Ahora bien, más allá de las celebraciones por el consenso logrado tras años de graves conflictos, resulta obligado establecer algunas conclusiones sobre lo sucedido. La más importante es la constatación del fracaso del chantaje al que fue sometido el Estado por parte de un colectivo estratégico en defensa de privilegios inaceptables. El Estado aguantó el pulso atendiendo al interés general y el Estado ha ganado el pulso. Se trata de una lección muy importante de enseñar y de aprender.

Las nuevas condiciones laborales determinadas por el laudo de obligado cumplimiento aseguran los derechos de los trabajadores del control aéreo, pero recogen lo más fundamental de la posición defendida por el Gobierno desde el primer momento. Primero, el cumplimiento de la ley, que no está y ni estará sometida al arbitrio de amenaza o presión corporativa alguna. Segundo, la recuperación por parte del Estado de las funciones básicas e incuestionables del empleador: la organización del trabajo, el nombramiento de los responsables, el acceso y la formación en el puesto.

En tercer lugar, un régimen salarial compatible con el equilibrio de las cuentas de nuestro transporte aéreo. Se acabaron los sueldos de escándalo cercanos al millón de euros anuales. El salario medio se establece en los 200.000 euros (que no está mal) y las prejubilaciones pasan de los 52 a los 57 años mínimo, con percepciones que bajan desde los 170.000 a los 60.000 euros aproximadamente. De esta manera, la masa salarial de los controladores desciende de 780 a 480 millones de euros por ejercicio. Es decir, un ahorro lineal de 300 millones que permitirá rebajar las tasas a pagar por los usuarios.

Cuatro, crucial también: por vez primera se vinculan los salarios futuros a la productividad. Si los controladores quieren más sueldo que sus colegas europeos, deberán corresponder mejorando su productividad. Todo un avance. Y quinto, los horarios. Pueden contar las horas como les venga bien, pero el nuevo convenio marca para los dos primeros años de vigencia el máximo establecido en la ley: 1670 horas anuales.

En el inicio de la controversia pública con los controladores fueron muchos los que apostaron por la claudicación o el desastre. Pero no ha habido ni claudicación ni desastre. Y ahora toca reconocer la iniciativa valiente y acertada del Gobierno de España al afrontar la racionalización de un sector que llevaba demasiado tiempo en la irracionalidad más flagrante.

Una llamada de atención también sobre el instrumento. El laudo voluntario de obligado cumplimiento se ha mostrado como un mecanismo útil en la resolución de conflictos laborales graves. Tomemos nota para el futuro.

En definitiva, el acuerdo sobre el control en el tránsito aéreo abre la puerta a la culminación de la reforma estructural emprendida sobre el conjunto del transporte aéreo en nuestro país. Una gran noticia. Y no estamos muy sobrados…