Tres asuntos destacan en esta ofensiva: la reforma del mercado de trabajo (reformas para abaratar y hacer más fácil el despido), el recorte de los salarios (ruptura del Acuerdo Nacional para la Negociación Colectiva [ANC], recomendando además un crecimiento salarial cercano a cero), y la reforma de la Seguridad Social (rebajar las prestaciones de los actuales y futuros pensionistas y reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios).

La ofensiva parte de las mismas personas e instituciones que llaman a esa política “sacrificios compartidos” para salir de la crisis y que, por el contrario, no plantearon en su día nada parecido para repartir los beneficios generados en los últimos años por un mayor crecimiento de la economía, ni exigen responsabilidades a las personas e ideas que han sido los causantes de los escándalos financieros y por lo tanto culpables de la actual crisis económica.

Intentando defender la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social el gobernador ha vuelto hacer “alarmismo social” en plena crisis económica y eso, siendo malo, resulta sobre todo inaceptable, inoportuno, y poco prudente sino se corresponde con la realidad como ocurre en este caso. Resulta más coherente para la opinión pública la actitud de los empresarios defendiendo la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por lo tanto en defensa de sus intereses, aunque dicha actitud resulte nefasta para la sostenibilidad del sistema y además contradictoria con la posición del propio Banco de España.

El secretario de estado de la Seguridad Social, Octavio Granado- que es el que verdaderamente conoce la situación financiera de la Seguridad Social- ha vuelto a manifestar que el sistema no corre peligro a corto y a medio plazo y que, incluso, como se puede comprobar, está generando excedentes que dotan al fondo de reserva (cuya cuantificación se establece en 57.223,18 millones de euros, al 31 de Diciembre del pasado año, lo que equivale al 5,22% del PIB y al abono aproximado de nueve mensualidades de la nómina de pensiones), y se espera que termine también el presente año con superávit ( el ministro de trabajo lo establece en el 0,4% del PIB).

El gobierno y los miembros del Pacto de Toledo (constituido el año 1995, y renovado en el año 2003 por los partidos políticos y sindicatos) tampoco han alertado sobre un posible riesgo, a corto y medio plazo, del sistema público de pensiones. Es de destacar que, en medio de la crisis, la Seguridad Social es la única administración pública que ha terminado el año 2008 con superávit (0,8% del PIB) y por lo tanto es la que ha resultado menos afectada por la situación económica.

En todo caso, debemos estar alertas en torno al futuro de la Seguridad Social a largo plazo y tener en cuenta algunas consideraciones:

El consenso político y social es imprescindible para abordar la evolución del sistema público de pensiones y para tomar las decisiones que correspondan con el objetivo de garantizar la viabilidad de las pensiones futuras y la mejora de los niveles de protección social. En este sentido, el Pacto de Toledo es el instrumento idóneo para evitar la politización y confrontación electoral en torno al sistema público de pensiones y, en coherencia con ello, el secretario de estado de la Seguridad Social ha manifestado recientemente que el gobierno no aprobará una ley que el PP, si gobierna, vaya a reformar.

La convergencia con la UE es una aspiración histórica en términos económicos y lo debe ser también en términos sociales. Conviene recordar que en materia de protección social, en el año 2006, dedicábamos 6,6 puntos porcentuales del PIB menos que la media europea (20,9 frente al 27,5). Lo mismo ocurre con las pensiones que representaban el 8,8% del PIB cuando la UE-15 dedicaba el 12,1% y el 11,9% la UE-27. Estos datos demuestran que España gasta mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico en protección social (en torno a 52.000 millones de euros, con datos, en este caso, del año 2005), según Vicen Navarro, en “Situación Social en España III”, en impresión; FFLC, UPF, y Biblioteca Nueva.

Por eso no podemos descartar el recurso a los Presupuestos Generales del Estado- en ningún sitio está escrito que el sistema se financie única y exclusivamente con cargo a cotizaciones, sobre todo cuando estamos lejos, como se ha dicho, del gasto público medio europeo en protección social-. En todo caso, el sistema público de pensiones debe seguir aspirando a ser sostenible en términos económicos, equilibrando los ingresos y los gastos.

