Mi respuesta ha sido siempre positiva, señalando que los conocimientos técnicos y científicos, la mano de obra y los recursos disponibles permitirían, sin ningún género de dudas, avanzar rápidamente hacia esos objetivos, logrando que todos los ciudadanos tuvieran una igualdad de oportunidades equivalentes. Aunque habiendo aprendido de lo que inevitablemente solía ser la siguiente pregunta, siempre matizo que no es la producción ni las características de esta producción el problema para avanzar hacia esos objetivos, sino las relaciones sociales y la distribución existente de la riqueza y del valor añadido producido.

Antes, la siguiente pregunta inevitable era la de qué se podía hacer para solventar esos problemas. Ahora, esta pregunta rara vez se produce, pareciendo existir un cierto pesimismo en las posibilidades de un cambio de la actual dinámica social. Cambio necesariamente ligado a una creciente información, educación y concienciación de la población en la defensa de sus intereses comunes, que venga asociada a una corresponsabilización de la mayoría para forzar a los partidos políticos y a los Gobiernos, que sólo asumen en el plano de sus discursos los principios de lo que llamaremos “desarrollo sostenible”, a que opten en la realidad, con compromisos concretos, por el avance hacia ese nuevo paradigma social.

Y es que no son los grandes discursos los que nos van a llevar en la dirección correcta, sino las sucesivas acciones concretas. Y es la evaluación de los efectos de éstas -qué se hace, por qué se hace y, sobre todo, para quién se hace- la que nos permite valorar el curso real de las políticas. Afirmación nada novedosa, ya presente en los primeros escritos existentes de la humanidad, estupendamente reflejada en “La Política de Aristóteles”, y sobre la que la ciencia y la técnica no han dejado de avanzar. Al igual que sucede con otro aspecto fundamental, como es que sólo haciendo pagar los costes externos, que no se reflejan en los precios del mercado, a quienes los generan, podremos corregir uno de los aspectos que más directamente cuestionan la adecuación de la sociedad de mercado a la sostenibilidad. Y ambos aspectos exigen un Estado y unas Administraciones fuertes, así como una regulación y un control democráticos trasparentes y centrados en el interés general; y una ciudadanía que se corresponsabilice de ejercer ese control y de adaptar su comportamiento a las leyes. ¿Es ésta la dirección que se está siguiendo para resolver los problemas de la crisis actual?

España, mes tras mes, sigue sufriendo las consecuencias de esta crisis global financiero-especulativa cuyo diagnóstico no varía: alto endeudamiento del sector privado y, en particular, del sector financiero español, con la rémora de sus activos ligados muy directamente a una construcción desproporcionada y a una burbuja inmobiliaria apoyada desde las Administraciones Públicas, fundamentalmente entre 1996 y 2003; encarecimiento de la financiación del déficit del Estado y su endeudamiento, asociado a la salvación del sistema financiero; continuación de las tensiones económicas sobre la Unión Europea; reducción del ritmo de crecimiento mundial; recesión en los intercambios mundiales; e incluso, riesgo de recesión económica en la propia UE. Y con unas previsiones muy negativas para España, asociadas a las políticas puestas en marcha, que se están centrando en priorizar, casi con exclusividad, la estabilidad presupuestaria de todas las Administraciones; en corregir los balances del sector financiero de la sobrevaloración de sus activos inmobiliarios, facilitando las fusiones bancarias; y en una reforma laboralbásicamente dirigida a una redistribución de la renta a favor del empleador, que va a radicalizar aún en mayor medida el +6,3% que se incrementó el excedente bruto empresarial, en 2011, mientras que los salarios disminuían un 1%, según el INE. Esta transferencia de renta de los trabajadores a los empresarios va a verse incrementada por los resultados de las políticas que se van aprobando y que van a conducir a una disminución del PIB, al incremento del desempleo (con un horizonte cercano a los seis millones de desempleados), a la disminución de la renta familiar disponible, con un fuerte incremento de las desigualdades, de los niveles de pobreza y de la recesión de las rentas medias y medias-altas, y un debilitamiento del acceso a los servicios públicos soportes de la sociedad del bienestar.

