Esgrimiendo incumplimiento de plazos, la petrolera estatal argelina Sonatrach decidió romper unilateralmente el contrato que mantenía con Repsol YPF y Gas Natural por el control del proyecto de gas, el mayor proyecto de gas del país con una producción estimada de 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año y que requería inversiones cercanas a los 6.000 millones de euros.
Este nuevo conflicto vuelve a poner sobre la mesa la importancia de las cuestiones energéticas donde se ponen en juego los intereses de los contribuyentes, empresarios y consumidores españoles. La coherencia en economía es una necesidad, así como dar seguridad a los agentes económicos. Para ello es fundamental que los Estados tengan un papel más activo en este campo y que generen auténticas políticas energéticas transnacionales. Ya sea en Sudamérica o en el Magreb las empresas europeas han de sentirse seguras.
Se ha recurrido a un tribunal de arbitraje en Ginebra para resolver el problema. El proceso podría durar dos años. Repsol obtuvo el contrato con los argelinos en un concurso internacional hace dos años. Los analistas aseguran que será difícil que recupere los 400 millones de euros que llevan invertidos en el proyecto denominado Gassi Touil. Con los precios del gas por las nubes, Argelia cuenta con el capital necesario para instalar por su cuenta la planta de gas natural, aunque al final tenga que compensar económicamente a Repsol y Gas Natural ante lo que parece una expropiación.
