Hay un reproche inicial que hacer, no a los que se manifestaron libremente, sino a los responsables de dar cuerpo político a esa expresión. Merecen reproche los que mostraron ese camino a la ciudadanía como estrategia espuria para tapar sus faltas y para obtener rendimientos estratégicos o electorales. Y merecen reproche también quienes vieron venir el problema y fueron incapaces de reaccionar más allá del menosprecio o la frivolidad. Es decir, se equivocaron los nacionalistas catalanes y se equivocó el Gobierno de Rajoy. Y tantas equivocaciones van a costarnos caras.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay quienes siempre optaron por la independencia como conclusión de una reflexión honesta, pero nunca fueron muchos. Buena parte de los que ahora han promovido, han impulsado o se han apuntado a la corriente separatista lo han hecho para ofrecer a la sociedad catalana un ‘pim-pam-pum’ sobre el que descargar las frustraciones que conlleva la crisis. Los nacionalistas que gobiernan buscan desviar la atención respecto a sus dificultades financieras y sus recortes. Los nacionalistas que no gobiernan pretender agitar el viejo espantajo victimista para recoger votos en unos eventuales comicios adelantados.

Además, con todo el respeto debido a la bandera independentista, da la sensación de que algunos se apresuran a agitarla de manera oportuna como simple estrategia de presión ante el Gobierno de España. Muchos podrán sospechar que el nuevo fulgor independentista tiene algo que ver con el propósito de obtener ventajas en la negociación pretendida para mejorar las finanzas de la Generalidad catalana. Y esto no sería razonable. Primero, porque hace solo dos años que el separatismo catalán celebró el vigente sistema de financiación como “el mejor de la historia de Cataluña”. Y segundo, porque el camino de excitar los sentimientos de agravio sabemos dónde comienza pero no dónde puede terminar.

Rubalcaba y el PSC han interpelado bien al Presidente Mas. Debe aclararnos a todos cuál es el sentido de sus reivindicaciones. ¿Quiere un “pacto fiscal” para mejorar las condiciones de la convivencia de Cataluña en España? ¿Quiere directamente el divorcio? ¿O en realidad lo que quiere es amenazar con lo segundo para obtener lo primero? El juego que se traen entre manos es muy peligroso.

Lo paradójico, con todo, es que unos y otros, presionadores y presionados, convergentes y populares, son firmes aliados, uña y carne, en las políticas de austeridad suicida y de recortes sociales brutales que se votan en los dos parlamentos: en el catalán y en el español. Solo 48 horas después de la ‘diada’, el partido nacionalista catalán sumó sus votos a los del PP en el Congreso de los Diputados para aprobar las condiciones anejas al rescate financiero. En la bandera territorial hay distingos. En la bandera ideológica son iguales.

Catalanes y españoles en su conjunto necesitamos de los representantes políticos en este contexto de grave crisis económica algo más de racionalidad y algo menos de agitación emocional, con todo el respeto a los sentimientos identitarios de cada cual, una vez más. Y la racionalidad apunta a diferenciar y a no mezclar los problemas para hallarles solución.

El sistema de financiación vigente se negoció entre el Estado y el Gobierno catalán en su momento, y se aprobó de mutuo acuerdo en el Consejo de Política Fiscal. ¿Hay que revisarlo? Revísese, conforme a los principios constitucionales y estatutarios, para asegurar el soporte financiero preciso en la prestación de servicios públicos. Ahora bien, no nos hagamos trampas con supuestas balanzas fiscales que conjugan datos parciales y que inducen a confusión porque, de hecho, son las personas las que tributan y no los territorios.

¿Hay que revisar también el encaje institucional de Cataluña en España? Hágase, aunque llevamos discutiendo de ello durante más de 30 años y, a pesar de todos los avances objetivamente logrados, el nacionalismo catalán siempre mantiene como estrategia una reserva de inconformismo permanente. Nuestro Estado autonómico supera en reconocimiento identitario, en descentralización de competencias y en autofinanciación a algunos de los Estados llamados “federales”. Jamás en la historia, Cataluña gozó del margen de autogobierno que disfruta ahora. Pero si hay que avanzar más, aváncese. Eso sí, en el marco de la Constitución, que reconoce el derecho a la diferencia y a la autonomía, pero que pone coto al privilegio y a la insolidaridad.

Hay contenidos para ese debate. El papel del Senado, por ejemplo, o el funcionamiento mejorable de los consejos sectoriales y otros mecanismos de coordinación entre administraciones. Y hay cauces para plantear estar cuestiones, bilaterales y multilaterales, como la próxima Conferencia de Presidentes.

Y si a pesar de toda la tarea anterior, se pretende mantener el debate sobre la independencia, será legítimo, pero será tan anacrónico como equivocado. La corriente de los tiempos empuja hacia la globalización de los retos y hacia la integración de las respuestas institucionales. Cuando los mecanismos de la economía se mundializan y los fenómenos sociales trascienden los Estados, los planteamientos reduccionistas y autárquicos resultan absurdos. Mientras todos los europeos adquirimos conciencia de que solo juntos podremos salir adelante, tiene poco sentido que unos pocos de nosotros pretendan salvarse solos.

Tratemos este asunto, por tanto, con respeto y con racionalidad. Evítense las interpretaciones de todos los problemas en clave de agravio nacional. Renúnciese a los falsos argumentos del victimismo y “la culpa la tiene Madrid”. Antepóngase la racionalidad del diálogo y el acuerdo sobre la agitación de las emociones. Porque estos son tiempos de suma, y no de resta.