En este marco, el necesario equilibrio en el balance productivista-ambientalista se está decantando de una manera más rápida de la prevista a favor del productivismo, incrementando muy significativamente los riesgos de insostenibilidad para España a medio y largo plazo. No sólo vamos hacia un mayor empobrecimiento, sino que estamos avanzando hacia una mayor insostenibilidad, desaprovechando las oportunidades que significan las crisis para el cambio de modelo y la renovación de los factores -que existen, y muy potentes en España- de una sociedad más sostenible y productiva.

Así, elementos fundamentales incidentes de forma significativa en el patrimonio territorial español y en la sostenibilidad del desarrollo, como son la problemática de las aguas (se empieza a hablar de un nuevo ciclo de sequías y se anuncian nuevas inversiones en infraestructuras -¿con qué rentabilidad socioeconómica y a qué coste ambiental y territorial?- como marco de un Nuevo Pacto del Agua), de las costas (ya es “vox populi” la prevista modificación de la ley y de las políticas asociadas), de la energía y el cambio climático (con una regresión en las políticas de las energías renovables y en las asociadas al ahorro y a la eficiencia energética), o de la biodiversidad y del paisaje (olvidados incluso en el nivel de la estructura ministerial definida), están evolucionando en una dirección altamente preocupante.

El nuevo Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha encontrado con varios expedientes por incumplimiento de directivas europeas (directivas de aguas, de saneamiento y depuración, de contaminación urbana y sobre hábitats) hecho que no es exclusivo de España en el conjunto de los países europeos, pero que sirve de aviso a navegantes sobre los riesgos de marginar las políticas ambientales o las normas europeas, tanto por las importantes sanciones económicas que pueden significar (a este respecto cabe considerar la condenada del Tribunal de Justicia de la UE, del 14 de abril de 2011, por el incumplimiento de la normativa sobre saneamiento y depuración de las aguas residuales, y con sanciones que pueden importar entre 20 y 50 millones de euros al año) como por el riesgo de que estos incumplimientos afecten a la disponibilidad de fondos estructurales europeos para la inversión, en un marco en el que una mayor reducción en dicha inversión puede tener efectos aún más graves sobre la producción y el empleo.

Y todo ello, en un marco en el que la planificación hidrológica, comenzada ya con retraso en 2004, pero que iba cumpliendo las normas y plazos establecidos hasta 2008, sufrió una ralentización durante el período 2009-2011, por motivos que son muy claros para el actual Ministro, que en su momento lo fue de Agricultura, desde cuyo Ministerio se han defendido tradicionalmente planteamientos productivistas de las políticas de agua, no fácilmente compatibles con las directivas ambientales europeas.Y que son difíciles de compatibilizar en un país en el que son periódicas las sequías, las desigualdades pluviométricas y de demanda del agua, y existe una tradición histórica de una agricultura que no ha cubierto históricamente la globalidad de los costes que implican los recursos hídricos que utiliza. Ante el enardecimiento previsible de estas problemáticas por las ya inevitables tendencias del cambio climático, ¿es de esperar que los planes hidrológicos pendientes de aprobar supongan cambios significativos? La respuesta no es la misma para cada cuenca hidrográfica, pero el balance no permite un excesivo optimismo, ya que no son de esperar políticas imprescindibles de avanzar hacia una tarificación del agua que refleje los costes totales reales asociados, incluidos los ambientales, para facilitar que recursos adicionales alternativos, como es la desalación, permitan afrontar déficits estructurales cada vez más insalvables por métodos alternativos; y ello, fundamentalmente, como consecuencia de la oposición tradicional de los “lobbies” agrícolas y del propio Ministerio de Agricultura al respecto.

