En lugar de ello, ha decidido atacar lo que es más querido para los ciudadanos, y lo más necesario para el futuro del país: su sistema educativo. Se trata, por tanto, de una decisión política cuya esencia es hacer cargar el peso de la crisis sobre las clases trabajadoras y medias, disminuir las oportunidades de los que menos tienen y no tocar los privilegios de los que más tienen.

Los universitarios progresistas debemos manifestarnos en contra de esta descomunal subida de tasas, y sobre todo estamos en contra de la ausencia de una justificación racional de la misma. El Gobierno no nos da una memoria económica de cuánto pretende ahorrar con ella. Someros cálculos sobre lo publicado permiten estimar un aumento de la recaudación por tasas de entre 1.000 y 2.000 millones de Euros, lo cual es a todas luces desorbitado. Acompaña a la medida un recorte reciente de las becas universitarias, cuando lo coherente con una subida de tasas sería aumentar el número de ellas. Por otro lado, la subida es de al menos un 66% para todos los estudiantes, cuando hubiera sido más racional ligar la subida al rendimiento académico, tratando de no subir las tasas a los estudiantes que demuestran un rendimiento adecuado.

Por tanto, el resultado final no puede ser otro que el abandono, o el no ingreso en el sistema universitario, de las capas más desfavorecidas de la sociedad que hasta hoy tenían acceso al mismo. Dado que el talento y el esfuerzo no van necesariamente unidos al poder adquisitivo, la consecuencia inevitable será que el país se verá privado de numerosos talentos por razones meramente económicas. Países con gobernantes más inteligentes hace tiempo que establecieron políticas para que ningún talento se desperdiciara por falta de recursos. Más aún, mantienen políticas activas para captar talentos de otros países. En apariencia, a nuestros gobernantes actuales les es indiferente este despilfarro intelectual. Por un lado les negamos oportunidades laborales a nuestros mejores egresados, que han de buscarlas fuera de España, y por otro impedimos el acceso a los estudiantes brillantes que no tienen recursos. Toda una pérdida de personas cualificadas que serían imprescindibles para el futuro de un país tecnológicamente avanzado y económicamente competitivo.

Creemos que el Gobierno debe rectificar esta decisión, a todas luces improvisada, tomada sin consultar a los agentes educativos, ni a otras fuerzas políticas, y al dictado de las oscilaciones de la prima de riesgo y de las bolsas. Los cambios en el sistema educativo han de ser pocos, graduales y muy consensuados, o se corre el riesgo de destruir en pocos meses lo construido a lo largo de muchos años. La Universidad ha dado pruebas de ser capaz de obtener grandes resultados con muy pocos recursos. A pesar de las numerosas y contradictorias reformas universitarias, a pesar de la escasa financiación y de los recortes continuos en investigación, el esfuerzo de su personal docente e investigador ha puesto nuestro país en un digno noveno lugar mundial por número y calidad de publicaciones científicas. No se puede lamentar cínicamente que nuestras universidades no figuren en los primeros puestos de los ranking internacionales a la vez que se le niegan los recursos, se expulsa a nuestros jóvenes investigadores con un recorte drástico de plazas, y se impide el acceso de nuevos talentos con una desorbitada subida de tasas.