor y más completamente, la trasposición de la normativa europea – Directivas de aves y hábitats – y los convenios internacionales – Convenio sobre Diversidad Biológica, en especial en el tema marino.

La anterior norma – Ley 4/1989 – aun cuando supuso una innovación, debía ser actualizada debido a los numerosos instrumentos internacionales y supranacionales dictados con posterioridad; la evolución experimentada por la sociedad; la experiencia de las CCAA; y las reformas parciales, a veces, motivadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La Ley 42/2007, es una norma básica de conservación que contiene una visión avanzada del medio ambiente, recoge el deber de conservación del patrimonio natural entendido como preservación de la diversidad genética de especies y ecosistemas y garantía de mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Quizá el avance más importante lo constituye el reconocimiento de las áreas marinas como espacio natural protegido, y la atribución de competencias sobre ellas, siguiendo las sugerencias del Informe del Consejo de Estado. Otra novedad lo constituyen la creación de mecanismos de cooperación con las Comunidades Autónomas como la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y de un órgano de participación, el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en el que están presentes las ONG de medio ambiente.

Como nota negativa, destacar que hasta hoy no se ha elaborado el plan estratégico de patrimonio natural y biodiversidad como marca la Ley. Aunque, bien es cierto que aún se está a tiempo de culminarlo en esta legislatura. Predomina la falta de una política de biodiversidad clara y coherente entre la administración central y las comunidades autónomas. Siguen sin existir ni directrices, ni planes de gestión para red Natura 2000, que protege lo mejor de la naturaleza de nuestro país, ni planes de recuperación para muchas de nuestras especies en peligro de extinción. Además, es preciso iniciar la discusión sobre la financiación, asegurándola con un fondo fuerte y específico para biodiversidad y blindando recursos de otros fondos, para reforzar Natura 2000 en las próximas perspectivas financieras.