El titular del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha señalado como hitos previos al planteamiento de soluciones generales (modificación de la Ley de Aguas, gran Pacto Nacional del Agua y Plan Hidrológico Nacional y posible consideración de nuevos trasvases) los de aprobación de los Planes de cuenca, previstos por el Ministro para septiembre de 2013 (con cuatro años de retraso sobre la fecha tope de la UE) y la incentivación de las acciones previstas en el plan de saneamiento y depuración, cuyo desarrollo es fundamentalmente competencia de las Administraciones territoriales, pero en el que el volumen de inversión pendiente es muy significativo y difícilmente abordable en la actual situación de corrección de déficits públicos. ¿Servirán las crecientes multas previsibles de los Tribunales europeos para cambiar las prioridades de inversión en el Ministerio y en las Administraciones territoriales, teóricas receptoras finales de las multas que se impongan según la Ley de Aguas vigente?

Lo malo de los procesos disciplinarios europeos es que, dada su lentitud y complejidad, los Gobiernos responsables de los incumplimientos no son los que soportan las multas de dichos incumplimientos, pudiendo pasar más de diez años (más de dos legislaturas) desde quese comete la infracción hasta que las multas o sanciones son ejecutivas. Y un segundo aspecto capital es que la tendencia a la interiorización de costes ambientales, presente en la nueva PAC propuesta por la Comisión Europea, ni es asumida ni es apoyada por la agricultura española ni por el Ministerio, lo que predice nuevos problemas al respecto.

En relación al segundo gran aspecto al que queremos referirnos brevemente en este artículo-la política de costas- hay que señalar que tras casi 22 años desde la aprobación de una de las leyes de costas más valorada internacionalmente, todavía queda por deslindar el dominio público marítimo terrestre en el orden del 4% del litoral español, coincidente con algunas de sus áreas más presionadas y conflictivas. Y, aunque el deslinde de estos espacios está en distintas fases de tramitación, su aprobación definitiva no es inminente, y existe un riesgo cierto de que pueda ralentizarse en el tiempo a la vez que se prorrogan las actuales concesiones temporales, permitiendo su trasmisión en el mercado de actividades económicas y viviendas que afectan al dominio público (la ley preveía treinta años de concesión ampliables en otros treinta años, pretendiéndose que este plazo se incremente ahora hasta los 75 años). Se da cobertura a los que cuestionan una regulación en defensa del interés general y de lo que señala la Constitución Española, que ha sido reforzada por una sentencia del Tribunal Constitucional español y por el propio Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. Y también se prevé modificar la regulación que afecta a las áreas de servidumbre, contraviniendo lo previsto en la ley y en sus reglamentos, y, o se amplían las condiciones y el tipo de actividades privadas que pueden albergar las zonas de dominio público o de servidumbre, reduciendo la utilización pública correspondiente.

Como en muchas otras áreas de actividad, el Gobierno actual antepone el interés privado y la actividad económica al interés general y a la sostenibilidad, en un ámbito, el de las costas españolas, donde la fragilidad, la tremenda artificialización soportada y los riesgos del cambio climático exigirían de una forma clara un comportamiento con pautas radicalmente distintas. ¿Quién va a pagar el incremento previsible de los daños y costes de los cada vez más frecuentes temporales sobre estas viviendas y actividades? ¿La totalidad de los españoles que ven restringidos sus derechos al uso de las zonas de dominio público, pero que tienen que contribuir con sus impuestos a cubrir los daños causados por la permisividad de esas edificaciones y actividades cada vez que estas áreas son declaradas zonas catastróficas? ¿O va a ser el actual Ministro de Agricultura responsable de la propuesta de los cambios, como proponía el Ministro de Hacienda, una vez se incluya en la legislación que van a proponer, que los responsables de daños al interés general los cubrirá y pagaran su irresponsabilidad incluso con la cárcel?