Es lógico que se plantee la necesidad de que al frente de las Cajas haya personas competentes y profesionales, tengan o no una procedencia política. En una democracia sana la condición política no debe ser vista nunca como un estigma y menos en instituciones que cumplen una evidente función social, como son las Cajas de Ahorros.

La búsqueda de la profesionalidad y la buena funcionalidad en las Cajas no está reñida con la lógica política y social, tal como se ha podido comprobar durante los últimos años. Las Cajas son, en este sentido, instituciones ejemplares en un doble sentido: en primer lugar, porque tienen unos perfiles de representatividad democrática y en sus órganos de gobierno participan representantes de los impositores, los trabajadores, los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, lo cual es un ejemplo admirado en muchos lugares del mundo. Y, en segundo lugar, las Cajas cumplen una función social decisiva, destinando sus beneficios a obras sociales y actividades de interés comunitario. Además de todo esto, las Cajas han demostrado ser muy eficaces, mucho más eficaces y solventes que otras entidades privadas. De hecho, se han producido y se producen muchas más quiebras, fracasos e irregularidades en entidades privadas –empresas, bancos, etc.– que en Cajas de Ahorros. Lo cual demuestra palmariamente que la privaticidad extrema que algunos reclaman como símbolo de una pretendida eficacia y solvencia es una falacia absoluta.

El problema real que hay que neutralizar es la posibilidad de que alguna Caja se instrumentalice políticamente al servicio de un partido político concreto, o lo que es peor, de un líder político o de sus amigos, familiares, compadres, etc. Esto es lo que no tiene sentido ni en las Cajas ni en ninguna otra institución y, por ello, problemas tan enconados como los que Esperanza Aguirre ha planteado en Caja Madrid deben ser atajados firmemente. No se sabe si para ello serán necesarias nuevas leyes, pero lo que sí es evidente es que se necesitan nuevas actitudes y un sentido estricto de la honradez y la transparencia.

En cualquier caso, los eventuales problemas existentes en una o dos Cajas no deben ser utilizados al servicio de estrategias privatizadoras interesadas, ni de concentración desmedida del poder financiero, ya que otra de las virtudes de las Cajas es la cercanía y proximidad a los ciudadanos en sus lugares inmediatos de residencia. ¿Acaso está demostrado que la concentración cuasi-monopolista de poder financiero es mejor para el funcionamiento de la economía y para la prestación de servicios económicos y sociales? A la luz de lo que está ocurriendo actualmente en la economía parece evidente que algunas de las pretensiones que se están planteando en este debate están quedando claramente refutadas por los hechos concretos. Por lo tanto, harían bien algunos en no empeñarse en hacernos comulgar con ruedas de molino una vez más.