Gracias a las políticas austericidas de Rajoy, hoy en España vivimos con esta realidad:

· En el año 2012, según Eurostat, el riesgo de pobreza entre los menores de 18 años en España llegaba al 29,9 por ciento, cuando la media de la UE estaba en el 21,4 por ciento.

· La tasa de pobreza entre los menores ha pasado en un solo año del 15,6 por ciento en 2011,al 19,4 por ciento en 2012.

· El índice Gini es mucho mayor en los hogares con menores de 18 años (0,358) que en los hogares donde no hay menores (0,336). Y todo ello, cuando el índice Gini para la media de la UE-27 es 0,307.

· Un total de 2.826.549 niños vive en riesgo de pobreza o de exclusión social en España.

Tan contundente y trágica situación, tendría que ser suficiente para escandalizar a una sociedad, y movilizar a los gobiernos para acabar con la pobreza, a través de programas y presupuestos concretos. Pero parece que no, porque ante semejante catástrofe humanitaria, el Gobierno del PP, prefiere rescatar autopistas que ellos decidieron construir, en lugar de personas.

Su insensibilidad causa escalofríos. Y se acentúa esta sensación cuando por una parte, el ministro Montoro dice que el informe realizado por Cáritas sobre la pobreza en España «no se corresponden con la realidad», porque sólo se basa en «mediciones estadísticas». Obviando que las mediciones estadísticas a las que se refiere son del Gobierno, a pesar de estar ocultando y destruyendo series históricas con la finalidad de intentar silenciar una realidad que antes que en los números está en la calle y en la vida de las personas. Y cuando por otra parte, el Gobierno, cual licenciado vidriera, pretende que no se hable de este desastre, pensando de manera pueril que si no se habla de algo no existe.

Que un Ministro le pida a una organización como Cáritas que no «provoque» debates en este sentido, es causa suficiente para su cese inmediato en cualquier democracia. También en España, porque ese Ministro, y su Presidente también si lo mantiene, están yendo contra el artículo primero de la Constitución española que juró o prometió cumplir y hacer cumplir. Ese artículo, en su apartado primero, dice textualmente que “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

¿Qué es provocador, informar a la sociedad española que al menos un millón y medio de hogares padecen una situación de exclusión social severa, un 69,8 por ciento más que en año 2007; o decir que no existe el problema? ¿Qué es provocador, decir que la tasa de pobreza media entre los países de la Unión Europea fue del 25,1 por ciento en 2012 y en España del 28,2 por ciento, lo que significa que alrededor de 13 millones de españoles están en esa situación; o negar la evidencia con la propaganda de la recuperación? Como se dice coloquialmente, cualquier bien nacido sabe la respuesta, no hace falta tener estudios o ser ministro.

Provocador o no, lo que si hay que repetir, porque intencionadamente el Gobierno y las elites políticas y económicas lo quieren ocultar para seguir sin hacer nada, es que desde hace ya muchos años se sabe, a través de numerosos estudios, que sufrir la pobreza durante la infancia, de manera continuada, tiene consecuencias que se extienden a lo largo de toda la vida de la persona, en forma de desventajas que van desde el nivel de estudios, su salud, el clima familiar, el tipo de trabajos que ocupa si es que trabaja, y en definitiva, su propia situación social.

Hay que repetir, que esta realidad, que la crisis ha agudizado en toda Europa, pero especialmente en España, se puede corregir. ¿Cómo? Con audaces actuaciones desde los poderes públicos que tengan por objetivo luchar contra la vulnerabilidad y la exclusión social en toda la sociedad y especialmente en la infancia. La única premisa es considerar prioritaria la reducción de la pobreza infantil. La única decisión, es la acción de los gobernantes con la implicación y apoyo de los ciudadanos en las urnas y en la gestión.