En este sentido, no debemos olvidar que a largo plazo el sistema se verá influenciado por diversas variables: la natalidad; el crecimiento de la esperanza de vida; la edad de acceso a la jubilación; el crecimiento de la economía; el empleo; y la relación entre cotizaciones y prestaciones del sistema, entre otros asuntos.

Algunos de esos puntos ya se barajan en estos momentos para su reforma:

La edad de jubilación es actualmente de 65 años, sin embargo la media real se establece en los 63,7 años, por lo tanto debemos seguir defendiendo el mantenimiento de la edad legal de jubilación a los 65 años- y si es posible disminuirla y no alargarla como algunos plantean- porque todavía tenemos un colchón para que la jubilación real se equipare a la jubilación legal salvo en actividades peligrosas, insalubres, o en personas con discapacidad. Para ello deben desarrollarse políticas que dificulten las jubilaciones anticipadas, salvo que sean financiadas en su totalidad por las empresas e instituciones que decidan llevar a cabo dichas jubilaciones. Todo ello respetando la decisión voluntaria del trabajador de alargar la edad de jubilación con incentivos.

El cálculo de las pensiones resulta también polémico al plantearse alargar el periodo de cálculo de la pensión a lo largo de toda la carrera profesional o, en otros supuestos, situarlo en 20 ó 25 años. En este punto debe quedar claro que, cualquier medida que se adopte, no puede significar un recorte de las pensiones futuras- hecho el cálculo actuarial con diversas hipótesis- puesto que los sindicatos exigen, lógicamente, que la reforma en este sentido sea, cuando menos, neutra en relación con la situación actual y por lo tanto no perjudique a los futuros pensionistas.

Además, las futuras reformas deben mejorar las prestaciones de menor cuantía y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en base a las previsiones del Banco Central Europeo porque no estamos ante un sistema público de pensiones de mínimos como algunos pretenden, apostando de manera interesada y casi exclusiva por los sistemas complementarios, sino ante un sistema público de pensiones dignas y suficientes. Por eso resulta inaceptable- y ha sido rechazado por el propio gobierno al tener en cuenta la baja cuantía de las actuales pensiones-, la pretensión del Banco de España de recuperar lo cobrado de más por los pensionistas, en el supuesto de que caiga excepcionalmente el IPC en cómputo anual sobre las previsiones, como puede ocurrir este año.

Cualquier reforma que se acometa debe proceder también a la culminación del proceso de separación y clarificación de las fuentes de financiación que, no lo olvidemos, fue uno de los factores desencadenantes del superávit del sistema. Se inició a finales de los 80 asignando a los Presupuestos Generales del Estado los gastos de sanidad y servicios sociales y, previsiblemente, en 2013, culminará el proceso con la financiación del cien por cien por el Estado del “complemento de mínimos”.

Quedaría pendiente de debatir si hay que ampliar las prestaciones que deben ser financiadas con cargo a la imposición del Estado.

Por otra parte, los sistemas complementarios de pensiones voluntarios deben seguir acompañando al sistema público de modo que sirvan para alcanzar una tasa de sustitución próxima al último salario y como instrumento de ahorro a corto plazo que compense en parte nuestra demanda de financiación exterior. No obstante, los trabajadores deben saber que algunos fondos complementarios de pensiones están perdiendo entre el 15% y el 30% de su valor en algunos países. Se trata de una información poco conocida, cuando no ocultada, que pone nuevamente en entredicho a los defensores a ultranza de los sistemas privados de capitalización de pensiones.

Finalmente, debemos tener presente que una política de bienestar social, y por lo tanto un sistema público de pensiones, tendrá éxito si se desenvuelve en un entorno económico saneado y sostenible, de ahí la importancia que tiene salir fortalecidos de la crisis con el menor costo social posible y con un nuevo modelo productivo basado en la centralidad del trabajo y en una política económica que apueste por el pleno empleo; un empleo de calidad, y con derechos.