Una parte del llamado “emprendimiento empresarial” madrileño ha buscado siempre el enriquecimiento rápido por la vía fácil del favor político. Apostar por la investigación, la innovación y la mejora de la competitividad requieren imaginación, capacidad y esfuerzo. Resulta más fácil pegarse al poder e intercambiar favores. Durante un tiempo, el juego de las concomitancias se limitó al pingüe negocio del suelo. Ellos le sacaron buen partido. El precio que pagamos los madrileños fue muy caro: modelo productivo centrado en el ladrillo, burbuja inmobiliaria, deterioro ambiental, especulación y corruptelas a granel. Pero el chollo urbanístico se acabó, y ahora se trata de meter a fondo el cucharón en la sanidad pública. Y no lo podemos permitir.

El anuncio reciente sobre la privatización generalizada de hospitales y centros de salud no es sino el último capítulo de una serie que se inició hace años. Comenzaron “externalizando” servicios no sanitarios, como restaurantes y aparcamientos. Continuaron privatizando servicios sanitarios “rentables”, como mamografías y TACs. Siguieron con las cirugías en centros privados con factura pública, “para reducir listas de espera” decían. Los nuevos hospitales se construyeron ya con financiación y gestión privada. Todo esto paso a paso, argumentando que “a los ciudadanos no les importa el color de la bata del médico, sino la calidad del servicio”. Ahora la crisis les ha proporcionado la excusa perfecta para dar el último acelerón y poner definitivamente toda la sanidad pública en manos de empresas privadas.

En su momento aseguré que un día no muy lejano los madrileños tendríamos que acudir a los servicios públicos sanitarios con la tarjera de crédito. Me criticaron mucho, propios y ajenos, pero, por desgracia, no me equivoqué. Hoy mismo, muchos ciudadanos de Madrid deben pagar los medicamentos que antes financiaba el sistema público, y tanto el transporte sanitario no urgente como algunos tratamientos de rehabilitación posoperatoria están fuera ya de la cartera pública de servicios. Se oye que pronto pagaremos también por análisis clínicos, radiografías, mamografías.

El dogmatismo no es buen consejero a la hora de decidir la forma de gestión de un servicio público. Y se ha demostrado que en determinados ámbitos la gestión privada puede incorporar valor añadido de carácter tecnológico, organizativo o profesional, en beneficio de la eficiencia. Ahora bien, la prestación de los servicios públicos de los que depende la atención de necesidades básicas y el ejercicio de derechos fundamentales debe mantenerse en manos públicas. Porque solo la gestión pública garantiza la preeminencia de la calidad y la igualdad sobre cualquier otra consideración. Y porque la búsqueda del beneficio empresarial, en según qué espacios, puede conducir a situaciones de deterioro del servicio o de inequidad en su prestación. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en la sanidad madrileña.

El derecho a la salud es un derecho constitucional de primera magnitud. Y su garantía está en la existencia de un sistema sanitario público sólido y eficaz. Cuando se socavan los cimientos de la sanidad pública, recortando drásticamente sus recursos o entregando su servicio al negocio privado, como está haciendo el PP, se está atentando contra aquel derecho fundamental.

Esta es la madre de todas las batallas. Y no la podemos perder.