Vaya por delante mi respeto a cualquier manifestación política que se desarrolle de forma pacífica. Pero, apuntado lo anterior, tengo que decir que ayuda poco a la convivencia pacífica y al desarrollo del Estado Autonómico que algunos no desaprovechen oportunidad para poner en cuestión las reglas de juego establecidas en la Constitución de 1978, y mediante consultas organizadas fuera de la legalidad y con notables manipulaciones para conseguir resultados a la carta, pretendan forzar el modelo territorial.

Mucho más preocupante me parece que un partido nacionalista moderado como es Convergencia Democrática de Cataluña haya apadrinado la consulta y que altos dirigentes de esa fuerza – Artur Mas, Xavier Trías o Jordi Pujol – no sólo la apoyen y voten sino que hagan declaraciones en las que se manifiestan a favor de defender en el Parlamento Catalán el “derecho a decidir” sobre la independencia de los catalanes.

Todos sabemos que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace no es una práctica política muy común en los tiempos en los que vivimos. También sabemos que el nacionalismo catalán de CiU es la personificación del batir de banderas independentistas para arañar unos cuantos votos y, al mismo tiempo, estar en las instituciones pactando con el “perverso españolismo” por un plato de lentejas, muchas veces no para el beneficio de todos los catalanes sino para el de aquellos grupos especialmente cercanos a sus intereses.

Si realmente queremos desarrollar nuestro Estado Autonómico hasta el punto de convertirlo en un auténtico Estado Federal, donde los que tienen vocación de autogobierno sientan que tienen en sus manos la gestión política de sus territorios y los que entienden que España es una realidad histórica y constitucional sustentada en un pacto de soberanía donde no se pone en cuestión la integridad territorial, todos deberíamos comportarnos con lealtad, sensatez y respeto a las reglas de juego.

Por mucho que se intente forzar el sistema todos sabemos que “el derecho a decidir” está atribuido en la Constitución a todos y cada uno de los españoles cuando se expresan en los procesos electorales y el resto de las vías para poder manifestar su opinión. Aquellos que pretenden que se reconozca un “derecho a decidir” a los pueblos o las comunidades saben muy bien que lo que están haciendo es romper el pacto constitucional y, con ello, dejando a todos con las manos libres para actuar fuera de la Ley y el Derecho.