Es evidente que el Gobierno griego no tiene dinero para seguir funcionando más allá del 28 de febrero de 2015 (algunos observadores dicen que las reservas se habrán agotado el 24). El Estado helénico no puede emitir deuda pública salvo a tipos de interés estratosféricos. Por tanto, solo cabe un préstamo multilateral, ya sea del Fondo Monetario Internacional, o de la Unión Europea, o de ambos, como hasta ahora, salvo que Grecia opte por buscar dinero en una Rusia estrangulada por las sanciones y la caída del precio del petróleo, en China, o en Oriente Medio. No es previsible, ni desde luego conveniente. Cuando hubo que organizar el programa de ayuda financiera a Chipre también se habló del apoyo ruso, del que nunca más se supo.

Mientras tanto, el país sufre una continuada fuga de depósitos hacia otros Estados de la Eurozona en previsión de una suspensión de pagos y/o de una salida de la moneda única. Estos dos factores, la necesidad de financiación fresca, y la pérdida acelerada de capitales hacia el exterior, limitan enormemente la capacidad negociadora de Grecia, salvo que el nuevo Gobierno contemple seriamente abandonar la zona euro. No parece que éste sea el caso, no porque Syriza tenga necesariamente una especial predilección por la unión monetaria, sino sobre todo por la impopularidad de tal medida, que tendría que ir acompañada por fuerza de controles de capitales, para impedir una espiral todavía más fuerte de pérdida de depósitos bancarios. Los ciudadanos griegos están en contra de la política de ajuste fiscal a ultranza, pero están mayoritariamente a favor de seguir en el euro. Esto se debe a que nadie quiere cobrar su salario, pensión o ayuda social en una moneda fuertemente devaluada, como sucedería en el caso de una vuelta al dracma.

Partiendo de estos hechos, no es sorprendente el cambio de tono del Gobierno griego. Ya no se habla de no reconocer a sus acreedores, o de condonación de una parte de la deuda pública, chaladuras que en España sí siguen pregonando los seguidores del defraudador fiscal Juan Carlos Monedero. La realidad se ha impuesto, de tal manera que según las últimas noticias, el primer ministro heleno ya ha solicitado prorrogar el actual préstamo, mientras se negocian nuevas condiciones. La brecha entre Grecia y la mayoría del Eurogrupo respecto del programa de asistencia ya no tiene que ver tanto con los términos financieros del préstamo (tipos de interés, plazos de amortización, etc.) sino con la condicionalidad política.

El problema reside en que Syriza se presentó a unas elecciones con un programa electoral radicalmente contrario a las condiciones políticas del programa de ayuda financiera vigente. Es decir, los préstamos oficiales a Grecia se ligaron a medidas tales como privatización de empresas públicas, congelación del salario mínimo o reformas del mercado de trabajo, políticas todas ellas rechazadas por Syriza. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno griego considera que el ritmo de ajuste fiscal debe moderarse, pasando de un superávit presupuestario primario (no incluyendo pago de los intereses de la deuda pública) más reducido (del 4,5 al 1,4 por ciento), lo que por otro lado parece razonable.

La cuestión de la condicionalidad no es nueva, la conocen bien los gobiernos latinoamericanos y africanos que tuvieron que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Siendo cierto que los créditos no pueden ser incondicionales, no lo es menos que la condicionalidad no puede estar tan fuertemente impregnada por la ideología neoliberal. En eso, el Gobierno griego tiene razón, y el Eurogrupo debe avenirse. Las reformas estructurales deben focalizarse en la lucha contra el fraude fiscal, la eficiencia de la Administración Pública y la mejora del capital humano, y no en la venta del capital público a precio de saldo y en el abaratamiento del factor trabajo. Quizás si se hubiera planteado esto desde el principio, sin bravatas ni aspavientos, Grecia se habría ahorrado la fuga de capitales y ya tendría un acuerdo cerrado con socios.