El Gobierno responde con la política de mano dura y policías a la calle. Intenta, y en ocasiones consigue, meter el miedo en el cuerpo a todo aquel que se moviliza. Al tiempo que criminaliza la protesta y la cuestiona con el peregrino argumento de que los ciudadanos ya decidieron en las urnas. Como si después de las elecciones ya tuvieran que estar mudos e inmóviles ante lo que hagan unos Gobiernos que es cierto que ellos eligieron.

En esta espiral, el caso concreto de los escraches a los políticos, con motivo de la Iniciativa Legislativa Popular en materia de desahucios, ha dejado definitivamente al descubierto la estrategia del Gobierno del Partido Popular. Una estrategia muy bien diseñada desde que accedió al Gobierno y los ciudadanos comenzaron a manifestarse en contra de los recortes en derechos fundamentales como la educación, la salud, la dependencia, la vivienda….

El Gobierno y el Partido Popular, con la ayuda de la Prensa Palmera, están instalados en presentar a cualquiera que se movilice contra sus políticas, y a favor de los derechos sociales, como unos “delincuentes”, como unos violentos, cuando no “terroristas”. Es una vieja, pero recurrente estrategia de persecución; utilizando las identificaciones indiscriminadas para después sancionar y atemorizar; acusando penalmente a los organizadores de las protestas; y empleando mecanismos excepcionales, como la detención de manifestantes durante varios días, para ejemplarizar el castigo e intentar intimidar.

Ante el malestar social, el Gobierno ha decidido criminalizar la protesta social. Con ello, dentro de la teoría más neoliberal de seguridad ciudadana, criminaliza la pobreza, al identificar como delincuentes o terroristas a unos ciudadanos que están sufriendo la exclusión social, y que se movilizan para pedir respuestas y soluciones a sus problemas. Y también, criminaliza la política, al tratar de prohibir el derecho democrático de manifestación y reunión.

La protesta social no violenta es una de las formas concretas de participación política que puede asumir un determinado conflicto social. No crea el conflicto, como pretenden hacer ver y entender desde algunas instituciones y medios de comunicación. Puede ser más o menos molesto, pero, lejos de intentar criminalizarlo, hay que escucharlo como mínimo, porque puede mostrar insuficiencias estructurales del funcionamiento democrático que es preciso corregir para avanzar en democracia.

Deja ver el alejamiento de los ciudadanos de sus representantes políticos, es decir, se visualiza en las calles la deslegitimación de la representación elegida democráticamente en las urnas. Posibilita poner en la agenda mediática y política el problema estructural de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social que están sufriendo millones de ciudadanos, y que normalmente no tienen mucha cabida en la información en general. Y entre otras cuestiones, también permite observar las declaraciones públicas de los Gobiernos y, lo que es más importante, sus actuaciones frente al resto de la sociedad. El Gobierno de Mariano Rajoy en lugar de solucionar los problemas, que en muchos casos genera con sus propias políticas, ha decidido estigmatizar y criminalizar la movilización social y al ciudadano que es activo en la defensa de sus derechos sociales.

Que nadie se engañe, la criminalización de la protesta, tiene por objetivo acallarla y frenarla. Intentan que los ciudadanos que están movilizados se vayan alejando de la misma, y que nuevos ciudadanos no se sumen. Pero junto a la represión, se desarrolla otra campaña frontal por parte del Gobierno, en los medios de comunicación, para transformar los actos de reivindicación ante la injusticia en unos sucesos delictivos, que atentan contra la legalidad y amenazan el orden legal establecido. Es decir, lo que hacen estos ciudadanos, según el Gobierno, atenta contra la democracia.

Las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, diciendo que estos comportamientos no son democráticos y que no se puede presionar a los representantes en sus casas, muestran su falsedad, cinismo e ideología. ¿Hablan quienes promueven cacerías mediáticas con el fin de presionar e intimidar al que está realizando su labor constitucional de fiscalización y control al Gobierno? ¿Hablan quienes amparan con la ley a los cobradores del Frac? ¿Hablan quienes llevaron a las instituciones de este país a niveles insoportables de tensión, con ayuda de algunos medios de comunicación, con tal de quitar de en medio a un Presidente del Gobierno al que no ganaban en las urnas? Hablan, pero olvidan la presión que ellos sí han utilizado, una vez sí otra también, para llegar al poder a toda costa.

El Gobierno tiene que dejar de criminalizar la protesta social porque, ante el incremento de la injusticia y la desigualdad, la docilidad y pasividad ciudadana que ellos han promovido se está acabando. La injusticia y la desigualdad no se acalla poniendo límites a la concentración y protesta, sino corrigiéndolas. De lo contrario, habrá más protesta democrática aunque no guste al poder y al Gobierno.